La norma se trabó en el Senado, en lo que es un importante revés para el Gobierno. Masiva marcha en La Plata demostró que hay fuerzas para luchar. El peronismo y la burocracia sindical facilitan el saqueo a los jubilados. La necesidad de un plan de lucha serio para ganar.
Cuando el pasado 30 de octubre el presidente Macri habló en el Centro Cultural Kirchner para anunciar su política de “reformismo permanente”, la gestualidad de su discurso no se condecía con el clima político que quería transmitir la maquinaria de propaganda oficialista. Su rostro de preocupación y su hablar trabado, no daban la imagen de un Gobierno convencido de su fortaleza absoluta para aplicar su ambicioso programa.
Sabía quizás el presidente que entre el marketing y la realidad hay una gran distancia. Con minoría parlamentaria y un considerable rechazo a los planes de ajuste por parte un sector grande del pueblo trabajador, el camino de los CEO podía ser más laberíntico de lo que querían mostrar, a pesar de su triunfo electoral y el apoyo de los grandes empresarios.
Algo de esto se vio este jueves en el Congreso (donde el macrismo tuvo una buena y una mala) y en las calles, aún a pesar del rol conciliador del peronismo y la burocracia sindical.
Por la mañana, en la ciudad de La Plata tuvo lugar la manifestación más grande que haya habido hasta el momento contra el plan de contrarreformas del Gobierno. Casi 10.000 personas, entre las que se destacaron una gran columna del Astillero Río Santiago, ATE, CTA, Camioneros y otras organizaciones, se dirigieron hasta la gobernación. Nicolás del Caño y las agrupaciones clasistas impulsadas por el PTS e independientes fueron parte de la jornada de lucha.
La movilización actuó como expresión del amplio rechazo a los planes del Gobierno. Dejó en claro que si hasta el momento esta misma fuerza no se ha expresado del mismo modo en las calles de todo el país, se debe a que ninguna de las centrales sindicales ni gremios claves han convocado a medidas de lucha, facilitándole el trabajo al Gobierno. La movilización de La Plata, organizada desde un plenario con casi 600 delegados, muestra que hay predisposición del pueblo trabajador para un plan de lucha serio que derrote el plan antiobrero, que junto con las reformas incluye nuevos tarifazos y despidos. El límite a superar son las conducciones burocráticas de los sindicatos.
Más tarde, el macrismo tuvo que afrontar un traspié muy importante. El bloque del PJ-Frente para la Victoria en el Senado, sin el cual Cambiemos no tiene el número para emitir dictamen, anunció que se postergará el tratamiento de la reforma laboral en el Congreso Nacional. Miguel Ángel Pichetto, el jefe de la bancada, comunicó que la demora será “hasta la nueva conformación del Senado y hasta que la CGT unifique en una sola voz”.
No es que el ultraderechista Pichetto (que fue clave durante los últimos dos años para que el macrismo lograra aprobar todas las leyes de ajuste y entrega), tuviera un arranque de empatía con los padeceres del pueblo trabajador, sino que quedó con poco margen de acción debido a la interna de la CGT.
La conformación de un polo sindical que rechaza (por una combinación de presión de las bases y defensa de sus intereses de casta) el acuerdo alcanzado por el triunvirato, y que amenaza con anunciar movilizaciones contra la reforma laboral, vino a incomodar el pacto antiobrero que muchos estaban (y posiblemente siguen estando) dispuestos a convalidar. Pablo Moyano, la Corriente Federal de la CGT y las CTA, después de semanas sin convocar a ninguna medida de fuerza contra las reformas, se encontrarían entre los que llamarían a marchar para rechazar la reforma, aunque hasta el cierre de esta edición no hay ningún anuncio concreto.
Este revés legislativo del Gobierno puede impacientar los ánimos y agigantar las dudas del gran capital, sector desde el cual ya muchos daban por descontada una aceleración del plan de reformas, tras dos años de “gradualismo”. Este miércoles, en la 23° Conferencia Industrial, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, condicionaba las inversiones del sector privado a la aprobación de los proyectos de ley: “No le tengo miedo a la flexibilización laboral. El mundo moderno necesita esto. La ley de Trabajo es del año 74”.
El problema no es menor para una economía que se sostiene con endeudamiento externo, altos déficits fiscal y comercial, y en la que tres de cuatro dólares de la inversión extranjera van a activos financieros y no a la economía real, según un informe que publicó este jueves El Cronista Comercial.
Más tranquilidad tienen en cambio los grandes empresarios en cuanto a los cambios previsionales y fiscales. El mismo Pichetto que tuvo que anunciar la suspensión del tratamiento de la reforma laboral, pactó este jueves con el Gobierno una nueva estafa contra los jubilados: el proyecto que beneficia a los empresarios y reparte recursos para los gobernadores tendrá a los trabajadores pasivos como perjudicados, condenándolos a percibir haberes de miseria de por vida. Como una verdadera burla, acordaron que en lugar de los $ 370 que habían establecido anteriormente, ahora el haber mínimo se incrementaría $ 430 en marzo de 2018. Llegaría a miserables $ 7676, lejísimos de la canasta de jubilados valuada en $ 16.000.
A espaldas del pueblo negocian el hambre de nuestros abuelos.
Lo que sigue
Ninguna confianza se puede depositar en los diputados y senadores del peronismo, ni en ningún ala de la burocracia sindical. Seguirán negociando una entrega en cuotas y pactada: con las reformas ahora, y después con los convenios colectivos en las paritarias del año que viene, mientras continúan sin hacer nada contra los tarifazos que afectan el bolsillo.
El triunviro Héctor Daer señaló ayer desde el Vaticano, respecto de la reforma laboral, que la semana que viene irá al Congreso Nacional y “se van a seguir negociando matices que quedaron pendientes”.
Lo que para cada trabajador implica superexplotación, despidos baratos, dejar la vida y la salud en el trabajo, para estos burócratas millonarios son “matices”.
Su par Juan Carlos Schmidt afirmó por su parte que "el tema de la reforma previsional no tiene el aval de la CGT porque nunca fue tratado por la CGT". Sin embargo, ni siquiera amagó con llamar a un plan de lucha para enfrentar el saqueo de la Anses a favor de empresarios y gobernadores.
Mientras tanto, Pablo Moyano, la Corriente Federal y las CTA amenazan con llamar a medidas de lucha que, si se concretan, vendrán con enorme demora. En estas semanas el Gobierno se sintió alentado por la pasividad de la dirigencia sindical burocrática para avanzar en su plan. Pero los cambios que tuvo que hacer y el traspié de este jueves en el Congreso muestran que, si se llamaba a movilizarse, se podían derrotar las reformas incluso antes de que hubieran sido negociadas con el triunvirato de la CGT y los gobernadores.
Desde el sindicalismo combativo, que se viene reuniendo y protagonizó ya medidas de lucha como el corte en el Obelisco de la semana pasada, hay que exigir un plan de lucha serio: asambleas para organizar movilizaciones masivas de forma urgente, con fuertes paros de los gremios convocantes, que podrían parar los bancos, las escuelas, el transporte de cargas, la logística, los subtes, los diarios, empresas lácteas, las dependencias estatales y muchos otros lugares más.
No se trata de hacer un rechazo testimonial. Hay que imponerle a estas cúpulas sindicales un plan de lucha hasta derrotar el plan del Gobierno y los empresarios, y dejar de lado su intención de reclamar junto a los empresarios PyME, que en muchos casos son los que más aplican la precarización laboral.
En cada pelea por organizar estas luchas del pueblo trabajador debe avanzar la influencia de los clasistas, y dar pasos en la organización de una alternativa política de los trabajadores que luche por reorganizar la sociedad no en función de las ganancias capitalistas, sino de las necesidades de las grandes mayorías.
Fernando Scolnik
@FernandoScolnik
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