Clarín, La Nación y el Poder Judicial, unidos al Gobierno para garantizar la impunidad de la fuerza que actuó en la represión ilegal tras la cual desapareció Santiago.
“El Estado es una banda de hombres armados al servicio del capital”
Federico Engels
“No voy a tirar un gendarme por la ventana”. La frase pasó a integrar el universo de declaraciones que trascienden la coyuntura en que se formulan. Como aquel “si hubiera dicho lo que iba a hacer no me votaban”, la definición de la ministra de Seguridad se ganó un (triste) lugar en la historia nacional reciente.
La afirmación, lejos de ser dicha al pasar, concentra una decisión de Estado. El encubrimiento al accionar de Gendarmería y a la responsabilidad política de los funcionarios involucrados, devino una cuestión política esencial para el régimen capitalista argentino.
El poder político, la gran corporación mediática y el Poder Judicial funcionaron como engranajes de una maquinaria destinada a garantizar la impunidad del basamento esencial del poder capitalista: sus fuerzas represivas. Todo su accionar en estos más de tres meses debe ser leído bajo ese prisma.
Halcones, palomas y encubrimiento
Con torpes declaraciones y una prepotencia inusitada, la ministra de Seguridad ocupó el centro de la escena por varias semanas. Funcionó como la primera vocera gubernamental de la política de encubrimiento. En el centro de la operación estaban definiciones que, mientras demonizaban a la comunidad mapuche, desviaban la atención hacia otras “posibles hipótesis” que no tenían asidero.
Fue la desmentida de una de ellas la que empujó a Bullrich fuera del escenario. Santiago no había sido herido mortalmente diez días antes de la represión del 1° de agosto. German Garavano ocupo el lugar vacante.
El titular de la cartera de Justicia se permitió algunas “licencias”, como abrir la posibilidad de que hubiera gendarmes implicados. Pero solo se trató de retórica. En lo esencial mantuvo el libreto que decía que “todas las hipótesis estaban abiertas”. Hace pocas semanas, horas después de que se confirmara la identidad del cuerpo de Santiago, Garavano volvía a lanzar invectivas contra la comunidad mapuche.
Retomaba el guion original.
Para el oficialismo nacional cada paso estuvo guiado por la necesidad de garantizar la impunidad de la fuerza que actuó en la represión ilegal de agosto. Entre “halcones” (Bullrich) y “palomas” (Garavano) los leves matices estuvieron orquestados en relación a ese objetivo estratégico.
La ministra de Seguridad había declarado en los primeros días de agosto que “necesitaba” a la Gendarmería para su plan. La semana que pasó pone en evidencia a que se refería. El lanzamiento de un paquete de reforma laboral que ataca frontalmente a la clase trabajadora, sumado a una embestida contra las ya raídas condiciones de jubilados y pensionados, son parte del “plan”.
Clarín, La Nación y Orwell
Como pocas veces en la historia reciente, los grandes medios de comunicación afines al oficialismo jugaron un rol esencial en el intento de construir un consenso social que hiciera digerible el relato oficial sobre los hechos. Se trató de un acompañamiento fundamental para evitar que la crisis golpeara sobre un gobierno que aún no ha logrado grandes triunfos en su agenda estratégica.
Fueron dos las operaciones político-mediáticas destinadas a apuntalar el encubrimiento. Por un lado, la demonización constante hacia la comunidad mapuche. Todo reclamo o denuncia fue etiquetado bajo la sigla de la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche). Una organización cuya existencia solo se “corrobora” por informes de las fuerzas represivas, resultó una suerte de cacht all donde entraban los integrantes de las comunidades, las acciones de reclamo y, por momentos, hasta el propio Santiago.
La segunda operación implicó una sobreproducción de pistas falsas e información fraudulenta. El objetivo, al tiempo que se encubría a Gendarmería, era la construcción de un clima de confusión a escala social que permitiera embarrar el justo reclamo por la aparición de Santiago. La difusión de mentiras alcanzó niveles espeluznantes. La gran imaginación orwelliana encontró imitadores en la ribera occidental del Río de la Plata, con el objetivo de encubrir una desaparición forzada.
Para el empresariado de los grandes medios dos cosas parecen conjugarse para emprender estas operaciones. Por un lado, apostar a la defensa de una gestión estatal considerada como propia, máxime en el marco de la coyuntura electoral. La CEOcracia gobernante es, desde el primer día, el vehículo que el gran capital considera como propio para una reorganización reaccionaria del país.
La otra razón, más estratégica, apuntaba a la legitimidad de Gendarmería, en tanto expresión de las fuerzas represivas que apuntalan el Estado capitalista. La historia de La Nación y Clarín confirma la estrechez de esos vínculos. La venta de Papel Prensa, entre muchas otras, está ahí para recordarlo.
Justicia y encubrimiento
Poder político y Poder Judicial actuaron de manera mancomunada a lo largo de esta crisis. A nivel nacional los tribunales de Comodoro Py se convirtieron en una subsede de muchos medios. Mientras, en el caso de la desaparición de Santiago, el rol de los jueces y la fiscal que intervinieron no fue para nada menor.
El apartamiento de Guido Otranto tuvo lugar a días de que sentenciara, desde las páginas de La Nación, que Santiago había muerto ahogado. La provocadora entrevista, sumadas las múltiples trabas que puso para investigar a Gendarmería y a Pablo Noceti, evidenciaban una parcialidad grosera.
La fiscal Ávila llegó a ser definida como “abogada de la Gendarmería”. La frase la pronunció Verónica Heredia, letrada que asesora a la familia Maldonado. En las últimas horas, la funcionaria de Esquel volvió a validar esa definición cuando apartó a los funcionarios de la Procuvin (Procuraduría contra la Violencia Institucional) de la investigación por la desaparición forzada de Santiago. Se trataba de quienes debían investigar a la fuerza en cuestión.
Gustavo Lleral, que asumió luego de Otranto, presentó un perfil dialoguista opuesto al de su antecesor. Sin embargo, en la noche en que se confirmó la identidad del cuerpo de Santiago, prestó un enorme favor al poder político. Lo hizo al declarar, sin que la autopsia se hubiera completado, que el cuerpo no presentaba lesiones. Su afirmación permitió al gobierno y a los medios montar una campaña que exculpaba a Gendarmería. Macri, Carrió y muchos otros respiraron aliviados. Horas después se votaba en todo el país.
El Estado, una banda de hombres armados
En el encubrimiento a Gendarmería subyacen razones profundas. Las fuerzas represivas cuentan en Argentina con el lastre social que implica haber llevado adelante el último genocidio. A ese sustrato histórico se suman, en el caso de las fuerzas policiales, los múltiples delitos en los que están involucradas. Fuerzas como la Federal, la Bonaerense o las Policías de Córdoba o Santa Fe tienen una vinculación más que estrecha con todo tipo de crímenes y negociados ilegales.
La Gendarmería fue presentada en las últimas décadas como una fuerza ajena a esas manchas. Esto ocurrió sin que fuera verdad. Si sus efectivos y jefes han estado involucrados en más de un delito –ligado a su lugar en las fronteras- la historia demuestra que también fueron parte del enorme entramado genocida.
En el caso de la desaparición forzada de Santiago, la razón de Estado para encubrir su accionar estuvo ligada, desde el 1° de agosto, a preservarla como fuerza represiva.
La represión a la protesta social se hará, en el próximo período, más evidente. El contenido del plan presentado por el gobierno esta semana prefigura mayores tensiones sociales, que no se expresarán solo en los focus group o las encuestas.
Precisamente por eso, como parte de enfrentar ese ataque, sigue siendo central la pelea por justicia para Santiago y por el castigo a los responsables materiales y políticos de su desaparición y muerte. Sigue siendo esencial la pelea para derrotar el enorme operativo de encubrimiento montado.
Eduardo Castilla
@castillaeduardo
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