Puede denominarse como “el pacto de la Rural” porque se firmó en el predio emblema de la oligarquía argentina. El Gobierno cedió en varios puntos, pero los trabajadores pierden derechos.
No hubo información oficial precisa, pero voceros de ambas partes ratificaron que llegaron a un principio de acuerdo en la tarde del miércoles alrededor de un nuevo proyecto de reforma laboral que se remitirá al Congreso en los próximos días.
La mesa chica de la CGT y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, se reunieron en la Rural, en un paréntesis de la IV Cumbre Mundial para la Erradicación Sostenible del Trabajo Infantil que se desarrolla en ese predio.
El ecuánime comunicado del Ministerio de Trabajo no especificó qué nuevos cambios se introdujeron en el borrador para llegar a la anuencia con la CGT. “Se alcanzó el nivel de consenso necesario con los representantes de cada uno de los sectores”, afirmaron desde la cartera laboral.
Por su parte, Héctor Daer, uno de los triunviros cegetistas que participó de la reunión aseguró que desde la parte gremial “no se cedió en absolutamente nada de lo que tiene que ver con lo sustancial del derecho laboral”. Una afirmación bastante general y ambigua, si se tiene en cuenta que sí hubo concesiones en varios aspectos.
Daer especificó en declaraciones radiales algunos aspectos en los cuales presuntamente “retrocedió” el Gobierno para arribar al acuerdo: “Se dejó de lado la descripción filosófica que hacía el Gobierno sobre el derecho al trabajo”, afirmó sobre el controversial punto del proyecto oficial que igualaba en términos conceptuales y legales las condiciones del trabajador y el empresario. También afirmó que el Gobierno resignó medidas que afectaban a trabajadores autónomos: “Quedó establecido que son un colectivo de trabajadores autónomos, que no trabajarán más de 22 horas semanales”, aseguró Daer. El proyecto original creaba nuevas figuras de trabajadores “independientes” para quienes no regían los derechos laborales, según Daer esto se redujo a profesiones específicas y por no más de esa cantidad de horas semanales.
También trascendió que se descartó la propuesta oficial sobre limitar la responsabilidad solidaria en las tercerizaciones de servicios de transporte, limpieza y seguridad; una propuesta que era cuestionada especialmente por el moyanismo.
Sobre el “banco de horas” que pretendía generalizar y legalizar el Gobierno y que de hecho liquidaba las horas extras, Daer simplemente dijo que “el banco de horas se dejó de lado, no se pone sí quedó el fondo de cese a cargo de los empleadores, que tiene que ser regulado por convenio colectivo”.
Sobre el cambio de la fórmula para el cálculo de las indemnizaciones (que tenía el objetivo de “abaratar” los despidos), el triunviro informó que se reincorporaron las comisiones y horas extras en promedio para el cálculo indemnizatorio (que el proyecto inicial pretendía excluir), aunque se realizó una importante concesión al excluir nada más y nada menos que aguinaldo.
Consultado sobre las cuestiones que sí quedaron del proyecto original del oficialismo, Daer aseguró quedó el blanqueo laboral: “Se incorporó que los derechos individuales del trabajador que blanquea no sean desde el momento que se produce el blanqueo sino desde la fecha inicial de trabajo”, afirmó. Sin embargo, inmediatamente aclaró para los aportes previsionales el reconocimiento máximo será de cinco años de aportes. En criollo: si el trabajador estuvo veinte años “en negro”, sólo se le reconocerán cinco de aportes si pretende blanquearlo, aunque en el fabuloso mundo de los dirigentes cegetistas, sí le reconocería el escalafón, o las vacaciones por ejemplo. Es un jubileo para los patrones que tienen trabajadores informales, perdonándoles las deudas que tienen con los empleados.
Otro punto que también habría estado en el acuerdo es el que se refiere al ius variandi (la facultad que tiene el empleador de alterar unilateralmente condiciones no esenciales del contrato individual de trabajo, lógicamente en detrimento del trabajador). Según informó el diario Clarín, acá hubo un cambio para desalentar los juicios. Hasta ahora si un empleador le cambiaba la tarea a un trabajador, éste podía sentirse despedido y hacer un juicio que en 20 días podía reponerlo en sus funciones de pleno derecho. Ahora esto se tramitará en la justicia ordinaria y no la laboral, por lo que un juicio puede durar hasta dos años. Los referentes de la CGT argumentan que según sus números que manejan, "una porción mínima de trabajadores" llega a esa instancia, sin embargo no deja de ser una concesión a los empresarios.
Daer no se refirió a una propuesta importante del proyecto oficial sobre el régimen de “pasantías”, es decir, trabajo barato con remuneraciones miserables para los jóvenes, por lo que se presume que ese ítem quedó como parte de este pre-acuerdo.
Por último, Daer reconoció que el Gobierno mantiene la propuesta de rebaja de los aportes patronales, pero como si no tuviera nada que ver con la CGT dice que “se pasó a la reforma tributaria”.
Esto es lo que declararon algunos referentes y trascendió públicamente, aunque hay que esperar la letra chica porque con la burocracia, los patrones y el Gobierno en el medio, hay que mirar con lupa el diablo en los detalles.
Concesiones graduales y paquete global
La CGT acordó varios aspectos del proyecto que ahora se enviará al Congreso. El Gobierno tuvo que ceder unos cuantos puntos que habían generado un repudio extendido entre los trabajadores, pero acordaron otros que implican la pérdida de derechos en favor de los empresarios. En los hechos se bajarán las penas para los patrones que tomen trabajadores en negro y la baja de las cargas patronales terminará desfinanciado a la ANSES.
Pero esta reforma no puede tomarse de manera aislada, es parte de un paquete mayor que rebaja impuestos a los empresarios e incluye un ataque las jubilaciones y a quienes reciben planes sociales que en los hechos es un recorte de las remuneraciones futuras (por la modificación propuesta para el cálculo de los aumentos). También comienza a tomar forma una avance contra los trabajadores estatales con posibilidad de miles de despidos.
La CGT cede derechos de los trabajadores y ayuda a que el plan de Macri pase de conjunto, sin haber consultado a un sólo trabajador y sin haber tomado una sola medida de lucha. Esta actitud de la de sentarse para conceder “gradualmente” derechos (mientras los empresarios no ceden nada) deja a los trabajadores en peores condiciones para que los patrones intenten avanzar en convenios y acuerdos por sector como los firmados Vaca Muerta, Atilra y recientemente el escandaloso congelamiento salarial impuesto en Tierra del Fuego y acordado por la UOM. Si el Gobierno tuvo que retroceder en varios puntos, sólo es una demostración del rechazo que generó y que si se toman medidas de lucha no solamente no es necesario perder derechos, sino que se pueden pelear para recuperar conquistas.
Hay que repudiar este pre-acuerdo y exigir que los sindicatos (especialmente aquellos como las CTA, la Corriente Federal y el moyanismo que impugnan la reforma en sus discursos) rechacen la reforma y convoquen a un plan de lucha inmediato que tiene que ser debatido por todos los trabajadores y debe incluir con paros y movilizaciones.
Con esta perspectiva se movilizarán este jueves las agrupaciones clasistas y la izquierda, convocados por los trabajadores y las trabajadoras de PepsiCo y por la tarde reunirán para debatir los pasos a seguir ante el nuevo escenario que abre el “Pacto de la Rural”.
Fernando Rosso
@RossoFer
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