El actual gobierno convenció a sus votantes y asumió con el caballito de batalla de “limpiar la corrupción”, que había sido el método básico en el cual se manejó el kirchnerismo en sus 12 años de administración del Estado. Sin embargo, además de la cuestionable historia del propio presidente y sus funcionarios –que más que historia es prontuario- su desenvolvimiento en la actualidad dista muchísimo de aquella declamación.
Aranguren le compra gasoil por 150 millones de dólares a una off-shore de Shell de la cual fue director años atrás. El ministro de energía dirigió al menos dos empresas de Shell inscriptas en paraísos fiscales, según consta en la investigación global llamada “Paradise Papers” llevada a cabo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, según las siglas en inglés).
Entre abril y septiembre de 2003, Aranguren aparece vinculado a Shell Western Supply and Trading Limited, una subsidiaria de Royal Dutch Shell PLC, radicada en Barbados. También, figura como director de Sol Antilles y Guianas Limited, otra filial de la petrolera anglo-holandesa, entre mayo y julio de 1996.
En abril de 2016, Shell Western Supply and Trading se quedó con siete de los ocho cargamentos de gasoil licitados por CAMMESA, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, que depende del ministerio de Aranguren, constituyéndose en la principal adjudicataria por la compra de combustible por parte del actual gobierno.
Aún antes de conocerse que Aranguren integraba la lista de funcionarios argentinos en los “Paradise Papers” se había filtrado que el actual ministro de Finanzas y hombre de extrema confianza del presidente Macri, Luis Caputo, administró también una sociedad offshore hasta desempeñarse en la función pública. Según la información a la que tuvo acceso el Consorcio de Periodistas, Caputo administró Noctua Partners LLC, una gerenciadora de fondos de inversión de la ciudad estadounidense de Miami vinculada a Delaware y las Islas Caimán, dos jurisdicciones donde rigen el secreto y las ventajas fiscales. También fue manager de Alto Global Fund, un fondo de inversión de alto riesgo inscripto en las Islas Caimán, un paraíso fiscal.
Según el informe, estos paraísos fiscales corporativos permiten la exención de impuestos a sociedades en manos de extranjeros no residentes.
Todo el mundo sabe que los paraísos fiscales son antros donde las multinacionales depositan sus capitales para evadir impuestos y donde los corruptos lavan sus activos provenientes de actividades delictivas, como narcotráfico, venta ilegal de armas o trata de personas.
Las andanzas de Caputo no terminan allí. El fiscal Jorge Di Lello lo imputó, junto a otros funcionarios del Gobierno, en una causa iniciada a partir de dos operaciones realizadas con acciones y bonos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS (FGS).
El expediente está a cargo del juez federal Claudio Bonadio y se inició por una denuncia en la que se puntualiza que esas operaciones causaron un perjuicio de u$s 75 millones al Estado.
Di Lello imputó a Caputo; Pedro Lacoste, secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo; Gustavo Marconato, secretario de Hacienda; Emilio Basavilbaso, director ejecutivo de ANSeS y Luis María Blaquier, quien fuera director del FGS.
"Dólar futuro" fue sin duda uno de los temas del año 2016. La operatoria (en esencia una "apuesta" al valor potencial de la divisa en determinada fecha) fue usada en el último año del kirchnerismo para mantener las reservas del Banco Central y contener el precio del dólar. Esto derivó en una causa en la que fueron procesados la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y algunos de sus funcionarios; y otra "contradenuncia" contra los compradores que luego integraron el gabinete de Mauricio Macri.
Por eso no llama la atención que dos ministros del gabinete nacional, Nicolás Dujovne (Hacienda) y Luis Caputo (Finanzas) también estén involucrados en el tema.
Dujovne, economista (UBA) y periodista del diario de La Nación, figura en la lista de compradores de dólar futuro publicada por el diario Ámbito Financiero en abril de 2016.
El rol de Caputo, en cambio, es más comprometido. Antes de asumir como secretario de Finanzas, el ahora ministro presidió Axis Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión S.A., una administradora de Fondos Comunes de Inversión. Esa compañía poseía, al 30 de noviembre de 2015, unos 43.000.000 de contratos de dólar futuro por 453.944.000 pesos. Caputo, a su turno, poseía cuotapartes de Axis por $1.866.283.
Estas son sólo muestras de la totalidad del cuerpo podrido de la Alianza gobernante Cambiemos. La mugre lo salpica por todos lados. Ahí están las manchas de Michetti, que nuca pudo explicar coherentemente de dónde sacó parte de su capital en efectivo; Arribas, otro hombre de la íntima confianza del primer mandatario, señalado por un directivo de la multinacional Oderbretch, arrepentido en la causa “Lava-Jato”, de ser el receptor de las coimas que la empresa pagaba en el país; o las innumerables denuncias contra Calcaterra, primo presidencial. Y la lista sigue, interminable.
Si de corrupción hablamos, Mauricio Macri tiene el prontuario más pesado. Según consta, fue procesado en 214 causas. Es bien sabido que su fortuna actual tuvo un salto meteórico durante la dictadura, cuando su padre era uno de aquellos “capitanes de la industria” que los militares eligieron para hacer negociados a través de la obra pública, y la estatización de la deuda privada de los empresarios (entre los que estaban los Macri) gracias a la maniobra del nefasto Domingo Cavallo desde la presidencia del Banco Central. Luego vendrían las cloacas de Morón (con Rousselott de intendente), el contrabando de autopartes (que generó un fallo vergonzoso de sobreseimiento de la “Corte automática” de Carlos Menem, que justamente, se lo llamó “Fallo Macri”), el robo del Canon del Correo (que tuvo su continuación en la actualidad) y las escuchas ilegales del gobierno de la CABA.
Más allá del pasado delictivo,l presidente debe dar batalla en varios frentes por las denuncias que acumula en los casi dos años que lleva en el gobierno. Macri tiene el para nada orgulloso “récord” de ser el único presidente que asumió su investidura estando procesado penalmente.
El anteúltimo día del 2015 el juez Sebastián Casanello decidió sobreseerlo por el escándalo de las escuchas ilegales que lo tuvo más de un lustro como procesado. Sin embargo a los pocos meses de asumir la presidencia comenzaron nuevamente los problemas para el ex alcalde porteño
Panama Papers (abril 2016): El Presidente fue imputado por el fiscal Federico Delgado por presunta "omisión maliciosa" en su declaración jurada, a raíz de una denuncia que se basa en los documentos filtrados en la investigación conocida como Panama Papers. La causa quedó a cargo del juez Sebastián Casanello.
Blanqueo para familiares (diciembre 2016): Macri, fue imputado por el fiscal Guillermo Marijuán junto al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y al ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay, por firmar el decreto que permitió a familiares de funcionarios ingresar al blanqueo de capitales. El fiscal impulsó la denuncia de la diputada Victoria Donda, quien argumentó que la reglamentación de la ley y el decreto que añadió a parientes de funcionarios al blanqueo es ilegal.
Memorandum con Qatar (diciembre 2016): Macri, la vicepresidenta, Gabriela Michetti, y otros funcionarios fueron imputados por la fiscal Paloma Ochoa por la firma de un memorándum con Qatar que involucra fondos de Anses por inversiones por 1.300 millones de dólares. La causa quedó a cargo del juez Daniel Rafecas, quien también investiga a otros funcionarios, diplomáticos qataríes e incluso al tenista Gastón Gaudio.
Acuerdo por el Correo (febrero 2017): el gobierno argentino estuvo a punto de cerrar un acuerdo con la familia del Presidente por una deuda que el Grupo Macri mantenía con el Estado Nacional. El convenio autorizado por el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, le establecía un plan de cuotas duradero hasta el 2033 que licuaba las obligaciones del Grupo con el Estado. Macri fue imputado penalmente por el fiscal Juan Pedro Zoni al igual que Oscar Aguad. En el dictamen del fiscal, ambas acusaciones están dirigidas a que "se habrían cometido conductas delictivas” en el acuerdo. La causa quedó a cargo del juez Ariel Lijo.
Entrega de rutas aéreas (febrero de 2017): Macri y su padre Franco fueron imputados por la entrega de rutas aéreas a una empresa que perteneció al Grupo Macri y fue vendida a la compañía Avianca en Marzo pasado. Los compradores mantuvieron a Carlos Benjamín Colunga López, gerente de Mac Air Jet, como CEO de Avian Líneas Aéreas. El fiscal Jorge Di Lello decidió imputar al presidente, funcionarios y empresarios de SOCMA y de Avianca. El juez de la causa es Sergio Torres.
Más allá de la “Justicia” adicta y sus fallos absolutorios y vergonzosos, la podredumbre persigue al primer mandatario donde vaya. El mismo que dice querer limpiar la corrupción en los gremios, pero que no duda en abrazarse con la peor mugre de la burocracia sindical si ésta continúa haciendo el trabajo de contener la bronca social contra las políticas oficiales que llevan a los trabajadores a la desocupación, salarios de miseria y a la profundización de la pobreza.
¿En serio puede pensarse que estos delincuentes con semejantes prontuarios pueden ser los que terminen con la podredumbre en el país?
Rara forma de combatir la corrupción la de Macri y su Cambiemos. Sin dudas, se han constituido en el escalón máximo del latrocinio al pueblo trabajador. Y es que no puede ser de otra manera, porque así funciona el sistema capitalista, un orden social constituido para sostener los privilegios y la impunidad de los explotadores.
Habrá que seguir batallando entonces, cada vez con más temple, unidad e inteligencia, para que este tiempo de confusión y oprobio se termine lo más pronto posible, ejerciendo la memoria y, sobre todo, la lucha y la dignidad propia de las masas asalariadas.
Gustavo Robles
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