El conflicto mapuche que el Gobierno intenta esconder, las operaciones mediáticas que lo encubren y la complicidad desde el poder político para tapar el asesinato de Rafael Nahuel.
Hoy, en el marco del cuestionamiento que atraviesa el Gobierno por la desaparición del submarino ARA San Juan y a pocas horas de haberse conocido los resultados de la autopsia de Santiago Maldonado que, como dijo el propio Sergio Maldonado, arroja más dudas que certezas, el Estado se cobra una nueva vida y son sus fuerzas represivas quienes se encuentran en el centro de la escena.
Lo sucedido el sábado en Villa Mascardi se trata de una represión conjunta por las fuerzas represivas del Estado argentino casi sin precedentes desde el retorno de la democracia, en la que cinco fuerzas: Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Policía Federal y Policía de Río Negro, reprimen en conjunto a 50 familias que venían de un proceso de recuperación territorial.
Cómo preparó el desalojo el Gobierno Nacional
El pasado 16 de noviembre en Bariloche se reunieron el juez federal Gustavo Villanueva, el jefe de Gabinete Marcos Peña y el secretario de cooperación con los poderes judiciales Gonzalo Cané. La reunión tuvo el objetivo de discutir la planificación para impedir la recuperación de territorio por parte de la comunidad Lafken Winkul Mapu. El juez Villanueva declaró luego de dicha reunión que “dentro de la ley todo, por fuera de la ley nada”.
El 23 de noviembre Villanueva ordenó el desalojo. Uno de los responsables del operativo fue Leandro Ruata, jefe de la Prefectura Naval de Bariloche, ni más ni menos quien dirigió los rastrillajes en el Río Chubut. Los siete primeros de esos rastrillajes conducidos por Ruata tuvieron resultados negativos pero fue él quien le sugirió al juez Lleral realizar un nuevo rastrillaje. Finalmente Lleral ordenó para tres días antes de las elecciones legislativas el nuevo rastrillaje, aquel donde finalmente se encontró el cuerpo de Santiago.
Vale recordar que cuando ordenó el nuevo rastrillaje el juez también había ordenado allanar la estancia Leleque del magnate italiano Benetton, algo que al final no sucedió y Lleral no explicó por qué.
Cronología de un crimen de Estado
El jueves 23 el juez Villanueva ordenó el desalojo de la comunidad Lafken Winkul Mapu, a 35 kilómetros de Bariloche. Un operativo compuesto por seis colectivos (con capacidad de 52 pasajeros cada uno), diez combis, doce camionetas 4x4, dos motos de agua y más de 450 efectivos para desalojar a 50 personas.
A las 5:30 de la mañana se dio inicio al operativo de desalojo por parte de la Policía Federal, Prefectura Naval y Gendarmería, ésta última cortando la Ruta 40.
Se inicia la represión. Al mediodía se dio a conocer que se encontraban detenidas cuatro mujeres y cinco niños, que son alojados en la Delegación de la Policía Federal de Bariloche, en carácter de incomunicados.
Se impidió a familiares directos de los menores de edad tomar contacto con ellos, lo que significó la clara detención ilegal de Kalfu de dos años de edad, de Uriel de diez años, de Dayana de diez, de Calfulikan de tres años y de Aukan de tan sólo un año. Todos con precintos en sus muñecas.
En esta brutal persecución, miembros de la comunidad huyeron hacia las montañas y se protegieron de la represión.
El sábado, también por orden del juez Villanueva, Gendarmería cortó el tránsito a las 16 horas, según informó la agencia estatal Télam. En esos mismos momentos personal del grupo Albatros de Prefectura rodeaba la zona recuperada por la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu. La Policía Federal cortaba a su vez la ruta 40 impidiendo el tránsito por el lugar. Impidiendo, obviamente, el ingreso a organismos de Derechos Humanos.
La Policía de Río Negro monta un operativo cerrojo.
A las 17 el personal de Prefectura se trasladó a la ladera alta de la montaña, persiguieron a diez personas disparandoles con armas de fuego y se retiraron del lugar sin haberse registrado lesiones para el personal PNA, según consta en un informe oficial.
A las 17:08 informaron desde la Lof Lafke Winkul Mapu que la Policía Federal junto a Prefectura comenzaron a disparar balas de plomo y que resultaron heridos compañeros mapuches. Desde la ladera de la montaña bajaron dos miembros de la comunidad con una persona herida. Era Rafael Nahuel.
La Policía de Río Negro y La Policía Federal no permitieron el ingreso de ambulancias al lugar. Luego detuvieron a quienes asistieron a Rafael Nahuel, identificados como Fausto Jonas Huala y Alejandro González. El joven herido ya no tenía signos vitales y fue trasladado al hospital Ramón Carillo.
A las 18 Leonardo Gil, director del Hospital Ramón Carillo, confirmaba la muerte por herida de bala de plomo de Rafael Nahuel.
Intervención de la fiscal federal Sylvia Little
Por decisión judicial, la PNA fue retirada del lugar. A cargo del predio quedó la PFA y de las actuaciones judiciales la PSA. El juez Villanueva ordenó el secuestro del armamento del personal que intervino en el hecho.
El domingo 26 a las 14 el parte oficial del Juzgado Federal de Bariloche hablaba de los hechos que desembocaron en el asesinato de Rafael Nahuel y varios heridos de bala de plomo de la comunidad como un “enfrentamiento”. Una peligrosa operación política que recuerda a los años más oscuros de la dictadura genocida.
A partir de entonces la causa se encuentra en secreto de sumario.
El primer fusilado en una represión de Macri
Ni terrorista ni delincuente, como intentan instalar los medios y periodistas serviles al Gobierno. Rafael Nahuel es el joven obrero mapuche de 22 años que se convirtió en el primer fusilado en una una represión del gobierno de Macri, en un operativo conjunto por fuerzas represivas bajo el mando de Patricia Bullrich y el gobernador rionegrino Alberto Weretilneck.
El domingo un grito se hizo sentir en todo el país, donde miles exigimos justicia por Rafael y juicio y castigo a los responsables políticos y materiales de su fusilamiento. Desde el Ministerio de Patricia Bullrich salieron a decir que los efectivos de Prefectura dispararon a los árboles.
No hay relato que quiera imponer el Gobierno que logre ocultar lo que la muerte de Rafael Nahuel realmente es: un crimen de Estado que expone la política criminal de un gobierno que quiere imponer a sangre y fuego su plan de ajuste a los explotados y de entrega a los grandes terratenientes.
Mientras el silencio oficial se mantuvo durante más de 24 horas y la causa se encuentra en secreto de sumario, por las redes sociales se empezó a dar cuenta inmediatamente de la brutal cacería que culminó con el asesinato del joven de 22 años. Un pibe de una comunidad a quien sus mismos profesores describen como una persona solidaria y comprometida.
Rafita, como le decían, creció en el barrio Nahuel Hue y estudió en una escuela de oficio en el barrio El Frutillar, que se llama el "Alto Construcciones".
Ahí creció Rafael, en un barrio que lidera los índices de pobreza en una ciudad donde el trabajo en negro y la precarización laboral son moneda corriente. La juventud es hostigada y marginada.
En Bariloche hay más de 12 mil niños y adolescentes situados debajo de la línea de la pobreza. A su vez el pueblo mapuche es perseguido y estigmatizado en la “Suiza argentina” donde, por ejemplo, el gas es sólo propiedad de quienes amasan fortunas con el turismo y la especulación inmobiliaria se combina con la entrega a grandes terratenientes y magnates extranjeros.
Una represión al servicio de la entrega
El territorio de la comunidad se encuentra en uno de los lugares más paradisíacos de Bariloche. Villa Mascardi es un lugar de un valor inmobiliario altísimo. Parques Nacionales se arroga la propiedad del territorio.
El artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional ordena expresamente “reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos”.
Pareciera que sólo hay derechos para quienes pueden pagar la tierra o son amigos del poder.
La nueva campaña del desierto de Cambiemos
El exministro de Educación Esteban Bullrich, durante la inauguración del Hospital Escuela de Veterinaria de la Universidad de Río Negro en la ciudad de Choele Choel, dijo sin eufemismos que “se viene una nueva campaña del desierto”.
Hoy vemos la concreción de estos dichos en la campaña de persecución, represión y criminalización contra el pueblo mapuche, que desde hace años viene en proceso de recuperación territorial.
Se trata de un plan represivo orquestado desde las entrañas del Estado, que tiene su máxima expresión en la desaparición forzada seguida de asesinato de Santiago Maldonado en Pu Lof Cushamen, en el marco de una represión en manos de Gendarmería. Crimen que vislumbra el plan de cacería contra los pueblos originarios por parte del gobierno de Mauricio Macri.
Innumerables allanamientos, pruebas plantadas y causas penales contra comunidades del pueblo mapuche se han sucedido desde entonces a esta parte. Y no olvidemos la peligrosa figura de “flagrancia” con la que se ingresa a las comunidades mapuches y que se complementa con Ley Antiterrorista, heredada del kirchnerismo.
Mayra Pérez
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