Si algo tienen en común el conjunto de reformas laboral, tributarias y previsionales que impulsa el gobierno es la destrucción de la Caja de los jubilados.
El presidente Mauricio Macri amenazó hace pocos días que “la ANSES no da para más”. De manera consecuente con ello, desde la mal llamada “Reparación Histórica” para Jubilados y Pensionados el gobierno había iniciado un camino de permanente socavamiento de las bases del sistema jubilatorio. En las últimas semanas, las noticias sobre los planes de avanzar con nuevas medidas encienden necesariamente un rojo de alarma. Hay cambios evidentes, pero otros más silenciosos, que en forma aparentemente desarticulada apuntan a lo mismo: meter mano en la Caja.
En eso consiste sencillamente la receta con la cual el gobierno pretende abordar sus distintos escollos -además de la postergación de los desequilibrios con el creciente endeudamiento externo. ¿Cómo resolver la disputa por el Fondo del Conurbano? De la plata que le correspondería a la ANSES por el Impuesto a las Ganancias. ¿Cómo reducir sensiblemente el gasto público con el menor costo político? Bajando las jubilaciones a través del cambio en la Movilidad Jubilatoria. ¿Cómo bajar el “costo laboral” y aumentar la ganancia empresaria? En gran parte con una estrepitosa liquidación de las contribuciones patronales. ¿Cómo condonar las deudas a los fugadores de capitales y a los evasores? Anexando el “blanqueo” de capitales con una supuesta medida de recomposición de haberes a un sector de jubilados, la Reparación Histórica, pero que en realidad nunca estuvo pensada para favorecerlos sino que abre la puerta a la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
De una u otra forma, sea en el borrador de la reforma laboral, sea en la reforma tributaria, sea en nuevas leyes o decretos, cada nueva medida contribuye a un alarmante desfinanciamiento de la ANSES. La coronación de este armado será la nueva ley jubilatoria que comenzará a tratarse en la “Comisión de Sustentabilidad” que se formará para ello en diciembre, según planea el gobierno, y de la que nada bueno puede esperarse para los jubilados.
Repasamos las implicancias de los cambios que el gobierno fue anunciando, en las distintas reformas que impulsa, sobre los recursos del sistema jubilatorio:
-* ANSES pierde $126 mil millones para destrabar el Fondo del Conurbano: La negociación con los gobernadores para que acepten acompañar las medidas de ajuste del gobierno es no afectar los recursos de las provincias para pagarle a Vidal $20.000 millones del Fondo del Conurbano, sino que se financiaría tal erogación mediante una modificación de las asignaciones específicas del Impuesto a las Ganancias. Esto es, principalmente, retirarle a ANSES el 20% de lo recaudado por el Impuesto eliminando el artículo 104 de la ley. Según el proyecto de Ley de Presupuesto 2018, esto implica una pérdida de $126 mil millones para el organismo, que pasarán a ser coparticipables. Declaraciones de funcionarios indican que el gobierno pretende realizar cambios en el impuesto al cheque para destinar lo recaudado a ANSES en compensación por la coparticipación total del Impuesto a las Ganancias.
Sin embargo, claramente se trata de un trueque poco favorable para el organismo que regula los recursos de la Seguridad Social. De acuerdo a un informe del Instituto de Trabajo y Economía (ITE), de la Fundación Germán Abdala, la pérdida de este enroque podría llegar hasta los $220.000 millones.
-* $150 mil millones en los cambios en la Movilidad Jubilatoria: Tanto el presidente Macri como el Jefe de Gabinete Marcos Peña afirmaron recientemente que proponen modificar la fórmulacon la cual se ajustan automáticamente las jubilaciones, AUH, pensiones no contributivas y otras transferencias. Los aumentos jubilatorios de los últimos dos años bajo la ley de Movilidad Previsional fueron por detrás de la inflación, significando una pérdida del poder adquisitivo equivalente a $7.751,4 para quienes cobran el haber mínimo. El cambio que propone el gobierno no apunta a recomponer lo perdido por las jubilaciones, sino por el contrario, evitar que la expansión de la economía que suponen para los próximos años pueda beneficiar a los jubilados, atando los haberes a la inflación y sin tener en cuenta las variaciones de los salarios ni el PBI.
-* $140 mil millones por reducción de contribuciones patronales: El borrador del gobierno de la llamada “reforma laboral” incluye una escandalosa transferencia de $139.882 millones anuales a las patronales hacia 2022 debido a la aplicación de un “mínimo no imponible” y una reducción de la alícuota de 21% a 19%. Esto significa una disminución de contribuciones del 41% promedio para todos los empleadores, aunque beneficiaría especialmente a las grandes empresas de servicios (como supermercados) y que pagan salarios bajos.
-* Un "blanqueo laboral" que legaliza el empleo en negro y los bajos salarios: La condonación de deudas a los empleadores que mantuvieron en negro durante años a los trabajadores, que pasarían a estar registrados, no significará una mejora de los ingresos de la AFIP, no sólo porque se perdona la deuda, sino porque se trata justamente de bajos salarios que serán alcanzandos por el "mínimo no imponible". Además, para los trabajadores sólo se les reconoce como aportes hasta un máximo de 5 años, independientemente de que hayan trabajado en negro mucho más tiempo.
-* Eliminación del tope de aportes personales y del haber máximo: También en el “borrador” de reforma laboral se incluye una eliminación del tope de aportes personales, que hoy equivale a un salario de $81.918, lo que va unido a una eliminación del haber máximo que alcanza a $53.090 en la actualidad. Esto significa un pequeño incremento en la recaudación hoy a cambio de fuertes gastos a futuro por jubilaciones muy elevadas para un grupo minúsculo y privilegiado de individuos. El cambio tiende a diferenciar y fragmentar aún más a los beneficiarios del sistema, generando fuertes desigualdades.
-* Reforma previsional: De acuerdo a la ley de “Reparación Histórica”, en un lapso menor a un año y medio el gobierno (contando desde ahora) ya debería haber presentado al Congreso un proyecto de ley de reforma previsional. El plan es hacerlo en los próximos meses, aprovechando la avalancha de reformas anunciadas y las negociaciones con los bloques peronistas y de la oposición patronal, los gobernadores y la burocracia sindical. Todo apunta a que el desfinanciamiento autoimpuesto sea utilizado como argumento para avanzar en fuertes reformas regresivas como un incremento de la edad jubilatoria de las mujeres y de los hombres, cambios en la fórmula de cálculo del haber jubilatorio, y no se descartan grietas donde puedan colarse privatizaciones de distinto tipo.
No hay que olvidar las implicancias ya actuantes sobre el financiamiento de ANSES de las medidas que el gobierno pudo aplicar en sus dos años de gestión, especialmente la “Reparación Histórica”. Esta ley redujo los recursos de ANSEdestinará a las provincias que no transfirieron sus aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). También la ley abrió la posibilidad de vender los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, lo que de concretarse dejaría sin espalda al sistema previsional ante eventuales crisis.
En forma inmediata, la “Reparación” se lanzó con el fin de terminar con los juicios por jubilaciones, poner fin a las moratorias que permitieron hasta ahora jubilarse a mucha gente que no llegaba con los aportes necesarios, y tender a una renta universal más baja que la mínima. Concretamente, la idea era que quienes aceptaran la “reparación histórica” terminaran recibiendo menos recursos que los que deberían cobrar según los dictámenes de la justicia.
Los trabajadores de hoy, los jubilados del futuro
Si en la actualidad el sistema jubilatorio “no da para más” es principalmente por la miseria que reciben actualmente los jubilados y pensionados. En marzo de este año, después de la Reparación Histórica, el 65% de los 6,8 millones de beneficios estaba en el haber mínimo jubilatorio (hoy de $7.245,37) según el Ministerio de Trabajo, mientras que el 88% se encontraba por debajo de la Canasta de los jubilados.
Las medidas de recorte del gobierno sólo apuntan a empeorar esta drástica situación. La propia Universidad Católica Argentina señala la pobreza que atraviesa a los adultos mayores. Los ajustes señalados arriba recaen no sólo sobre los actuales adultos mayores, sino especialmente a toda la masa de trabajadores activos en la actualidad, a quienes el gobierno pretende imponer una profunda flexibilización laboral pero también la extensión de esta precarización de la vida por más tiempo y con peores condiciones a futuro.
Por ello el enfrentamiento a las medidas de ajuste debe ser “en toda la línea”: Rechazar de conjunto la (contra) reforma laboral y tributaria, que el macrismo apunta a hacer avanzar en estas semanas mediante la negociación “punto por punto” que avala la burocracia de la CGT. Y también prepararse para enfrentar las medidas regresivas que se vienen con la reforma jubilatoria.
El desarrollo de la técnica ya permite terminar con la precarización y la flexibilización laboral, alcanzar un salario mínimo que cubra la canasta familiar y un haber jubilatorio que cubra la Canasta de jubilados así como el 82% móvil del último salario para los jubilados. Lejos de reducirlas, una medida urgente para evitar el desfinanciamiento de las jubilaciones es restituir las contribuciones patronales a los niveles previos a las reformas de los años ´90.
Es necesario apostar a un programa integral desde y para la clase trabajadora, activa y pasiva, es decir, un conjunto de medidas que defiendan "nuestra vida" atacando la ganancia de los capitalistas. Esas son las banderas a levantar en oposición a las contrarreformas del gobierno.
Lucía Ruiz
Economista
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