En el día de la fecha se esperaba el inicio de los alegatos en el juicio de ABO en el que se dirime, entre otros casos, el de Hugo Miedan, hijo de Elia Espen.
La audiencia se retrasó porque quedaba pendiente, desde el día de ayer, el testimonio por teleconferencia, desde Paraguay, de un testigo ofrecido por la querella del CELS, representada en este juicio por el Dr. Pablo Llonto.
El “testigo” en cuestión es Federico Talavera. Se trata, en realidad, de un partícipe de los crímenes de lesa humanidad, que ya ha declarado en carácter de testigo en otras causas. Integró el destacamento Móvil 1 de Campo de Mayo, que dependía del Primer Cuerpo del Ejército, a cargo de Suarez Mason. Luego del 78, fue asignado al campo de concentración conocido como “Olimpo”. Entre otras acciones, admitió haber trasladado en el 79 junto a “Paco” –un oficial de inteligencia, imputado en este juicio– a una detenida embarazada, desde el Olimpo al Hospital de Campo de Mayo, para parir. Mary, la compañera detenida desaparecida, luego fue llevada nuevamente al Olimpo, según cuenta Talavera, y posteriormente, junto a otro genocida, Pereira Aspetegui, la introdujeron en un baúl para incinerarla en un tambor en el destacamento Puente 12. Talavera también participó en los vuelos de la muerte.
Ante el carácter de las declaraciones previas de Talavera, la fiscalía correctamente interpreta que se trata de un partícipe de los crímenes de lesa humanidad y, dado que el mismo se encuentra en Paraguay, solicita al tribunal la suspensión del testimonio, ya que su declaración podría acarrear la nulidad de todo el juicio, y ordene su inmediata detención hasta que la fiscalía proceda al pedido de extradición. La querella de Elia Espen, representados por Liliana Alaniz, de APeL, adhirió al pedido de la fiscalía, y puntualizó que lo único que debe decidirse en relación a la petición es la instrumentación de su inmediata detención y extradición desde Paraguay.
La querella del CELS, en cambio, insistió con un argumento falaz diciendo que en otros juicios se había permitido su declaración e incluso valorado sus dichos en relación a los actos llevados adelante por otros genocidas, subsanándose al informarle que no debe autoincriminarse.
Esta postura, que parece impulsada por la necesidad de contar con información de los hechos y la identificación de los autores, no es “inocente”. Se encuadra en una posición política de darles carácter de “testigos involuntarios” a miembros de los comandos y cuerpos de las fuerzas represivas en el periodo de la dictadura cívico–militar, en función de su colaboración con los juicios. Una vergonzosa adaptación a una posible reconciliación, admitiendo el perdón tácito de los “colaboradores”. O, lo que es lo mismo, canjear “testimonios por impunidad”, una variante que ha sido sugerida por funcionarios del Gobierno y la Iglesia.
Es falso, además, que esas declaraciones aporten pruebas, porque Talavera sólo ha señalado a quienes se encuentran siendo juzgados, constituyendo de ese modo una coartada para otros participantes que no fueron reconocidos en esas acciones pero sí admitieron, como el declarante, haber brindado servicio en el periodo de la dictadura.
Al resolver, el tribunal atacó duramente a la fiscalía. Según los jueces, si en la etapa previa al juicio oral ni el juez instructor ni el fiscal interviniente pidieron la detención de Talavera, la fiscalía de juicio debe adaptarse a la inacción de la instrucción. Asimismo, dicen encontrarse “sorprendidos” por los “pruritos” de los fiscales, atribuyéndoles la intención de prohibir la declaración de un testigo.
Talavera comenzó a filtrar, poco a poco, sus relatos sobre su época de represor en los años 90, cuando se encontraba “descartada jurídicamente la posibilidad de nuevo procesamiento de las juntas militares” (El País, 29/4/95). En 2013, el abogado Llonto declaraba que “es necesario que Talavera aporte la mayor cantidad de datos y que luego se resuelva su situación procesal”. Evidentemente, para el CELS ese momento no ha llegado aún.
Lo que esconde, el tribunal, es que da valor a la palabra de un confeso genocida, y corre la cancha para congraciarse con el CELS y el gobierno nacional ante los nuevos aires de reconciliación. Por el momento, la audiencia se encuentra suspendida porque continúan los problemas técnicos en Paraguay que impiden se lleve adealnte la videoconferencia, no obstante, ya anunciaron que si no se logra la conexión, la audiencia se suspenderá.
Claudia Ferrero (Apel)
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