La reforma laboral en marcha

Entre los varios borradores de reforma laboral que elabora el gobierno, con fecha de lanzamiento en octubre, sobresalen tres que serían prioridad.
Un proyecto de ley plantea la generalización de un sistema de pasantías con jornada reducida. Es el proyecto que el gobierno no pudo aprobar el año pasado y permitiría a las empresas tomar trabajadores a un costo laboral inferior al del resto de su plantel. Y, a la vez, despedirlo en cualquier momento sin costo indemnizatorio.
Bajo la figura de “prácticas prelaborales”, el proyecto autorizaría períodos de prueba de tres a doce meses (tres meses es hoy el límite), renovables. Pero el empresariado requeriría una demolición de toda barrera de protección.
La ley vigente -promulgada por CFK- habilita las pasantías educativas por doce meses, prorrogables por otros seis, con una carga horaria de 20 horas semanales y un monto no remunerativo no menor al salario básico de convenio colectivo. El empresario está obligado a financiar las prestaciones de salud depositando una contribución del 6% de la asignación percibida por el pasante. La ley fue violada una y mil veces porque las empresas no incorporaban jóvenes para realizar tareas vinculadas con sus estudios, sino con las necesidades de la empresa y con jornadas laborales que superaban largamente las seis horas, por lo que pasó a ser una herramienta más de la precarización que caracterizó la “década ganada”. Hoy, en colusión con el gobierno, las patronales exigen una norma que impida dar “a esta modalidad caracteres típicos de la relación laboral, como la cobertura de riesgos de trabajo, la inclusión del pasante en el seguro de salud, el goce de asistencia y licencias por examen, enfermedad y accidente, así como la propiedad intelectual de las creaciones e innovaciones que resulten de su actividad”. ¿Qué tal? En concreto, bajo la figura del pasante, la aspiración de los capitalistas es poder tomar un trabajador que le permita deshacerse de uno antiguo y reemplazarlo con uno nuevo porque, atención, el proyecto “no exige un listado de trabajadores que sigan siendo parte de la empresa” (I Profesional, 18/7).
El gobierno viene escaldado por la reciente y fallida experiencia con la casa de comidas rápidas McDonald’s. Pactó con ella la implementación de un programa de primer empleo para sectores vulnerables que fracasó en toda la línea: la empresa contrató 700 contra una promesa de tomar 5.000 y, por la violación flagrante de la ley, la operación fue bloqueada por la Justicia. Por eso, el gobierno considera que el proyecto debe acompañarse de un “blindaje judicial” para ser viable.

Abaratar los despidos

Lo planteó a principios de año, bajo una forma brutal, el funcionario de Techint más encumbrado en el actual gobierno, el secretario de Empleo, Miguel Ponte, cuando dijo que el sistema de ingresos y egresos del mercado laboral debería naturalizar ese proceso, así como el cuerpo humano lo hace con las acciones de “comer y descomer”.
La clave estaría, en el nuevo proyecto, en “establecer con claridad cuáles son los ítems salariales a contabilizar a la hora de liquidar”. Se trataría de eliminar del cálculo de la indemnización rubros que hasta hoy son incluidos pretextando su condición ajena a la remuneración: gastos por teléfono celular, uso de vehículos, medicina prepaga.
Esto no sería nada. “Se sumará otra iniciativa que promete controversia: restarle a las indemnizaciones las multas dinerarias a favor del despedido por irregularidades en la inscripción (trabajo en negro) o ausencia de aportes y contribuciones por parte del empleador que, en general, llegan a duplicar los montos usuales. Ese diferencial, afirman en el Ministerio de Trabajo, podría ser derivado a la Anses” (Ambito, ídem). En el gobierno sostienen que sería una forma de desalentar la apertura de juicios laborales por una baja en los montos a percibir por los abogados.
El tercero de los proyectos en danza es un amplio blanqueo laboral, lo que sería presentado como una campaña decisiva para erradicar el trabajo en negro a través de un cambio de paradigma: dejar de considerar a los empresarios en la informalidad como victimarios o “verdugos” de los trabajadores. El proyecto está siendo consensuado con la CGT y plantea la creación de un sistema de beneficios para las pyme consistente en exenciones sobre las contribuciones patronales e incentivos para la contratación formal de los trabajadores. Aunque el proyecto plantea que los beneficios operarán “siempre y cuando no haya disminución de las plantillas”, lo real es que “se podrá despedir en tanto las incorporaciones al menos compensen esas bajas” (La Nación, 27/6). Es decir, sería una ley que, fuera de otras ventajas, habilitaría el despido de trabajadores empleados, de mayor costo por su antigüedad, por otros nuevos. Este sería quizá, como en el caso de las pasantías, su punto neurálgico.

¿A cambio del monopolio sindical?

El gobierno está compartiendo estos proyectos de ley con todo un sector de la dirigencia sindical, entre los que sobresalen los desertores de la reciente marcha de la CGT, pero en particular Petroleros y Smata. La contrapartida que ofrece al conjunto de la burocracia es mantener intocada su dictadura sobre las organizaciones obreras y asistirla con los fondos de las obras sociales -más allá del cambio circunstancial de funcionarios. El gobierno, con la aprobación o el silencio cómplice de la oposición, ha impuesto 200.000 despidos, la reforma a la baja de un número importante de convenios colectivos (una lista que acaba de incluir a los de agroindustria), la imposición del presentismo entre los estatales y la reforma reaccionaria de las ART. Pero su objetivo es mucho más vasto y tiene un alcance estratégico: su referencia es la reforma laboral de Brasil, y pretende imponer el derecho a despedir, a tercerizar, a fijar la jornada de trabajo, a destruir la antigüedad y la especialización, a cambiar el contrato anual por el contrato por día. A someter a la clase obrera de América Latina a un régimen de esclavitud con los ritmos infernales de producción de hoy para descargar sobre sus espaldas la crisis capitalista.
Fuera la reforma laboral y previsional.

Christian Rath