Reproducimos el comunicado de Myriam Bregman, María Victoria Moyano Artigas y Alejandrina Barry, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos.
Ayer se dio a conocer un informe que presentó la fiscal federal de Esquel, Silvina Ávila, a requerimiento de una comisión de la ONU y la CIDH, que distintos medios y el propio Gobierno nacional utilizan para tratar de seguir encubriendo el rol fundamental y excluyente de la Gendarmería Nacional y de funcionarios del propio Ministerio de Seguridad en la desaparición forzada de Santiago Maldonado.
El sesgado informe de la fiscal invierte la carga de la prueba: en una desaparición forzada es el propio Estado el que debe dar cuenta de lo que sucedió con la víctima.
Es la propia fiscal la que debe dar cuenta de todo lo realizado hasta ahora para encontrar a Santiago. Por el contrario, la fiscal da a entender que debe ser una comunidad mapuche perseguida, que está siendo asediada por las fuerzas represivas del Estado y paraestatales desde hace meses, la que dé las pruebas de una desaparición provocada por el propio Estado.
La fiscal no responde a los siguientes elementos, que son claves para encontrar la verdad de lo sucedido con el joven Maldonado.
1) Por qué al menos 120 efectivos de Gendarmería, de al menos tres escuadrones distintos, ingresaron violentamente al Pu Lof en Resistencia del Departamento de Cushamen y estuvieron en el territorio alrededor de seis (6) horas, impidiendo el ingreso de los integrantes de la APDH local y el periodismo durante todo el inusitado operativo para reprimir a no más de 20 personas sin ningún tipo de orden judicial (la misma solo se refería al desalojo de la ruta 40, lo que se había producido varias horas antes). Es evidente que en ese lapso de tiempo de seis horas se pueden destruir, retirar, fraguar y/o "plantar" cualquier tipo de pruebas para encubrir el accionar delictivo que significa la desaparición forzada de Santiago Maldonado.
2) Por qué no se menciona que increíblemente Gendarmería dice no tener las filmaciones de todo el operativo, cuando es de público conocimiento que por protocolo interno deben filmar todo su accionar, más aún cuando se produce en el marco de una protesta social.
3) Por qué no se menciona en el informe cuál fue el rol del jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, quien se encontraba en la región desde varios días antes de la desaparición de Santiago. Noceti realizó declaraciones radiales amenazantes contra la comunidad de la Pu Lof días antes. Durante su estadía se dio una violentísima represión en la ciudad de Bariloche contra manifestantes que exigían la libertad de Facundo Jones Huala, con algunos manifestantes heridos y casi una decena de detenidos. Noceti realizó una reunión el 31 de julio con altos mandos de la Gendarmería Nacional de la región, como el jefe de la Agrupación XIV, Conrado Héctor Balari, el del escuadrón 32 de El Bolsón, Fabián Méndez, y el del 36, Pablo Badie, todos partícipes directos del accionar represivo del 1º de agosto en el que es desaparecido Santiago Maldonado.
Pablo Noceti estuvo presente en el lugar de lo hechos, no una vez "para saludar", como afirmó la ministra Patricia Bullrich, sino que también fue visto varias horas después en el mismo lugar, como lo afirman varios testigos.
La Gendarmería es una fuerza vertical que responde directamente a los mandos del Poder Ejecutivo.
4) Por qué en la búsqueda de pruebas en el escuadrón de Gendarmería de El Bolsón no se hizo presente ningún funcionario judicial, sino que quedó en manos de efectivos de la Policía Federal, acompañados por los propios gendarmes, todos subordinados del propio Ministerio de Seguridad.
5) Por qué la fiscal Ávila omite que la comunidad de donde fue arrancado Santiago Maldonado está atemorizada y cuenta con más de 40 miembros procesados penalmente por el mismo Poder Judicial en el marco de acciones de protesta, provocaciones constantes de la Gendarmería y de la Policía provincial de Chubut, así como también de anónimos que disparan desde camionetas hacia la comunidad.
Los supuestos "no colaboradores" de la fiscal Ávila son los mismos que podrían haber estado al borde de correr la misma suerte que Maldonado.
6) En el marco represivo que sufre le comunidad mapuche, la fiscal Ávila también oculta que el 11 de enero de este año el juez Guido Otranto ordenó otra brutal represión al Pu Lof en Cushamen, donde actuaron más de 300 efectivos, hubo varios heridos y detenidos con el supuesto fin de liberar las vías de La Trochita. En el operativo se utilizó la caballería, drones, carros hidrantes y helicópteros. Nadie investigó todas las denuncias de apremios ilegales, dejando el hecho en la total impunidad y como un oscuro antecedente de lo que sucedió meses después, el 1º de agosto.
7) La fiscal debería saber que la propia historia en los últimos años demostró que no es fácil ser testigo contra las Fuerzas Armadas o de seguridad en la Argentina. Jorge Julio López volvió a ser secuestrado y desaparecido por haber sido testigo en una causa de lesa humanidad. No aceptamos la revictimización de las víctimas.
Insistimos: como lo indican taxativamente la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y la Convención Americana sobre desaparición forzada de personas, ambas ratificadas por la Argentina, son las instituciones del Estado, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial las que tienen la obligación y responsabilidad de dar explicaciones de qué sucedió con Santiago Maldonado, forzosamente desaparecido a partir del 1º de agosto de 2017, y de sancionar penalmente a todos los responsables.
Si la doctora Silvina Ávila continúa acusando a la propia comunidad mapuche de no poder ejercer sus propias obligaciones como fiscal, emanadas de tratados internacionales, estaría encubriendo un crimen de Estado cometido por la principal fuerza de seguridad estatal, la Gendarmería Nacional. Lo que solo deberían responder la señora fiscal, el juez Otranto, la ministra Patricia Bullrich y todas las instituciones del Estado involucradas es: ¿dónde está Santiago Maldonado?
Myriam Bregman
María Victoria Moyano Artigas
Alejandrina Barry
Centro de Profesionales por los Derechos Humanos
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