El autor analiza las causas y las consecuencias de la avanzada PRO-manicomial del macrismo y cuenta las experiencias de organización que están surgiendo.
El pasado 15 de julio, el Ministerio de Salud de la Nación emitió la resolución 1003/2016, mediante la cual se derogó la anterior resolución 1484/2015, a través de la cual se pretendía lograr una reducción significativa de camas psiquiátricas en todo el país, tal como lo establece la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657, además de numerosos instrumentos internacionales de derechos humanos, tales como la Declaración de Caracas, los Principios de Brasilia y el Consenso de Panamá.
A partir de entonces, numerosas acciones y debates han surgido desde diversos sectores de nuestra sociedad, tanto a favor como en contra, incluyendo como protagonistas a usuarios, familiares, profesionales, organizaciones, funcionarios del gobierno, entre otros.
En este sentido, por ejemplo, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asamblea Permanente de Personas Usuarias de Salud Mental (APUSSAM), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Red Nacional de Salud Mental Comunitaria y Derechos Humanos y la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), presentaron una impugnación contra dicha medida, sobre la cual todavía se espera una resolución.
Al mismo tiempo, por su parte, la Red Nacional de Salud Mental Comunitaria y Derechos Humanos solicitó una audiencia pública a la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, considerando que “es importante la participación y contribución que pueda hacer la sociedad civil” buscando “mejorar las propuestas de la administración para así evitar vulneraciones a los derechos de las personas”, pero unos días después, precisamente el día 5 de agosto, el Dr. Andre Blake, Director Nacional de Salud Mental y Adicciones, rechazó formalmente este pedido, argumentando que su repartición está cumpliendo con sus obligaciones como autoridad de aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental, y que la presentación hecha no cumplía con los requisitos necesarios para solicitar dicha audiencia.
¿Qué pasaba antes de la resolución 1484 del año 2015?
La habilitación y el funcionamiento de los establecimientos de salud mental y atención psiquiátrica se regían por la resolución 1121 del año 1986. Entre otras cuestiones, se basaba principalmente en lo que hoy conocemos como modelo médico hegemónico, otorgándole a la psiquiatría un valor mayor con respecto a otras especialidades como la psicología o el trabajo social. Y, de este modo, los padecimientos mentales se reducían a un problema de origen netamente biológico, que debían ser tratados exclusivamente con encierro y psicofármacos, sin contemplar otros aspectos como la pobreza, el contexto político y social de aquel entonces, la situación familiar, la falta de trabajo, la discriminación, la violencia de género, u otras cuestiones que no son propias de nuestra composición biológica, pero que hoy sabemos que también repercuten en la salud mental de las personas y en la interacción con otros individuos.
Por otra parte, aquella resolución del año 1986, permitía la habilitación de algunas categorías de establecimientos psiquiátricos para estadías de mediano y largo plazo, lo cual ha permitido que, al día de hoy, todavía haya personas internadas desde hace 30 años e incluso mucho más.
¿Qué pasó a partir de la resolución 1484 del año 2015?
Esta nueva resolución, adaptada a la actual Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones, dispuso entre cosas, que la habilitación y el funcionamiento de todos los establecimientos de salud mental, tanto públicos como privados, estarían sujetos al nuevo modelo de salud mental comunitaria que promueve la Organización Mundial de la Salud. Pero además, dispuso que aquellos establecimientos que ya estuvieran funcionando en el ámbito nacional, disponían de 360 días corridos para adaptarse a este nuevo paradigma.
El modelo de salud mental comunitaria, a diferencia del modelo médico hegemónico, dispone que la psiquiatría no es ni más ni menos que la psicología y el trabajo social, por lo que ahora se habla de equipos interdisciplinarios, con todos sus integrantes en igualdad de condiciones, los que deben considerar a la salud mental como un “un proceso determinado por componentes históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y psicológicos” (Artículo 3 – Ley Nacional de Salud Mental Nº 26657).
Es decir que, con el nuevo paradigma, la efectividad de la psiquiatría ya no se mide por cuanto se reducen los síntomas de un supuesto trastorno mental, sino por cuanto y como contribuye a que las personas puedan gozar plenamente de sus derechos humanos: estudiar, trabajar y vivir perfectamente incluidas en la comunidad.
Y, por esta razón, cae de maduro que la necesidad de camas psiquiátricas debería ser, por pura lógica, mucho menor a la cantidad de camas actuales. Es decir, si ahora el objetivo de la psiquiatría es reinsertar a las personas plenamente en la sociedad y en el menor tiempo posible: ¿Para qué se necesitarían tantas camas? ¿Acaso está fallando tanto la psiquiatría que la demanda de camas se mantiene constante o en algunos casos va en aumento?
El problema para algunos sectores es que, si la psiquiatría cumpliera correctamente con su función para alcanzar los objetivo de la salud mental comunitaria que tanto perseguimos, significaría un duro golpe tanto para la industria farmacéutica como para la corporación psiquiátrica privada, ya que esto supondría una gran pérdida de clientes históricamente cautivos.
Con la asunción de Mauricio Macri como Presidente de la Nación, sus políticas capitalistas adoptadas para casi todas las cuestiones sociales y económicas del país, no fueron la excepción para las políticas de salud mental y adicciones.
En todas las secretarías y ministerios desembarcaron CEOs y ex gerentes. En el caso de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, el que desembarcó fue el Dr. Andre Santiago Blake, proveniente del sector privado y antiguo empleado de la obra social OSDE y Swiss Medical, ferviente y público opositor de la Ley Nacional de Salud Mental.
En los días previos a la emisión de la resolución 1003/16, Blake se reunió en el Hotel Sheraton de la ciudad de Córdoba con un grupo nutrido de psiquiatras de todo el país, principalmente directores de manicomios privados, quienes le expresaron sus respectivas preocupaciones por los requisitos que se les habían impuesto mediante la resolución 1484/2015.
Unos pocos días después, el 15 de julio de 2016, Blake logro que se derogara aquella resolución para ser complaciente con sus colegas empresarios, por lo que a partir de entonces volvió a estar vigente la resolución del año 1986, en el que el psiquiatra prevalece ante el psicólogo y el trabajador social, en el que todos los padecimientos mentales tienen un supuesto origen netamente biológico, que solo pueden ser resueltos con psicofármacos, torturas y encierro, permitiéndose además la existencia de establecimientos para internaciones eternas.
Bajo ningún punto de vista podía volverse a la resolución del 86, simplemente porque aquella vieja normativa, nada tiene que ver con los objetivos y principios de la ley actual. En todo caso, lo propio hubiera sido mantener la resolución del año 2015 hasta que se elaborasen pautas nuevas, pero no retroceder 30 años de un día para el otro, como finalmente hizo Blake.
Está muy claro que Blake ha hecho una lectura muy parcial de nuestra ley, rescatando solo aquellos párrafos que les convienen a él y a sus amigos empresarios, pero omitiendo todos aquellos otros artículos y párrafos en los que se le explica que no puede hacer lo que se le antoja.
Mientras tanto, nosotros los usuarios seguimos viviendo en condiciones que nos atraviesan a tal punto de preferir la muerte o la cárcel antes que la tortura del encierro manicomial.
Un informe del Órgano de Revisión de Salud Mental alertó sobre que la tasa de muerte en el Melchor Romero es 15 veces mayor al del Servicio Penitenciario Bonaerense y que persisten prácticas de trato cruel, inhumano y degradante.
La resolución 1121 del año 1986 que el Dr. Andre Blake volvió a poner en vigencia, únicamente favorece a sus amigos empresarios. A nosotros, los usuarios, no nos ayuda absolutamente en nada. Por el contrario, trata de invisibilizarnos y de silenciarnos para que no les perjudiquemos en sus respectivos negocios.
Lamentamos informarle al Dr. Andre Blake y a sus amigos empresarios, que lo único que está logrando con este tipo de medidas es unirnos y darnos cada vez más fuerzas a todos quienes luchamos por el cierre inmediato de los manicomios y por la defensa de los derechos humanos de todas las personas. A pesar de todo esto que estamos sufriendo, no vamos a bajar los brazos, porque este proceso de la desmanicomialización, que ya comenzó en casi todas las partes del mundo, es ciertamente irreversible.
Lucas Banegas
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