Geógrafos y antropólogos de la Facultad de Filosofía y Humanidades (FFyH) elaboraron una serie de informes donde argumentan la gravedad que supone una posible modificación de la Ley de Bosques. Los documentos, respaldados de manera unánime por el Consejo Directivo de la unidad académica, serán presentados como una voz crítica ante el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), solicitando no avalar ninguna modificación que implique el uso y explotación indiscriminada del territorio, fundada en una racionalidad ecocida.
En nuestra sociedad, por lo general, los problemas ambientales son pensados en el ámbito científico y con dominio de las llamadas ciencias duras o ciencias naturales. Sin embargo, desde hace algunas décadas, las ciencias sociales han comenzado a hacer oír su voz de alerta sobre estos temas. En particular, desde la Geografía Social y desde las distintas líneas de estudios que aborda la Antropología, se realizan investigaciones fundadas acerca del desarrollo indiscriminado de la cultura y sus diferentes impactos en nuestro medioambiente.
Deshumanizando nuestro entorno
La Antropología observa que el mundo moderno viene asociando “lo humano” a la Cultura y ha convertido a “lo que no es humano” en Naturaleza. Así, despojada de toda humanidad, la Naturaleza desde hace unos pocos siglos se ha convertido en un gran campo de experimentación de nuestra propiedad y sustancialmente es concebida como un mero recurso.
Sólo, y desde hace un tiempo, se ha comenzado a tomar conciencia sobre el altísimo precio que cobra una explotación sin límites de nuestro ambiente, a partir de la polución creciente de los suelos, el aire, el agua y los seres vivos, con la desaparición acelerada de numerosas especies de plantas y animales, sumado a las consecuencias dramáticas del incremento del efecto invernadero que sufre todo el planeta.
Así, distintos equipos de investigación radicados en la Universidad trabajan sobre cuestiones que intersectan los actuales debates que atraviesa la Provincia de Córdoba, y en este caso, aquellos relacionados con la pretendida reforma de la Ley de Bosques. Estos trabajos abarcan un amplio abanico de temas que desde la antropología interpelan sobre cómo afecta puntualmente la aplicación de la Ley vigente a poblaciones que habitan el monte en el norte cordobés. Un análisis que además cruza perspectivas ecológicas y sociales acerca de los recurrentes incendios forestales en la provincia, hasta estudios paleoambientales y arqueológicos que dan cuenta de vínculos entre humanos y el monte en el pasado, por citar sólo algunos.
Por ello, los antropólogos de la FFyH consideran que una reforma a la Ley de Bosques, en los términos que actualmente se plantean, sólo terminará deshumanizando y recrudeciendo aún más los daños sin límites hacia nuestro medioambiente, favoreciendo a los poderes concentrados que sólo miden su interacción con la Naturaleza para obtener mayores beneficios económicos.
En este sentido, el Departamento de Antropología y el Museo de Antropología de la FFyH de la UNC manifiestan que:
“A meses de celebrar los cien años de la Reforma Universitaria que cambió para siempre los destinos de nuestra institución, vivimos con especial preocupación decisiones que atentan directamente contra la posibilidad de una Universidad abierta, diversa y comprometida. En este marco, llamamos a la actual gestión rectoral a actuar con la responsabilidad política que el tema implica y el compromiso que reclama. Tomar con seriedad la cuestión y armar una mesa interdisciplinaria que incluya -y se sirva- de los recursos humanos con los que cuenta la UNC”.
Desde la Geografía
De manera paralela, el Departamento de Geografía de la FFyH elaboró un riguroso informe que, además de brindar un marco de interpretación al proceso de actualización de la Ley 9814 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia de Córdoba, aporta elementos significativos a tener en cuenta de cara a una posible modificación de la Ley que regula la existencia y el cuidado de nuestros bosques nativos en Córdoba.
Elaboramos aquí una síntesis de los puntos más significativos del informe.
La pérdida de bosques frente al negocio de la soja
Los bosques en la provincia de Córdoba llegaron a ocupar el 70 % de su superficie y fueron eliminados progresivamente. Las áreas boscosas que hace poco más de 100 años ocupaban alrededor de 13 millones de hectáreas de las 16.500 millones que conforman el territorio cordobés, hoy no alcanzan a cubrir 1.250.000 hectáreas y, de ellas, quizás apenas el 3% corresponden a bosques nativos propiamente dicho.
El principal factor de esta reducción de los bosques es la implementación de la actividad agropecuaria en la provincia. Una actividad que comienza a desarrollarse hacia fines del siglo XIX en sur y este provincial, y cobra un nuevo impulso hacia mediados de la década del ´90 de la mano de la globalización económica y alimentaria, junto a la intensificación del dominio del capital sobre el agro.
Esto llevó a la agriculturización progresiva de la producción rural, en un proceso dominado por el monocultivo de soja con un marcado sesgo exportador. El aumento de la demanda externa y los precios internacionales favorables, generaron un aumento de la renta diferencial sobre tierras antes dedicadas a otras actividades, desplazándose a sectores menos favorables e intensificando los desmontes a medida del avance de las nuevas fronteras agrícolas.
Esto trajo aparejado un gran número de problemáticas asociadas, como pérdidas de suelo, inundaciones, contaminación por agroquímicos, concentración de la propiedad, del capital y del uso de la tierra, desplazamientos de campesinos y pequeños productores, pérdida de patrimonio cultural y otros.
Los impactos negativos del desmonte+
La propuesta legislativa de modificaciones de la Ley 9814 propone un reordenamiento territorial de los bosques nativos, eliminando áreas de categoría prioritarias de conservación (rojas y amarillas) con una nueva consideración de la categoría bosques nativos, limitándose a los árboles nativos de gran porte y facilitando la eliminación de la cobertura de pastizales, arbustales y/o fachinales en la zona noroeste de la provincia y las sierras pampeanas, donde actualmente se protege aproximadamente el 3% remanente de los bosques que existieran en la provincia de Córdoba.
Si la propuesta de modificación de la ley vigente sobre bosques nativos se consolida, generaría la posibilidad de avanzar con las prácticas de desmonte asociada principalmente a los agronegocios, y los consecuentes procesos de expansión de la agricultura y la ganadería como ha venido sucediendo desde hace tiempo.
En este sentido, las modificaciones propuestas para la ley 9814 por el Estado, operarían favoreciendo las prácticas y beneficios de los grupos asociados a un modelo de producción empresarial centrado en los agro negocios. Una modalidad productiva que se caracteriza por implementar paquetes tecnológicos dependientes de energía y capital intensivo, que se plasmó en nuestro medio a través del monocultivo de soja, principal componente de la estructura agro productiva de nuestra provincia, que impactó fuertemente el bosque nativo de los departamentos del norte cordobés.
El desmonte también ha generado problemas de salud antes casi desconocidos para nuestra zona, como las enfermedades transmitidas por los mosquitos, debido a que por un lado los bosques actúan como barreras a la expansión por migración de los mosquitos, y por otro el monocultivo y la aplicación de pesticidas afectó la biodiversidad disminuyendo la población de predadores del vector; el caso del Dengue es paradigmático.
El rol del Estado como garante del bienestar social
Finalmente, el informe emitido por el Departamento de Geografía de la FFyH, pone el acento en el rol del Estado como garante del bienestar social y ambiental de la provincia. En este sentido, alerta que al tomar posición a favor de quienes promueven las modificaciones a la ley 9814 que favorecen a los sectores agrarios empresariales y al modelo productivo imperante, condiciona el destino de los pequeños productores y campesinos, que frente a la gran expansión del negocio de la soja ven lacerados sus derechos frente a la laxitud de las leyes y políticas públicas que no los contienen. Asimismo, el cambio de categoría propuesto en las modificaciones permitirá la aparición de la especulación inmobiliaria sobre las tierras que hoy están en manos de estos actores, que se verían presionados por el cambio de uso del suelo contrario a sus formas de producción tradicional.
Es de destacar que los efectos nombrados sobre el ambiente, la economía, la salud humana, entre otros, se plasman en erogaciones que el Estado debe hacer para mantener, recuperar y mitigar estas problemáticas. Peso que cae indefectiblemente sobre toda la ciudadanía, que es en definitiva la que soporta estas erogaciones.
Por todo lo expuesto, -subrayan los especialistas- el Estado entra en una contradicción insalvable al generar condiciones que recaen negativamente en su propia esfera, produciendo daños a su propia estructura que luego tendrá que reparar, afectando a toda la comunidad que sufre el efecto de los daños y su remediación, quedando como únicos beneficiarios de esta maniobra, a unos pocos empresarios que concentrarían aún más la tierra y la renta que esta produce.
Alfilo
La Tinta
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