Con “el caso” De Vido, el gobierno utilizó las imputaciones en contra del funcionario K para desenvolver un ataque en regla contra los derechos políticos parlamentarios. Como el desafuero era inaplicable, porque debía contar con la previa condena judicial y la orden de arresto, el gobierno invocó la “inhabilidad moral” de quien custodiaba todas o casi todas las “cajas negras” de la corrupción K. Hasta pretendió hallarle sustento constitucional a lo que era una maniobra - el meneado artículo aprobado por los constituyentes (66) plantea la posibilidad de remover a un diputado o senador sólo si ésta inhabilidad fuese “sobreviniente a su incorporación”, por lo que quedaba claro, en los términos de “su” Constitución, que era un golpe parlamentario contra los derechos políticos.
¿Este intento de golpe parlamentario fue un caso aislado?
Casi uno de los primeros actos del gobierno Cambiemos fue la designación por decreto de los dos jueces de la Corte Suprema, le siguió luego la emisión de deuda pública al margen del Congreso. En los últimos días se produjo la expulsión del único director nombrado “a derecho” del Banco Central - completando un elenco ilegal de directores en “comisión” al margen del examen del Senado, nada menos que en la institución que hoy ejerce el virtual monopolio de decisión sobre la moneda y el manejo financiero del país. En la misma línea, Macri acaba de llamar a los gobernadores a “respetar el fallo de la Corte” en relación al reclamo de la provincia de Buenos Aires de actualizar el Fondo del Conurbano lo que supone para las provincias una quita aún mayor de sus recursos. Una decisión que correspondería al Parlamento – el debate de una ley de coparticipación – queda, si fuera por el gobierno, en manos de los “supremos”.
Es decir, no estamos en presencia de errores sucesivos, sino de una tendencia. El gobierno intenta armar un estado de excepción para tratar de imponer una orientación económica y social que es fuertemente resistida por los trabajadores.
La judicialización de la política
Un aspecto de este intento del gobierno es la judicialización de la política. El gobierno se ha cuidado de llevar al juicio político a los jueces que hacen dormir las causas, desde el momento que comparte una preocupación común con la burguesía, o al menos con una parte de ella, que es que no se toque a la “patria contratista”, envuelta en negociados tanto con los K como con el gobierno actual.
Al judicializar la política el gobierno está apelando a un poder al que coloca por encima del régimen político. Este mismo Poder Judicial actúa como un mecanismo de ese estado de excepción que se quiere crear en función de los planes del gran capital y de los límites del gobierno para imponerlos. Quien repase la serie de fallos aprobados por la Corte Suprema en el último año y medio constatará que se ha erigido en un factor clave del ajuste, la contención de las masas y la “reconciliación” con las FFAA.
La Corte falló que solo los sindicatos con personería gremial pueden promover una huelga y no gremios u organizaciones de trabajadores, recogiendo la posición de la UIA y de la burocracia de la CGT en pleno. En la misma línea produjo sucesivos fallos que negaron el reconocimiento como empleados a quienes eran obligados a facturar como autónomos en sus lugares de trabajo, oponiéndose a la reinstalación de delegados reconocidos o bloquearon el reajuste de las indemnizaciones por accidentes de trabajo resueltos por la ley 26.773 (20 %) hasta el 2012, siendo que un fallo de la Cámara laboral había autorizado hacerlo para hechos anteriores. Tanto o más grave, la Corte creó jurisprudencia en casos claves para los miles de despedidos estatales, suspendiendo fallos de la Cámara laboral que ordenaban la reinstalación de trabajadores echados.
Al mismo tiempo, mantuvo incólume su rechazo a la generalización de los fallos que actualizaron las deudas con los jubilados.
Se podría decir que jugó un papel contradictorio con esta línea en el caso de los aumentos a las tarifas de luz. Sin embargo, lo que hizo la Corte fue arbitrar en favor de todo el andamiaje de explotación energética derivado de las privatizaciones de la “década neoliberal”. Le otorgó al gobierno nada menos que la potestad para fijar las tarifas, con la condición cosmética de convocar a audiencias públicas no vinculantes.
La Corte llegó a utilizar el tema de la edad jubilatoria judicial en consonancia con el gobierno. Emitió un fallo ordenando que los jueces, en base a la Constitución de 1994, debían jubilarse a los 75 años, obligando al retiro de Leopoldo Schifrin (un juez reconocido por ser impulsor de causas de derechos humanos contra la dictadura) y otros jueces, pero dejando a la “suprema” Highton, que consiguió una cautelar y tuvo la protección del gobierno para seguir en funciones.
Los límites
Fue el voto de Highton, junto al de los ministros Rosenkrantz y Rosatti, los dos jueces que Macri intentó poner en la Corte Suprema vía decreto, el que consagró la mayoría que decidió la aplicación del 2 x 1 (reducción de pena) por delitos de lesa humanidad. Fue un fallo estratégico en vía de la “reconciliación” por la que pugnan el gobierno, el clero y la burguesía en función de rehabilitar a las fuerzas armadas, un gendarme imprescindible si se quiere actuar contra las masas.
De este modo los jueces y la Suprema Corte tienden a erigirse, por la descomposición del Estado y el gobierno actual, en un poder por encima del resto del régimen político y en particular del Congreso. Es este armado lo que explica que hayan cesado los ataques furibundos de Lilita Carrió a Lorenzetti y se haya atenuado la interna dentro del gobierno entre los “operadores” del Poder Judicial.
Sin embargo, los límites en el armado de un estado de excepción están a la vista.
El 2 x 1 a favor de los genocidas de la dictadura encalló por la movilización popular.
Por otra parte, ¿ésta Corte Suprema y la justicia en general pueden ser los futuros protagonistas de un “mani pulite” y convertirse en árbitros frente a la crisis política y social?
¿Con qué autoridad? La justicia argentina compite con la burocracia sindical por el último puesto en la consideración popular. La desautorización tiene raíces históricas – la complicidad de la mayoría de los jueces con la última dictadura militar – pero abreva de todos los jueces que han sido comisionistas de los negocios del Estado con la burguesía nacional o extranjera. La Corte ni siquiera tiene un nivel de homogeneidad como el que pretendió lograr el gobierno con la incorporación de los dos últimos “supremos” como se reveló en las votaciones del 2 x 1 y otras.
En otro orden, que un régimen político tenga que apelar a una casta de funcionarios electos de por vida y con métodos de camarilla para resolver su impasse está indicando la profundidad de su descomposición.
La clase obrera y el estado de excepción
Los trabajadores deben tomar nota. Para imponer un mayor ajuste el gobierno necesitará resortes políticos de excepción, lo que llevará, a su turno, a una mayor crisis del gobierno y el régimen. Es este cuadro de situación el que estará presente en las etapas futuras y llevara a una agudización de la lucha de clases, desde el momento que ni el gobierno ni la burguesía ni el capital financiero están dispuestos a satisfacer los reclamos urgentes de las masas.
El PO estará en la primera línea de lucha contra el estado de excepción, como lo hizo en el caso del reciente intento de golpe parlamentario, en el que la burguesía quiso imponer una exclusión política disfrazándola de cuestión moral.
Christian Rath
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