“Delégase en el Ministerio de Transporte la facultad de clausurar ramales ferroviarios en forma definitiva y proceder al levantamiento de las vías y demás instalaciones ferroviarias", dice el decreto publicado hoy en el Boletín Oficial. Mediante la norma, Mauricio Macri autoriza al ministro Guillermo Dietrich a desarrollar una política que apunta a profundizar la destrucción del ferrocarril -que se remonta a la dictadura militar, y que continuó en los gobiernos democráticos, en particular bajo el menemismo, pero que se extiende hasta hoy.
Esa política, que provocó picos de degradación como la Masacre de Once o los negocios sucios -en los que participaba la burocracia sindical- que culminaron con el asesinato de Mariano Ferreyra, también plantea uno de sus vértices actuales en el negociado inmobiliario en terrenos que pertenecen al ferrocarril. No por nada, Marcelo Orfila -presidente de Trenes Argentinos- proviene del campo inmobiliario: entre 2011 y 2014 fue gerente general del Grupo Monarca, una firma dedicada a este tipo de emprendimientos. Su nombramiento al frente de la entidad que decide el destino de los terrenos ferroviarios está marcado por los negocios que sobrevienen a su vaciamiento premeditado. El mismo funcionario declaró que no es prioridad de su gestión habilitar las líneas que se encuentran paralizadas, y mucho menos realizar nuevas (La Nueva Provincia, 17/7).
El uso del ferrocarril para el transporte de pasajeros se encuentra cada vez más vaciado, a la vez que la larga historia de destrucción sistemática de la infraestructura de este medio estratégico es cada vez más brutal. Según Tiempo Argentino, en su edición de septiembre de 2016, durante el gobierno de Cambiemos “104 pueblos y ciudades, más de 670 mil habitantes vieron pasar el tren por última vez”.
Se trata de una política más general que no se limita a la ciudad de Buenos Aires o la provincia del mismo nombre. El abandono del ferrocarril Urquiza en Entre Ríos; el cierre de la línea que unía General Roca con Santa Rosa, en La Pampa; el derrumbe de la estructura de Ferrobaires son la demostración de una política de la desidia gubernamental con un medio de transporte estratégico.
A esto se suma que el macrismo y el kirchnerismo sostienen una larga sociedad al servicio de los especuladores inmobiliarios a quienes entregraron terrenos de valores millonarios mediante votaciones conjuntas en la Legislatura porteña y otros ámbitos. Los emprendimientos de grandes edificios en terrenos ferroviarios de Retiro o Colegiales, por mencionar dos ejemplos recientes, reafirman una línea de negocios planificada desde el gobierno. La venta de los terrenos del ferrocarril para destinarlos al negocio inmobiliario tiene un carácter fundamental para el gobierno de Macri -y el kirchnerismo, que siempre votó en conjunto por este tipo de proyectos.
La discrecionalidad que le otorga el decreto a Dietrich es una de las características más peligrosas de la medida ya que anuncia la profundización de la política del macrismo de desmantelamiento del ferrocarril. Los trabajadores ferroviarios y los usuarios deben levantar la política de nacionalización bajo su control de los ferrocarriles y su integración a un plan estratégico al servicio del desarrollo económico planificado que apunte a beneficiar a las mayorías.
Antonia Torrebruna
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