El genocida Miguel Etchecolatz fue exonerado recién el 8 de agosto, junto a otros 11 represores más en la misma situación. Se pone en evidencia un entramado de impunidad del que tanto el kirchnerismo y macrismo se ven implicados y se juegan a despegarse desde la demagogia.
Recientemente salió a la luz que Etchecolatz seguía hasta este mes en situación de RAV, Retiro Activo Voluntario. En ese estado figuran los policías que se retiran de la fuerza normalmente, sin haber cometido delitos. Se trata de un retirado que se queda con el arma reglamentaria y puede ser llamado nuevamente a integrar la fuerza policial en cualquier momento de su vida, según la ley vigente.
Fue jefe de Investigaciones de la Bonaerense y mano derecha del por entonces jefe de la fuerza, Ramón Camps, durante la última dictadura militar.
En los juicios por delitos de lesa humanidad se comprobó que él era el jefe directo de los al menos 21 centros clandestinos de detención que hubo en la Provincia en los años de la dictadura. Fue condenado por robo de bebés, secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones. Cuando Camps fue nombrado jefe de la Policía Federal, en 1977, Etchecolatz siguió manejando la Bonaerense.
Allí fue un artífice de la represión del Estado. Se retiró de la Policía en 1979, cuando tenía 50 años. En el 86 recibió su primera condena, como responsable de haber torturado a 91 personas.
Durante la gestión kirchnerista fue juzgado por un tribunal en el que declaró Juio Lopez, una de sus víctimas, y donde Myriam Bregman, referente del PTS y el Frente de Izquierda, fue una de las querellantes de este juicio. A los que pocos días López desapareció y aun hoy su aparición es exigida por los organismos de derechos humanos que se mantuvieron independientes de los distintos Gobiernos que mantuvieron la impunidad de los genocidas.
Mientras César Milani -ahora preso por represor- fue puesto como jefe del Ejército desde el FpV, López siguió sin apareció, pero Etchecolatz, mientras Scioli fue gobernador y Cristina presidenta, siguió perteneciendo a la Bonaerense. Nunca fue exonerado.
Sin embargo, también Cambiemos que ahora se hace eco de haber exonerado al genocida se juega a una maniobra demagógica. ¿Quién podría creer que el Gobierno que impulso el 2x1 para que los genocidas, uno de ellos Etchecolatz, quedaran en libertad podría preocuparse por terminar con la impunidad de los represores?
Se trata también del mismo Gobierno que encubre a la gendameria acusada de la desaparición de Santiago Maldonado y donde su funcionaria, Patricia Bullrich, encabeza una operación política, judicial y mediática para ocultar la verdad sobre su desaparición.
Actualmente Etchecolatz está preso en la cárcel de Ezeiza, fue exonerado de la fuerza hace 13 días, el 8 de agosto,junto a otros 11 represores más en la misma situación: Carlos García, Horacio Elizardo Luján, Bernabé Jesús Corrales, Fernando Svedas, Miguel Gerónimo Kearney, Raúl Orlando Machuca, Sergio Arturo Verduri, Pedro Antonio Ferriole, Mario Víctor Nicodemo Sita, Luis Vicente Patrault y Santiago Antonini.
Etchecolatz se encuentra detenido en la cárcel de Ezeiza y apeló la medida, que fue rechazada.
Sin embargo, según el Ministerio Público Fiscal sólo hay 750 condenados luego de once años de la reapertura de los juicios de lesa humanidad. Sobre el total de los imputados solamente el 30% tiene condenada. De los 2.780 imputados más de la mitad se encuentra en libertad y de los detenidos la mitad (518 sobre 1.044) posee el beneficio de la prisión domiciliaria.
A cuarenta años del golpe cívico militar, en Argentina los archivos de la represión permanecen ocultos. A los únicos que ha favorecido esta situación es a los que participaron del genocidio, civiles y militares. La documentación existe, el Gobierno tiene que abrir los archivos de la ex-SIDE, del Batallón 601, del Servicio de Inteligencia Naval y de todas las fuerzas que participaron del plan represivo.
Tenemos derecho a conocer toda la información que tiene almacenada el Estado sobre las personas y organizaciones políticas, sociales, estudiantiles, obreras y populares cuyos integrantes fueron espiados, secuestrados, torturados y desaparecidos, y sus responsables.
Para quebrar este pilar de impunidad que rige desde la dictadura hasta el dia de hoy es necesario que esos archivos se hagan públicos, que es lo que ningún Gobierno ha querido hacer.
¡Aparición con vida a todos los desaparecidos! ¡Castigo a los culpables!
Eugenia Lovisolo
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