miércoles, 30 de agosto de 2017

Censura en las escuelas: el gobierno no quiere que se hable de la desaparición de Santiago Maldonado



La campaña del gobierno para evitar que los docentes debatan sobre la desaparición forzada del joven con los estudiantes.
Luego de la extensa campaña de fotos entre los docentes, a casi un mes de la desaparición forzada del joven Santiago Maldonado, el gobierno ha montado un operativo de censura para que no se trabaje en el aula dicha situación.
Tanto la Ctera y sus entidades de base como el sindicato Ademys –dirigido por la oposición multicolor– sacaron aportes y sugerencias dirigidas a los docentes para trabajar en las clases y eso provocó un ataque de parte del gobierno y los medios intimidando a los docentes, conducciones escolares y familias para que no se mencionara el tema.
El operativo incluye supuestas familias que se niegan a que se trate el tema del aula, reflotando el 0800 buchón para denunciar a los docentes y escuelas.
La línea del gobierno es que mientras la justicia investiga no se puede trabajar de temas de la realidad social, en particular del caso de Santiago. Sin embargo, el propio gobierno es el que construye un relato desde el primer día, primero negando la desaparición, luego encubriendo el accionar de la gendarmería, culpando a la familia y tratando de desviar la causa y encubrir su propia responsabilidad política.

De esto sí se habla

Los aportes para el aula –secuencias didácticas y textos– están completamente vigentes en los diseños curriculares de primaria y secundaria, pues se trata de analizar fuentes historiográficas, fragmentos de medios de comunicación y fomentar debates que colaboren en la reflexión sobre los mensajes que vienen de los medios, como así también brindar herramientas para que el estudiante construya su propio punto de vista.
La propia convención sobre los derechos del niño de las Naciones Unidas en su artículo 29 promueve inculcar al niño el respeto por los derechos humanos y las libertades democráticas. Incluso dentro del estatuto del docente, capítulo III artículo 6, se menciona como deber del docente educar en los principios democráticos y en los derechos humanos.
El ataque del gobierno es a todos los docentes, en tanto crece el reclamo popular y se acerca la movilización del 1 de septiembre que promete ser multitudinaria.
La dirección de Ademys, en particular, defendió públicamente el tratamiento del tema y las orientaciones para trabajar en cada escuela y viene sosteniendo un compromiso con los organismos de derechos humanos nucleados en el EMVyJ convocando a las acciones por la aparición de Santiago.
Una vez más los estudiantes y docentes nos preguntamos: ¿dónde está Santiago Maldonado?

Amanda Martin Secretaria Adjunta de Ademys

No hay comentarios:

Publicar un comentario