“Los Estados deben proteger a sus ciudadanos”

La vicepresidenta de la CIDH habló de Milagro Sala y de la desaparición de Santiago Maldonado

Esmeralda Arosemena de Troitiño advirtió que el traslado de la dirigente social a una casa vandalizada que no es su domicilio “no está en línea con el estándar internacional”. Destacó la movilización ciudadana en reclamo de la aparición de Maldonado.

Esmeralda Arosemena de Troitiño es vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Hace dos meses visitó a Milagro Sala en el Penal de Mujeres del Alto Comedero de Jujuy con el presidente del organismo, Francisco Eguiguren. En esta entrevista con PáginaI12, la comisionada panameña analiza las decisiones del gobierno de Jujuy sobre la cautelar de Milagro Sala. Habla de la casa saqueada donde la derivarán y dice que esa vivienda no cumple con los estándares internacionales de una prisión domiciliaria y advierte que la custodia que se le asigne no puede alterar su vida cotidiana. También habla de su encuentro profundo con Sala, a quien define como “defensora de los derechos humanos”. Y recuerda cómo personalmente le respondió a Gerardo Morales: “Bendito sea que haya movimientos sociales que frente a la ausencia del Estado busquen resolver los problemas de sus comunidades porque eso es lo que necesitamos: que haya gente que lidere a las comunidades”. Arosemena de Troitiño habla además de Santiago Maldonado. Subraya que los Estados “son los responsables de proteger la vida de todos sus ciudadanos”. Y habla especialmente de la “movilización ciudadana” ante este caso como “una fortaleza de la nación porque permite precisamente a organismos como el nuestro tomar acciones y hacer visible una situación que el Estado está obligado a responder. Eso es un asunto valioso. Hay otros lugares donde lamentablemente la movilización no se da con la fuerza que se requiere”.
–¿Qué opina de que a Sala le hayan concedido la domiciliaria en una casa devastada?
–¡Definitivamente eso no está en línea con el estándar internacional! Por tratarse de una prisión domiciliaria –que no deja de ser privación de libertad– no puede no tener condiciones mínimas. ¡Y se diese detención domiciliaria se entiende que es el domicilio de la persona! No una casa en particular preparada para esto, aparentemente preparada, o deberíamos decir no preparada. Yo no he visto las fotografías pero estamos en comunicación con el equipo técnico porque hay una responsabilidad de nuestra parte en el seguimiento del contenido de la cautelar.
–Las fotos dan cuenta de una casa saqueada: no tiene puertas, ni cañerías de agua, ni luz ni gas.
–Eso no puede ser. Eso indiscutiblemente no es una vivienda. No es un domicilio. El concepto de domicilio es donde la persona asienta su residencia. Y si asienta su residencia es porque tiene las condiciones básicas para la vida.
–¿Y qué tiene para señalar acerca de que se haya dispuesto que Sala sea custodiada por fuerzas de seguridad federales junto con policías de Jujuy?
–Puedo señalar que estas personas no deben estar para interrumpir la vida cotidiana. No puede tener a una persona parada 24 horas en la puerta porque ella no va a salir. La idea de pensar en una policía merodeando se usa para que no salga porque si es detención domiciliaria no tiene autorización para salir salvo circunstancias especiales. Habría que identificar qué legislación existe en materia de detención para garantizar que sea efectiva, pero no puede ponerse un equipo de seguridad que represente un exceso.
–Los peticionantes señalan la Ley 24.660 que prohíbe las presencia de custodias en prisiones domiciliaras; ni siquiera los condenados por genocidio tienen una custodia así.
–Entonces, ahí hay una excepcionalidad. Esto de que hay una ley que expresamente la prohíbe, estaría ya descalificado jurídicamente (la custodia) por qué es una posición completamente ilegal. Si hay una ley, sencillamente el acto sería ilegal.
–Más allá del detalle, el criterio global parece insistir con la idea del hostigamiento ustedes señalaron para fundar la cautelar.
–El hostigamiento constituye para la persona que está detenida una presión psicológica, una presión moral, una afectación en el diario vivir que es un elemento adicional en las condiciones de encierro. Yo pude percibir la forma en que Milagro Sala fue mantenida en esa condición. Pude verlo por su propio estado de ánimo. Su estado, incluso, físico. Y lo vi, porque así como uno proyecta energía de vida también proyecta energía negativa. Ella estaba cargada de esa energía negativa. Ahora bien, en el derecho humano de una persona detenida lo que está restringido es su libertad de locomoción pero el resto de los derechos están allí. Ella sigue siendo titular de esos derechos. Y esa condición emocional, tiene un riesgo. Evaluamos que había riesgo incluso de que atentara contra su vida. A nosotros (las autoridades) nos dijeron, precisamente, “nosotros la tenemos vigilada para eso”. ¡Pero no! Es que están haciendo una presión mucho más fuerte con sólo estar allí mañana, tarde y noche. Que no se pueda mover sin esa sensación de tranquilidad, hablo de una sensación de tranquilidad mínima en el desarrollo de la vida. Hostigamiento es afectar eso.
–La cautelar señaló que el hostigamiento está formado por las condiciones dentro del penal pero también por los traslados o el encadenamiento de las causas penales.
–Así es. Precisamente, estaba el hostigamiento interno. Ella lo señaló. Por ejemplo, al decir que la cuidadora se agachaba para ver por debajo de la puerta del baño. O que si hablaba con sus compañeras, ya estaba una persona detrás suyo para ver qué decía. Era un hostigamiento interno. Y luego estaba el externo. Ella decía que la tenían en un proceso para “llevarme cuántas veces hiciera falta, haciendo un despliegue como si fuera el Chapo Guzmán”. Que sentía esa presión, y cada uno de los procesos que se abrían iban en esa línea: exigirle cada vez más salir en esas condiciones. Cuando consultamos con las autoridades, nos dijeron: “A ella le gusta eso”. ¡Pero usted se imagina! ¡Ese despliegue! ¡Con el efecto emocional que produce en la gente! Ella nos dijo: “yo también temo que cualquier persona pueda atentar contra mi vida”. Así de fuerte, o de dura, era la situación de Milagro.
–Usted estuvo con ella a solas.
–Sí. Ella se quebró y dijo: “Es mi vida, yo no puedo, nunca me imaginé que podía vivir esto. Mi hija, mis hijos, por ellos también estoy sufriendo, porque no sé cómo puede afectarlos el desarrollo de los hechos”. También me dijo: “Lo que hice con esa fuerza de la que me siento orgullosa es porque creo que en el mundo hay que ayudar a la gente pero hoy estoy pagando un precio por eso”. Durante la charla yo expresé algo sobre el mal uso o despilfarro de un dinero, pero ella me decía: “Yo no era la política, era la trabajadora, la líder, estaba dirigiendo los grupos”. Yo me pregunto: ¿quiénes son las autoridades? ¿La policía dice que estaba sometida por ella? ¿El alcalde estaba sometido por ella? ¡Eso no puede ser! La responsabilidad está en las autoridades. La satisfacción de nuestro trabajo es poder identificar una realidad donde el abuso puede afectar a gente que está comprometida: ella es una defensora de derechos humanos que trabajaba por el bienestar de una comunidad.
–¿Qué le responde al gobernador Gerardo Morales que dijo que la CIDH es un grupo de burócratas que vive en Washington?
–Yo tuve la oportunidad de estar en la reunión con su equipo de trabajo. Y como expresé recién, hice un cuestionamiento: ¿cómo podían decir que una mujer era la que había controlado toda la autoridad de un Estado? Yo conocí Jujuy antes de esto y vi una comunidad totalmente pobre. Una sociedad que demanda respuestas. Y sobre el resto, bueno... no resido en Estados Unidos, resido en mi querida Panamá. El reconoció que por ausencia del Estado estos movimientos de la Tupac dijo que se habían como “degenerado”. Y yo le dije allí, personalmente, bendito sea que haya movimientos sociales, que frente a la ausencia del Estado busquen resolver los problemas de sus comunidades porque eso es lo que necesitamos: que haya gente que lidere a las comunidades. Esa es mi visión del mundo político.
–¿Qué pasos seguirá la CIDH en el caso de la desaparición de Santiago Maldonado?
–La comisión tomó nota de la información recibida por Santiago Maldonado. Se está haciendo un análisis. Concluimos la medida cautelar. La comisión está evaluando primero por las disposiciones legales de la Convención en la materia y porque los Estados son los responsables de proteger la vida de todos sus ciudadanos.
–Los testigos que lo vieron por última vez relatan que Maldonado fue detenido por la Gendarmería y subido a una camioneta de esa fuera, como ocurría durante la dictadura.
–Exactamente. Esa es una historia que tiene antecedentes. Pero lo que quiero destacar algo muy valioso de Argentina, que es la movilización ciudadana con respecto a este caso. Creo que es una fortaleza de la Nación porque permite precisamente a organismos como el nuestro, tomar acciones y hace visible una situación que el Estado está obligado a responder. Eso es un asunto valioso. Hay otros lugares donde lamentablemente la movilización no se da con la fuerza que se requiere.

Alejandra Dandan
Página 12