Maldonado, Torres, Monsalves, González... No es un trágico deja vu. Es la quintaesencia del cinismo de los sucesivos gobiernos y una historia que se repite.
El Estado que no desmanteló el aparato represivo de la dictadura pone en acción aquellos métodos y, ante el grito desesperado de la familia y de una parte de la sociedad por la aparición con vida de Santiago Maldonado, responde que son ellos y los mapuches a quienes el joven estaba apoyando quienes no “colaboran” para que aparezca.
“El temor de los testigos no será la excusa que evite investigar a Gendarmería, vamos a solucionar eso”, dijo la abogada de la familia. Y así fue, ya hay una testigo que declaró en el expediente lo que el gobierno sigue negando: los gendarmes bajo las órdenes del propio jefe de Gabinete de la secretaría de Seguridad golpearon y secuestraron a Maldonado.
A los testigos en esas tierras no deberían exigirles “compromiso cívico” ni “colaboración” dado que allí hace décadas que parecen estar suspendidas las garantías constitucionales y el Estado de derecho. No sólo porque padecen ellos mismos un sistemático hostigamiento y estigmatización. Saben que durante la investigación por la desaparición de Iván Torres murieron seis testigos y también saben que el Estado no cumplió nada de lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para que esto no vuelva a pasar.
Comentan los militantes de derechos humanos de la zona que la constante persecución a la comunidad mapuche recrudeció con el actual gobierno, que tiene presa a Milagro Sala en Jujuy y a Facundo Jones Huala en Esquel. Pero es la misma Gendarmería que años atrás desplegó intensas tareas de espionaje contra organizaciones sociales y políticas, en el denominado Proyecto X que esta periodista denunció por primera vez en el sitio Ojos Vendados, e infiltró al “gendarme carancho” durante las protestas en la Panamericana contra los despidos en zona norte a finales del kirchnerismo.
Donde muchos ven un hecho inédito -no es Santiago Maldonado la primera víctima de una protesta social- otros confirman con desazón una continuidad. Hay un contexto y antecedentes imposibles de ignorar. Pero la gravedad del caso impone la necesidad de confluir y unificar fuerzas en el posicionamiento de que no será tolerado otro desaparecido en democracia.
“Es una gran impotencia, no puedo creer estar haciendo todo esto una vez más, acompañando a familiares en estas circunstancias y que no se haya hecho nada durante todos estos años para que no pase más una nueva desaparición forzada y que haya instrumentos en el Estado para dar respuestas”, dice Verónica Heredia, abogada que logró la condena de Argentina por la desaparición de Iván Torres y que impulsa también el esclarecimiento de las otras desapariciones en Chubut.
La ministra Patricia Bullrich Luro Pueyrredón amenaza que no van a tolerar la instalación de la “anarquía”, ni de una “república” mapuche, en esa típica maniobra macrista de tergiversar lo que expresa el concepto de “nación mapuche” que defiende esa comunidad. Pero más grave aún, tanto están dispuestos a impedirlo que desaparecen impunemente a Santiago Maldonado para que el mundo vea que va en serio.
Vanesa Orieta, la hermana de Luciano Arruga, y sus compañeros desplegaron durante el multitudinario acto del viernes en Plaza de Mayo una sábana pintada con aerosol: “Todos los gobiernos torturan, matan y desaparecen en ’democracia’”.
Como el Ejecutivo no va a intervenir la Gendarmería por decreto ni va a ofrecer la recompensa puertas adentro de los escuadrones para intentar quebrar los irrompibles pactos de silencio dentro de las fuerzas de seguridad, y el Judicial ya está a manos llenas trabajando para perpetrar el encubrimiento, sólo queda pensar en un proyecto de ley para que el Legislativo encuentre la forma de obligar a los demás poderes a resolver la desaparición de Maldonado.
Chubut hace punta: cuatro desaparecidos y siete testigos muertos
Los antecedentes indican que nada de eso sucederá. Lo dijo la abogada Heredia: “Este caso demuestra que Argentina no cumplió una sola medida en cumplimiento de lo que establecido en el fallo de la Corte Interamericana que condenó al país por la desaparición de Iván Torres, en agosto de 2011: no se estableció ningún mecanismo ante una desaparición forzada”.
El juez Guido Otranto se tomó ocho días antes de activar la denuncia por ese delito y en el ámbito del habeas corpus dictó medidas que no sirven para esclarecerlo: las recompensas, las alertas en los aeropuertos y de búsqueda de persona extraviada. Tampoco sirve el único protocolo que hay, el de la Procuración, porque es para casos de víctimas de trata de personas. Y sigue sin existir una base de datos de desapariciones forzadas en democracia.
“Unos dicen es el primero, otro dice es el segundo o el tercero. Y no, que digan cuántos hay. El único registro es el de la Correpi, pero así como dicen 200 pueden ser más, pero el Estado no asume la desaparición forzada al no decir cuántos hay”, grafica la abogada de la familia Maldonado.
Iván Torres tenía 25 años cuando desapareció, el 2 de octubre 2003. Trabajaba en un corralón y era solidario con los chicos de la calle. Al igual que a Luciano Arruga, la policía lo venía hostigando y como se resistía a las presiones le armaron un prontuario. Su mamá, María Millacura, se instaló con un colchón durante meses en la comisaría Primera de Comodoro Rivadavia mientras denunciaba que una de las fotos publicadas en los avisos oficiales de búsqueda había sido obtenida luego de su desaparición. Cuando la visitó el ministro de Gobierno, Máximo Pérez Catán, ella le dijo: “Mire, ministro, no atiende nadie”. Había discado el teléfono del juzgado a cargo del caso, publicitado en los anuncios.
“Tenían que hacer una investigación imparcial que diera con todos los responsables en todas las instancias, más allá de los autores materiales, lo cual no se hizo. Además, debían dar una capacitación en derechos humanos a toda la policía de Chubut, y tampoco se hizo. Y además, la familia no cobró el monto completo que estaba acordado”, recuerda Heredia sobre el fallo de la Corte Interamericana.
Sin embargo, la consecuencia más dramática de la falta de cumplimiento de la sentencia en el caso Torres fueron más desapariciones, como la de César Monsalves. En julio de 2013 Heredia decía a esta periodista en Página/12: “Hoy en Chubut tenemos una nueva desaparición forzada, por lo que vemos con mucho horror que esto se va a seguir reproduciendo si el Estado no adopta ninguna medida para modificarlo”. El caso de Monsalves también fue denunciado a nivel internacional y sigue como desaparecido porque el cuerpo que entregaron a cajón cerrado figura como NN.
“Vamos a probar que esto no es un caso aislado sino una práctica sistemática del poder policial, que tiene el aval político y la connivencia por inoperancia del Poder Judicial, que afecta a una población determinada, como son los jóvenes pobres y excluidos. En tal sentido tenemos los casos de Iván, Luciano Arruga, Daniel Solano, Facundo Rivera, César Monsalves, es decir que podemos dar cuenta de varias desapariciones forzadas por parte del poder policial de varias provincias”, describió en ese momento, mientras preparaba una presentación ante la Corte Penal Internacional. “El gobernador Mario Das Neves es el jefe de la Policía, es el principal responsable de la política institucional y de la violencia institucional” en Chubut.
Pero desaparecer personas no es el único resabio dictatorial que instaura el Estado provincial o nacional. A pesar de que la Corte Interamericana estableció que debía proteger la vida e integridad física de la madre de Torres, sus hermanos, sobrinas y testigos del caso, fueron levantadas las medidas de seguridad. Corría el año 2013 cuando la Secretaría de Seguridad no consideró necesario mantenerlas. “Los familiares de Torres corren riesgo pero en este caso fallecieron varios amigos y testigos: Diego Álvarez, David Hayes, Dante Caamaño, Miguel Angel Gajardo, Walter Mansilla, Juan Pablo Caba y Gastón Vara”, enumeró Heredia. En aquel momento el pedido de protección era extensivo a Miguel Angel Sánchez, único testigo vivo que estuvo en la seccional Primera en octubre y noviembre de 2003.
César Monsalves tenía 13 años cuando desapareció. Es sobrino de un testigo que incriminó a policías en la violación del menor Maxi Almonacid, y fue asesinado, Bruno Monsalves. La Cámara de Casación Penal ordenó investigar su desaparición forzada y dijo que sucedió en el marco de “violencia institucional” que es una “realidad en Chubut”, tal como había dicho la Corte Interamericana. “Difamaron a un niño para ocultar su desaparición”, dijeron los camaristas. Cualquier similitud con Arruga, Torres y ahora Maldonado no es casualidad.
Estos tajantes pronunciamientos se basaban en una sucesión de muertes en dominó de quienes se habían animado a denunciar los abusos policiales. Laureano Barrera lo describió en el ya inexistente portal Infojus Noticias. “En marzo de 2009, un equipo de la policía de élite GEOP entró en Corcovado sin órdenes de allanamiento desbaratando todo lo que se le ponía adelante. Además de los destrozos, los policías dejaron a su paso muerto a Wilson Bustos, parapléjico a Marcos Bustos, abusada una nena de ocho años y desaparecido a Luciano González. A fines del año pasado, un paisano encontró un cráneo y otros huesos en una aldea de provincia, Cerro Centinela. Era el cadáver de Luciano González. La justicia no llegó ni al juicio oral”, indicó el periodista.
“El año siguiente sería el turno de Julián Antillanca. La versión policial -que replicaron los medios- fue que Julián había aparecido tirado en una rotonda con un coma alcohólico. En el juicio hubo un testigo que vio que cargaban un cuerpo al patrullero (como en el caso Maldonado). Dejaron pasar mucho tiempo para la autopsia. Había rastros de ADN en ese patrullero con un ‘linaje’ compatible al de Antillanca. El 19 de marzo de 2012, los cuatro policías acusados fueron absueltos por el crimen de Julián, pero condenados a penas leves por los apremios a los hermanos Sergio y Denis Aballay”, quienes habían recibido una feroz golpiza en la Comisaría Cuarta de Trelew y lo habían denunciado. Los cuatro policías siguieron cumpliendo funciones en la policía provincial.
Luego de la presentación de un recurso extraordinario, el Tribunal Superior de Justicia anuló el fallo del Tribunal Oral y mandó a hacer un nuevo juicio. Iba a ser en 2014 pero los hermanos Aballay no pudieron testimoniar porque fueron fusilados en marzo de ese año.
En enero de 2012 ocurrió la violación en la comisaría segunda de Trelew de Maximiliano Almonacid. El testigo clave del caso se llamaba Bruno Rodríguez Monsalve que estuvo preso junto con Maxi y contó que había sido violado. Luego de declarar contra la Policía, Bruno se fue de la provincia bajo el plan de protección de testigos, a vivir una nueva vida. El 26 de marzo de 2012, volvió por 24 horas para tramitar un cambio de domicilio. Ese día lo mataron. Meses más tarde, como por arte de magia, desapareció César Monsalve, el sobrino de Bruno -también en un plan de protección de testigos desde la muerte de su tío- y apareció luego de 53 días. Descuartizado.
Entonces, no puede sorprender que el juez Guido Otranto se haya tomado ocho días para analizar las pruebas elocuentes que le daba el defensor oficial Fernando Machado sobre la responsabilidad de la Gendarmería en la desaparición de Maldonado. “Así funciona la pata judicial del encubrimiento del delito de desaparición forzada de persona”, dice la abogada de la familia de Santiago, artista, músico y viajero de 28 años que odia al capitalismo y desprecia a la casta política. Y a quien seguimos evocando en tiempo presente.
Película de terror repetida
No queremos marchar más sino despertar con la noticia de que haya aparecido con vida, ni escuchar los relatos inverosímiles que producen las recompensas del Gobierno, algo que ya sabemos que sólo sirve para embarrar la investigación; ni soportar tanto oportunismo y sistemático encubrimiento, tanto colega inescrupuloso haciéndose eco de las maniobras oficiales. Mucho menos aguantar a los funcionarios mentirosos y negacionistas. No quisiéramos tener que abrazar a los familiares revictimizados con sus vidas hechas pedazos.
“Soy el mayor, yo se los tengo que llevar a Santiago a los viejos y encima te encontrás con gente sin corazón que te dice que nosotros ponemos trabas”, dice casi quebrado Sergio Maldonado. “Querían información de Santiago, e insisten en que está extraviado”, cuenta indignada su esposa, Andrea Antico sobre la entrevista que tuvieron con el viceministro de Seguridad, Gerardo Milman. Otra vez investigar a la víctima.
Pizarrones de los cuartos oscuros con su nombre, plazas que claman para que aparezca. Fotos en blanco y negro, ahora de Santiago en el subte H, antes de Jorge Julio López en los patrulleros. Tapas de revista Barcelona, mentiras de los medios, el taxista que habla del hippie perdido en la Patagonia, como si las rastas y la barba, o la gorrita, o ser testigo de lesa humanidad acaso fueran una licencia para desaparecerlos. llanto compartido y ausencias forzadas por la represión estatal de los gobiernos que vuelven a doler profundo en las entrañas.
Aparición con vida seguimos exigiendo, aún sabiendo que es improbable el castigo a los culpables porque el Estado es responsable.
Adriana Meyer
Periodista
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