Ordenan destrucción de archivos judiciales

Mediante una resolución de la Secretaría de Modernización Administrativa, el Estado Nacional ordena la destrucción de los expedientes judiciales que tramitaron entre 1941 y 1982 ante los Juzgados de Instrucción.
La Resolución 44/2016 plantea la necesidad de digitalizar toda la documentación y acuerda un plazo de guarda. Otorga facultades a las autoridades de tal secretaría a decidir, vencido ese plazo, si una documentación tiene valor histórico como para ser remitido al Archivo General de la Nación.
De esta manera, a pocas semanas de un nuevo aniversario del golpe, podrían destruirse miles de habeas corpus presentados durante la dictadura, las denuncias por apropiación de niños, por privación ilegítima de la libertad, etc. También aquellas que derivan de la “presunción de fallecimiento”, el modo en el cual se encubrió durante muchos años la desaparición forzada de compañeras y compañeros secuestrados por las fuerzas represivas del Estado, incluyendo el accionar de las organizaciones paramilitares, como la Triple A, que actuaron antes del golpe.
Un dato no menor es que la documentación que se pretende destruir, ya se encontraban en el AGN para su resguardo. La convocatoria a “las partes” involucradas en los procesos judiciales mencionados fija un plazo de apenas 30 días una vez publicada en el Boletín Oficial. Por lo tanto, no garantiza de modo alguno que realmente, los organismos de derechos humanos y las propias víctimas puedan cotejar tales archivos.
La digitalización de los archivos, si bien necesaria, no debería implicar la destrucción del soporte papel, que permita usarse como prueba en los juicios por genocidio y, al mismo tiempo, reconstruir la verdad histórica sobre los crímenes de la dictadura contra la clase trabajadora. La decisión de proceder de esta manera no es azarosa. Se inscribe en una política estatal de “reconciliación”, impunidad y olvido.
La apertura de los archivos es un reclamo histórico de los organismos de derechos humanos. Hoy el gobierno pretende directamente destruirlos.
Exigimos que se prohíba la destrucción de todos los archivos, que se garantice su correcto resguardo y el acceso público a toda la documentación.

Liliana Alaniz (APeL)