Si la lucha contra los despidos y contra la rebaja salarial sólo puede ser encarada mediante la lucha y la acción directa, ¿cuál sería la función parlamentaria de la izquierda? Propagandear la necesidad de esa lucha y por sobre todo que hay una salida: ajuste mensual de salarios, jubilaciones y remuneraciones de independientes
La inflación y los despidos son los instrumentos principales de los que se vale la clase patronal para descargar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores. El objetivo estratégico de este “ajuste” es, más allá de la reacción ocasional, reducir en forma más permanente el precio de la fuerza de trabajo y aumentar la tasa de explotación, a lo que se llega mediante la precarización laboral y el alargamiento de la jornada de trabajo. En lo relativo a la inflación, la tasa anual en Argentina es, luego de la devaluación y los tarifazos, del 40%, en tanto los despidos llegan a 150 mil desde enero pasado. En el caso de la construcción, del petróleo y de la siderurgia tienen un carácter masivo.
¿Dónde están los sindicatos?
Los sindicatos, que son los encargados de frenar este ataque del capital, no han movido, sin embargo, un dedo. En numerosos casos se han firmado paritarias por un aumento del 20% por seis meses, o sea admitido una desvalorización salarial por la diferencia con la inflación; en petroleros, los sindicatos han renunciado a cualquier aumento, incluso cuando la industria ha obtenido un subsidio para el precio del petróleo. Una parte de la burocracia sindical tiene un acuerdo con el gobierno que antecede a las elecciones de noviembre pasado; otra se ha subido a ese acuerdo después. El ultra K Suterh (porteros) ha firmado por un 20%, mientras CFK desfila por distintas tribunas con la intención aparente de ‘polarizar’ con el macrismo. El gobierno ha aceptado pagarle en cuotas el monto retenido por los servicios de salud de alta complejidad de las Obras Sociales; con menos sofisticación, Hugo Moyano obtuvo el ‘sponsoreo’ del Banco Ciudad para Independiente de Avellaneda. El macrismo protege los intereses sociales de la burocracia sindical. La burocracia sindical votó el arreglo con los fondos buitres, sea levantando la mano, sea escapando del recinto. Ese arreglo compromete una línea de acción estratégica del gobierno y la clase capitalista, que la burocracia no pretende cuestionar ahora con una lucha contra los despidos o por el ajuste inmediato de los salarios. El inmovilismo interesado de la burocracia sindical solamente podría ser conmovido, nunca revertido, por una movilización obrera excepcional, como ocurriera en ocasión del rodrigazo de 1975 –o por una crisis de régimen político y la necesidad correspondiente de operar un recambio. La burocracia, es bueno recordarlo, estuvo completamente ausente en la rebelión popular de 2001.
Arrancar a la clase capitalista la concesión de que asuma la crisis capitalista, plantea una lucha de poder, que requiere de la clase obrera métodos excepcionales. Es lo que quieren evitar los llamados partidos ‘populistas’ (nacionalismo burgués) y la burocracia sindical. El ajuste inmediato de los salarios por la inflación o el reparto de las horas de trabajo entre todos los obreros, sin tocar el salario, asume un carácter decisivo para las dos clases en disputa: es vital para la subsistencia social misma de los trabajadores y, antagónicamente, afecta la acumulación capitalista. Esto explica que las patronales reaccionen a cualquier limitación a su derecho al despido con la amenaza de dejar de tomar personal e incluso de afectar la producción o el abastecimiento. La burocracia, salvo excepciones, tiene elegido su campo. Esto mismo explica por qué el combate a los despidos no tiene viabilidad en el campo de la legislación y del parlamento del Estado capitalista, cuya función es defender la supremacía del capital sobre el trabajo.
Dictamen de despidos
El dictamen que declara la “emergencia ocupacional”, aprobado en la comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, es una legislación de despidos, aunque pretenda lo contrario. Es, antes que nada, un intento de encubrir la inacción de los sindicatos, que así se convierten en lobbystas y abandonan su carácter de organizaciones de lucha. La llamada ‘oposición’ (que votó pago a buitres) quiere disimular su componenda con el macrismo en momentos en que el descontento social crece de un modo manifiesto. Con relación a su contenido, lo mejor que se podría decir del dictamen es que judicializa los despidos fundados en razones económicas, para acabar autorizándolos a cambio de una doble indemnización. Con salarios desvalorizados, ni siquiera se puede decir que encarezca la ahora llamada “desvinculación laboral”. No toca para nada el tema de suspensiones, que en la industria automotriz cubre dos días de la semana, y es una forma de cesantía indirecta o parcial. De todos modos, esta ley de despidos disfrazada no pasa de ser una carta de intención, porque necesita el acuerdo del Senado para prosperar. En el pase de pelota de un campo al otro, podría pasar cómodamente el tiempo que se la ha asignado a la “emergencia”. Como esta materia legislativa es, además, de resorte de las provincias, su vigencia requeriría la convalidación de las Legislaturas. Cuando la burguesía interpreta que se le quiere poner una rueda al negocio, la división de poderes (parlamento bicameral, justicia, Ejecutivo) funciona como una máquina de impedir. En 2002, el Ejecutivo de la Ciudad (Aníbal Ibarra) vetó la ley de reducción de la jornada laboral en el subte a seis horas (sin afectar salarios). Macri, más honesto, lo advierte por anticipado. Con este dictamen, la burocracia sindical da por concluida su responsabilidad frente a los despidos.
Después del envión inicial, sin embargo, el proyecto ha perdido el entusiasmo de parte de sus gestores –en especial en el Frente Renovador. De Mendiguren y Lavagna ya se han tirado en contra. Con picardía, buscan ahora que el proyecto se transforme en un subsidio al empleo, o sea que los contribuyentes carguen con los salarios –tipo Repro. La energía que las patronales ponen contra la doble indemnización escasea cuando se trata del tarifazo y de las tasas de interés (60% anual, en créditos), en el primer caso porque grandes pulpos tienen negocios en los servicios (Techint) o reciben exenciones, y en el segundo porque ellas mismas ponen la plata en Lebac en lugar de hacerlo en ‘fierros’. En definitiva, este dictamen sobre despidos terminará en la nada o incluso en nuevas cargas impositivas para financiar a las patronales. Es claro que el movimiento obrero y la izquierda no tienen nada que ganar con este episodio ignominioso de encubrimiento y falsificación. A lo sumo, la polémica sobre la “emergencia ocupacional” ilustra acerca de los contratiempos que empieza a sufrir el régimen de gobierno de coalición a la carta, donde Macri pacta por sorteo con los bloques ‘opositores’, a medida que emergen contradicciones en el ajuste y sube el enojo popular.
Izquierda y parlamento
Si la lucha contra los despidos y contra la rebaja salarial sólo puede ser encarada mediante la lucha y la acción directa, ¿cuál sería la función parlamentaria de la izquierda? Propagandear la necesidad de esa lucha y por sobre todo que hay una salida: ajuste mensual de salarios, jubilaciones y remuneraciones de independientes. La presentación de proyectos de leyes no tiene la finalidad de sembrar la ilusión en un atajo parlamentarista para obtener las reivindicaciones o para economizar fuerzas en la lucha, sino que apunta a contraponer el punto de vista obrero a los planteos patronales. Apunta a desmontar la mistificación de que la sociedad está condenada a someterse a la dominación y exigencias del capital. La izquierda ve en la lucha un desarrollo de la capacidad de acción del trabajador y de sus organizaciones; no un desgaste sino una potenciación, sin la cual no podrá resolver el impasse histórico que atraviesa la clase laboriosa.
Por una campaña de esclarecimiento en todos los sindicatos y lugares de trabajo. ¡Reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario!
Jorge Altamira
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