Hace unos días se ha conmemorado el 40 aniversario del golpe de 1976, que inició el período más sanguinario de la historia argentina reciente.
Durante el mismo, los militares, los grupos paramilitares y otras fuerzas de «seguridad» robaron bebés, secuestraron y mataron militantes sindicales, jóvenes estudiantes, abogados y otros profesionales, tomaron como rehenes y mataron a los familiares de los perseguidos, robaron los bienes en las casas asaltadas, se facilitó el asesinato, (en el marco del Plan Cóndor) de ciudadanos extranjeros como fue el caso del derrocado presidente boliviano Juan José Torres y de los políticos uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, entre muchos otros, se prohibieron libros por decreto, quemándolos en «ceremonias oficiales», etc1.
La Operación Cóndor ya funcionaba en 1974, como lo prueba el asesinato en Argentina el 30/9/74 (Gobierno de Isabel Perón) del general chileno Carlos Prats quien, como ministro de defensa, se mantuvo leal al Presidente Allende. Bastante antes existieron otras formas de coordinación represiva internacional2.
Quienes pretenden justificar la brutal represión de la dictadura 73-86 dicen que se trató de un enfrentamiento entre las fuerzas armadas y «grupos terroristas subversivos», lo que es inexacto. En el informe Nunca Más de la CONADEP se señala que «el 30,2 % de los detenidos-desaparecidos denunciados en la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas son obreros, y el 17,9 %, empleados (del 21 % que representan los estudiantes, uno de cada tres trabajaba)». Y agrega: «En el punto 2 (denominado «Misión») del decreto secreto 504/77 (Continuación de la Ofensiva contra la Subversión), que reemplaza y ordena incinerar la Directiva 222/76 («Operación Piloto en el Ámbito Industrial), se lee el siguiente texto: «El Ejército accionará selectivamente sobre los establecimientos industriales y empresas del Estado, en coordinación con los organismos estatales relacionados con el ámbito, para promover y neutralizar las situaciones conflictivas de origen laboral, provocadas o que pueden ser explotadas por la subversión, a fin de impedir la agitación y acción insurreccional de masas y contribuir al eficiente funcionamiento del aparato productivo del país».
La última frase del decreto secreto es de una claridad meridiana: el objetivo central de la represión era «disciplinar» a los trabajadores para «contribuir al eficiente funcionamiento del aparato productivo del país». Es decir intensificar la explotación capitalista sobre todo en las grandes empresas transnacionales. Es lo que se llamó la «modernización». Represión que se llevó a cabo con la participación activa de las mismas empresas y, en algunos casos, de burócratas sindicales.
Sobre este tema se puede leer un detallado estudio de Sabrina Yael Ríos: El movimiento obrero durante la última dictadura militar, 1976-1983
Alejandro Teitelbaum
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