El secretario de Derechos Humanos de la Nación implicado en los Panama Papers

Claudio Avruj es otro de los funcionarios del gobierno de Cambiemos que integra una compañía offshore. Como Macri, quiso despegarse aclarando que no tiene “participación accionaria”.

Según el Registro Público panameño, Avruj es el presidente de la empresa Kalushy, y su esposa, Elisa Virginia Alfie, la tesorera. La empresa Kalushy es una sociedad anónima creada el 27 de julio de 1992 que aún continúa vigente. El representante legal de esta sociedad anónima es el presidente y en su ausencia el tesorero, como consta en el Registro Público panameño, una institución estatal de ese país.
Es decir que los principales responsables legales de la empresa son el secretario de Derechos Humanos de la Nación y su esposa.
Poco original, Avruj dijo no tener ninguna participación accionaria en la compañía. Desde la Secretaría de Derechos Humanos utilizaron similar estrategia que el gobierno nacional a la hora de eximir de responsabilidad al presidente Mauricio Macri. A través de un comunicado la Secretaría sostuvo que la empresa que figura a nombre de Avruj no tiene movimiento bancario y que solo se tramitó la inscripción de la empresa a los efectos de cumplir con un trámite laboral, cuando el funcionario trabajaba en una ONG en Panamá.
Nada dijeron sobre la razón de por qué se le exigía tener una empresa offshore para ocupar un cargo en una ONG y mucho menos explicaron por qué no le dieron de baja a la sociedad anónima cuando Avruj dejó de pertenecer a dicha entidad, en el año 1995.
¿Se debería confiar en las explicaciones que da el responsable de las políticas de derechos humanos del gobierno de Macri? Por qué creerle a un funcionario que encubrió al exjefe de la Policía Metropolitana, Jorge “Fino” Palacios, que realizaba escuchas ilegales, entre otros, a familiares de víctimas de la AMIA, por lo que tuvo que renunciar a la Metropolitana y fue procesado por el presunto encubrimiento del atentado a la mutual judía.

Las Offshore no son transparentes

El discurso de Cambiemos radicó en mostrarse como transparentes. Sin embargo en estos días se hizo visible que este gobierno no difiere en lo sustancial con el gobierno kirchnerista.
Cuando lo mínimo que le podían pedir desde algunos medios, que presenten la documentación ante la prensa, para saber qué responsabilidad tiene el presidente y sus funcionarios en estos paraísos fiscales, la respuesta desde el gobierno fue unívoca: enviarán la documentación a la Secretaría de Lucha para la Corrupción, a cargo de Laura Alonso, para que “investigue”.
Pero Alonso ya había dictado sentencia, cuando aún no había visto la documentación y pocos minutos después de conocerse la noticia de que Macri aparecía en las listas de Panama Papers. Alonso aseguró que tener una offshore no es delito en sí mismo. Pero si la publicación de las listas que figuran en Panama Papers provocó y provoca un escándalo internacional, es porque las sociedades offshore están hechas para delinquir.

Cambiemos no quiere que nada cambie

Ayer la diputada Myriam Bregman del PTS en el Frente de Izquierda solicitó incorporar al temario de la sesión especial de diputados en el Congreso la discusión sobre despidos y tarifazos así como la convocatoria a Mauricio Macri a que asista al Congreso Nacional para que explique todo lo relacionado con las revelaciones del informe Panama Papers, que lo implican en cuentas y firmas que funcionan en paraísos fiscales.
Pero solo 89 diputados votaron a favor y 131 lo hicieron en contra. Se abstuvieron 16.
La mayoría de los diputados nacionales, de los bloques de Cambiemos, del Frente Renovador y otros partidos aliados del gobierno nacional, optaron por garantizarle impunidad al presidente Macri.
Con ese espaldarazo parlamentario a las firmas offshore de Macri, el secretario de Derechos Humanos Avruj puede quedarse, al menos por el momento, tranquilo.

Rosa D´Alesio