Costa Salguero, la sombra de Cromañon

El Frente de Izquierda reclamará la interpelación de funcionarios

La muerte de cinco jóvenes –y un número similar de hospitalizados- en una fiesta electrónica de Costa Salguero vuelve a colocar sobre el tapete a la “Ciudad Cromañón”. Nos referimos a la explotación de los jóvenes en aras de un entramado de negocios capitalistas, que van desde los concesionarios de espacios públicos y propietarios de boliches hasta el narcotráfico.
En Cromañon, se denunció hasta el cansancio la complicidad entre el Estado porteño y la llamada “industria del espectáculo”, para permitir el hacinamiento de jóvenes en lugares que no estaban en condiciones para agrupar multitudes o soportar siniestros. Ya en 2012, bajo el gobierno de Macri en la Ciudad, volvió a ocurrir en el boliche Beara, donde dos jóvenes murieron a consecuencia de un derrumbe. Entonces, fueron procesados funcionarios del área de habilitación por la percepción de coimas.
En este caso, la “zona liberada” para el lucro empresarial tuvo contornos más sofisticados. Se trata de la actuación impune de los traficantes de las llamadas “drogas de diseño”, los cuales, según testigos, circulan impunemente en las llamadas ´fiestas electrónicas´. Las metanfetaminas obligan a quienes la consumen a hidratarse, pero los testimonios señalan que los grifos de los baños se encontraban cerrados, para obligar a los consumidores a comprar botellas de agua. El precio de las botellas pequeñas, según se anunciaba en los días previos en el portal de la empresa organizadora Time Warp, era de 60$. Pero llegaron a cotizarse a 100$ en el curso de la fiesta. La “escasez” premeditada de agua delata la complicidad de los organizadores del evento con los dealers. Estamos, por lo tanto, ante una verdadera asociación ilícita para reventar la vida y la salud de la juventud. La responsabilidad se extiende a los propietarios del gigantesco salón, que no podían ignorar este manejo. En estas horas, la justicia ha clausurado Costa Salguero, un reducto preferido de los plenarios del PRO, y en cuya empresa concesionaria –que paga un canon ridículo a la Ciudad- participa Fernando Polledo Olivera, el esposo de la vicepresidenta primera de la Legislatura porteña. La Agencia de Control Comunal se limitó a informar que el lugar se encontraba “debidamente habilitado”. Pero es imposible pensar que semejante operación de intoxicación masiva a los jóvenes pudiera pasar sin la connivencia del Estado.
Nuestra banca del Frente de Izquierda reclamará este lunes la interpelación del presidente de la Agencia de Control Comunal, así como un informe exhaustivo sobre las condiciones de habilitación y concesión de Costa Salguero y sus predios; y la responsabilidad de los funcionarios y concesionarios en las megafiestas armadas en evidente connivencia con narcotraficantes.
Son estos mismos responsables empresariales y políticos los que persiguen a nuestra juventud con la portación de cara y el gatillo fácil, en nombre de la “moralidad”. La juventud debe ejercer con toda libertad su derecho al ocio – pero debe ser liberada de sus verdugos capitalistas, incluyendo a los narcotraficantes y sus cómplices estatales.

Marcelo Ramal