Industriales, Pymes, cámaras empresariales y corporaciones de distinto tipo se manifestaron en contra de la doble indemnización y el freno a los despidos al que llamaron “cepo laboral”.
Alegando “los intereses de los trabajadores”, el vocero de la Unión Industrial Argentina (UIA), José Urtubey, se declaró en contra del proyecto de ley para frenar despidos en el sector público y privado. “Peor el remedio que la enfermedad”, reclaman otros, “generará el efecto contrario” aducen también.
No es casual que este tipo de argumentos patronales sea similar al esbozado por el presidente argentino Mauricio Macri, quién aseguró que vetará cualquier ley “antidespidos” que apruebe el Congreso porque este tipo de leyes “detiene el crecimiento y crece el empleo en negro”, siendo uno de los empresarios más representativos del país e incluso recientemente descubierto por poseer empresas off shore en paraísos fiscales.
Son los empresarios (Macri a la cabeza) quienes, con la bandera de la preocupación por el desempleo, son los principales impulsores de cualquier límite o traba que imponga la lucha de los trabajadores contra los despidos. Un verdadero cinismo.
En declaraciones a Radio 10, Urtubey pronosticó que el proyecto antidespidos "va a generar un efecto contrario" al que se busca y reclamó "trabajar en el concepto de sustentabilidad en el empleo y no en este tipo de herramientas". "El Estado tiene que generar las condiciones que busquen incentivos tributarios para las Pymes. Hay que incentivar la generación de puestos trabajo y promover el primer empleo", agregó.
Por su parte, CAC y CAME, las principales cámaras empresarias del país también rechazaron la ley que impulsa la oposición que pide la doble indemnización en caso de despidos. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) aseguró que ya son más de 120.000 los puestos de trabajo perdidos en lo que va del año y cuestionó la política económica y las tasas de referencia del Banco Central.
En tanto la Cámara Argentina de Comercio (CAC) manifestó que “resulta inoportuno y falto de fundamento" el proyecto para frenar los despidos y por su parte, la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) reclamó al Estado "políticas activas" y alertó a los legisladores a evitar iniciativas que "podrían convertirse en un remedio peor que la enfermedad".
El proyecto de la oposición de la Cámara de Diputados plantea despidos hasta el 31 de diciembre de 2017, mientras que el del Senado lo hace por 180 días, pero sólo uno podría prosperar.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) también se mostró en contra de esta iniciativa y advirtió que si se aprueba ese proyecto se crearían "niveles de conflictividad alarmantes" para el sector. No faltó la amenaza de “cierres” de establecimientos generada para que este proyecto no interfiera en su normal funcionamiento de sostenimiento de la rentabilidad.
“Ajustar”, suspender personal, realizar despidos cuando se frena la dinámica de ganancias es la forma corriente de deshacerse de las pérdidas, o “derramarlas” hacia los trabajadores. El freno a la economía que está llevando adelante el gobierno argentino mediante sus políticas de “congelamiento” monetario y recorte del gasto trae como consecuencia un estancamiento (y retroceso) del consumo y de la inversión que no está en los planes de los empresarios absorber.
Y siguen las amenazas: "Implementar la doble indemnización crearía niveles de conflictividad alarmantes para las PyMES, especialmente en las más pequeñas, que llevarían al cierre definitivo de muchas de ellas", señaló la entidad en un comunicado. ¿A qué conflictividad se refiere?
CAME sostuvo que "Más de 120.000 despidos han provocado una fundamentada preocupación de Senadores y Diputados de la Nación que obliga a buscar alternativas para detener ese flagelo en el sector público y privado y que afecta a los trabajadores y a miles de familias argentinas. Pero en esa búsqueda, hay que dimensionar que en el sector privado, y especialmente en las pequeñas y medianas empresas, esa situación ocurre por la caída en los niveles de producción provocada por la retracción en la demanda de consumo, por la casi nula demanda de inversión, por las aceleración de la inflación, y por las altísimas tasas de interés del mercado”.
Concluye que "En esas condiciones, implementar la doble indemnización crearía niveles de conflictividad alarmantes para las Pymes, especialmente en las más pequeñas, que llevarían al cierre definitivo de muchas de ellas".
Como se ve, el argumento es -aludiendo a las pequeñas y medianas empresas- que si las pérdidas son tales como para cerrar, tampoco habría dinero para abonar la doble indemnización. Sin embargo, en primer lugar todos estos años hubo dinero –y de sobra- que engordó los bolsillos patronales siendo muchos de ellos los principales responsables de la fuga de divisas al exterior. En segundo lugar, por ahora no es el panorama de “cierres masivos” el que está ocurriendo en el sector productivo, pero sí un fuerte avance de los despidos y la pérdida de empleos como medidas patronales para evitar la caída de sus ganancias. Son los propios patrones los que producen los despidos, amparándose en los impactos negativos de las políticas del gobierno sobre la actividad económica. No sorprende entonces que sean los primeros en poner el grito en el cielo ante una medida de defensa propia de los trabajadores, que es resguardar su fuente laboral.
LID
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