Salario ajustado

La baja del salario, vía la inflación, junto a decenas de miles de despidos, es el principal ataque a los trabajadores. El viernes las centrales sindicales harán un acto. La izquierda y el sindicalismo combativo participará de manera independiente.

La devaluación, la quita de retenciones a muchos sectores patronales, los tarifazos en beneficio de las privatizadas de servicios públicos, junto con el desenfreno con que las empresas remarcan precios, desataron una escalada inflacionaria que está deteriorando velozmente el salario.
A pesar que el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, haciendo uso de una desopilante teoría, negó que la devaluación vaya a impactar en la inflación, todos los precios se modificaron al alza, incluso antes de la asunción del gobierno de Cambiemos.
No tuvieron la misma suerte los salarios de una gran parte de la clase trabajadora que siguen siendo los del año pasado. Con precios nuevos y salarios viejos la carestía avanza sobre el pueblo trabajador.
La inflación que mide la Ciudad de Buenos Aires (insospechada de opositora) fue de 3,3 % en marzo, 11,9 % en el primer trimestre y en términos anuales alcanza el 35 %. La medición de San Luis, otra de las referencias frente al “default estadístico” nacional, indica un 3 % en marzo, 10,2 % en el primer trimestre y 37,3 % de inflación anual.
Pero la escalada no se detiene. Teniendo a la vista abril muchos analistas económicos empiezan a hablar de una inflación mensual que podría alcanzar el 7 % debido a los aumentos en el transporte, el agua, el gas y las naftas. A un ritmo de 4 % mensual, como venía siendo en promedio hasta marzo, la inflación podría alcanzar al 60 % anual.
A esta altura ya nadie cree en las metas del ministro Prat Gay que decía que durante el año la inflación sería del 25 % anual. Ese objetivo ni siquiera podrá lograrlo aun con el efecto de la recesión erosionando la actividad económica.
El deterioro del salario real (la pérdida de su poder de compra) es la clave de toda devaluación, cuyo fin último es recomponer las ganancias empresarias. La devaluación debe superar en proporción a la inflación y esta al incremento de salarios. Ese es el “secreto” de una devaluación exitosa desde el punto de vista de los capitalistas.
La suba del dólar fue aproximadamente 50 % entre diciembre y marzo, mientras que la inflación para el mismo período se ubica alrededor del 15 % y los salarios se quedaron quietos en la mayoría de las ramas. Para mantener esta ventaja que sacaron las patronales desde diciembre el gobierno declaró la guerra al salario.

La extorsión de los despidos

A poco de asumir el ministro Prat Gay lanzó otra de sus máximas: “cada gremio sabrá hasta qué punto puede arriesgar salarios a cambio de empleos”. Cabe aclarar que se trata de una “paloma” del gabinete que brega por el ajuste “moderado”.
Esa declaración fue una extorsión lisa y llana para que los trabajadores no salgan a defender su salario bajo la amenaza de la desocupación. Consecuente con esa premisa la política económica recesiva con ajuste, restricción monetaria y encarecimiento del crédito ya se cobró decenas de miles de puestos de trabajo.
La burocracia sindical en estos meses no defendió ni el salario ni el trabajo. Es una ilusión que el que "no hace olas" mantendrá el “statu quo”. El inmovilismo no sólo lleva a perder el salario, sino también a poner en riesgo el trabajo. Por eso la izquierda plantea la organización desde las bases y un plan de lucha para recuperar el salario y enfrentar los despidos.
El SMATA, que dirige el entregador serial, Ricardo Pignanelli, aceptó el mes pasado una paritaria por seis meses con 7,5 % de aumento entre enero y marzo más el 11% entre abril y junio (alrededor de 20 % semestral). A pesar de la moderación en el acuerdo salarial siguen en riesgo los puestos de trabajo: en el gremio avanzan los despidos, las suspensiones y los retiros voluntarios.
Es sólo una muestra que el ajuste del macrismo es sobre el conjunto de las condiciones de vida del pueblo trabajador: ataca tanto el salario como el empleo.
Hace unos días Jorge Triaca, el ministro de Trabajo, negó que haya una ola de despidos. La realidad dice otra cosa.
Frente a la ausencia de datos oficiales proliferan los cálculos privados, algunos más cuestionados que otros. Según la consultora Tendencias Económicas los despidos sumaron 127 mil en los primeros meses del año.
El propio ministro de Modernización, Andrés Ibarra, confirmó 11 mil despidos en la Administración Pública Nacional. Si se le agregan los despidos en provincias y municipios el número llega a 25 mil empleos públicos destruidos. Restando las bajas en el ámbito público, hay otros 100 mil despidos en el ámbito privado, de los cuales una gran proporción corresponde a puestos perdidos en la construcción.
Según la última Encuesta Permanente de Hogares, que contiene datos correspondientes al tercer trimestre de 2015, había 11,3 millones de ocupados y 709 mil desocupados (5,9 % era la tasa de desocupación) en los 31 aglomerados urbanos relevados. Luego de ese trimestre no hay nueva información por el “default estadístico” de Cambiemos.
Esos datos están cuestionados por la manipulación estadística del gobierno anterior, encabezado por Cristina Fernández, pero, tomándolos como parámetro para tener algún punto de comparación, los 127 mil nuevos desempleados que registra Tendencias Económicas significan un 18 % de aumento en relación a los 709 mil desocupados de aquel trimestre o una caída de 1 % entre los ocupados.
Se trata de una destrucción de empleo nada despreciable para sólo los primeros meses del año y para los efectos inmediatos de la política económica recesiva que aplica el macrismo.
Por eso, los datos y cifras de empleo se transformaron en un campo de disputa entre la negación de Cambiemos y la pose combativa de la oposición patronal.
La semana pasada la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados de la Nación aprobó por mayoría un proyecto consensuado entre diferentes bloques de la oposición para prohibir los despidos de manera retroactiva desde el 1° de marzo 2016 hasta 31 diciembre de 2017.
En simultáneo la Cámara de Senadores aprobó en comisión otro de menor alcance que podría llegar a debatirse durante el día de hoy en una sesión especial de la Cámara solicitada por la oposición.
La diputada del PTS en el Frente de Izquierda, Myriam Bregman, presentó un proyecto más avanzado que incluye la prohibición por dos años de las suspensiones y despidos y la estatización bajo control de los trabajadores de toda fábrica o empresa que cierre. Además contempla a los trabajadores no registrados o “en negro”.
Sin embargo, si avanzase el proyecto consensuado sería un paso adelante para proteger en lo inmediato a los trabajadores que están siendo afectados.
Por eso Mauricio Macri emprendió una cruzada contra cualquier ley que prohíba los despidos. El lunes anunció el envío al Congreso del plan denominado “Primer Empleo”, que más que un beneficio para los jóvenes que buscan iniciarse en el mercado laboral es un nuevo intento de flexibilización laboral con enormes beneficios para las empresas.
La cruzada oficial contra una ley que prohíba los despidos escaló durante el martes con una fuerte presión sobre los gobernadores para que influyan sobre sus legisladores. Esos hombres ya demostraron cuan firmes son cuando votaron la entrega a los fondos buitre a cambio de promesas de fondos frescos para las provincias.

El acto de las centrales

Este viernes 29 las tres CGT y las dos CTA marcharán al Monumento al Trabajo para realizar un acto donde reclamarán contra los despidos y por el deterioro del salario. Hugo Moyano será el orador que cierre la jornada.
Pablo Moyano, su hijo y titular del gremio de Camioneros, dijo que "se terminó la paciencia". Pero la medida llega luego que la inflación ya hizo su trabajo sobre el salario y las patronales despidieron trabajadores en gran número.
La izquierda marchará de manera independiente de las cúpulas sindicales. Claudio Dellecarbonara, miembro del Secretariado Ejecutivo del sindicato de los trabajadores del Subte (AGTSyP) y dirigente del PTS en el Frente de Izquierda, declaró que “desde la izquierda y el sindicalismo combativo estamos planteando en todos los lugares de trabajo la propuesta de participar del acto, pero de forma independiente de los dirigentes que lo convocan. Las demandas de la convocatoria son justas, aunque insuficientes y no podemos dejar de señalar que en los últimos meses sufrimos una escalada inflacionaria enorme que afectó el bolsillo de los trabajadores, así como decenas de miles de despidos, sin que estos dirigentes hayan llamado a un solo paro nacional”.
Dellecarbonara continuó diciendo que “los trabajadores y nuestras familias no tenemos tanta paciencia como las cúpulas sindicales. Por ese motivo, iremos al acto de forma independiente a exigirles un paro nacional con movilización en las calles que sea un primer paso para comenzar a enfrentar en serio el ajuste”. Y completó: “es necesario luchar por paritarias libres y sin techo, por un salario igual a la canasta familiar, por la prohibición de los despidos y suspensiones, contra los tarifazos en los servicios públicos, contra el impuesto al salario, por acabar con la precarización laboral, y por aumentos de emergencia en jubilaciones y planes sociales, entre algunas de las principales demandas”.

Pablo Anino