El largo fallo de la Cámara tucumana que anuló las elecciones condensó un debate ideológico político y dejó en evidencia lo que une a los llamados “nacional populistas” y los “liberal republicanos”.
Las cerca de cincuenta páginas del fallo de la Sala 1 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la justicia tucumana sintetiza los argumentos de ambas partes y es ilustrativo del enfrentamiento político que se desarrolla en la provincia.
Dos son los fundamentos centrales que aceptaron los camaristas de parte de los demandantes (la coalición “Acuerdo para el Bicentenario” que llevaba a José Cano como candidato) para hacer lugar al pedido de anulación.
Por un lado, la existencia de prácticas clientelares con pruebas basadas en los medios periodísticos, incluida la "confesión" del actual gobernador, José Alperovich, sobre la entrega bolsones que -según su versión-, igualmente no modificaron el resultado.
Por otro lado, que la Junta Electoral Provincial, en complicidad con la Gendarmería Nacional, se negó a remitir al Tribunal las filmaciones de las cámaras de seguridad del lugar donde estaban resguardadas las urnas.
Pero lo llamativo fueron los argumentos cruzados en torno a la primera cuestión: el clientelismo.
La resolución de la Cámara relata que la defensa del FpV adujo “que en última instancia, puede señalarse que nadie puede negarle a ningún elector el derecho (sic) a recibir todos los bolsones que quisiera y de ser trasladado gratuitamente a los lugares de votación cuantas veces le plazca (...)”. Luego viene el argumento más interesante: esto no implicaría problema alguno, salvo porque puede herir “la susceptibilidad de aquellos que se consideran con superioridad para juzgar a otros, revestidos de una superioridad que nadie les asignó”.
Por momentos los escritos deslizan una polémica con dos fundamentos ideológicos diferentes, pero que tienen la misma naturaleza paternalista o tutelar.
Los defensores del FpV rechazan enérgicamente “la presunción descalificadora del elector ‘ignorante’, que debe ser cuidado por el elector ‘inteligente’”.
Mientras que los demandantes y la Cámara responden con la defensa sagrada del “derecho a votar libremente por el candidato de la propia elección, la esencia de la sociedad democrática, y cualquier restricción a este derecho golpea el corazón del sistema representativo”.
Unos son defensores inclaudicables frente a la descalificación de los pobres e “ignorantes”; los otros, los gendarmes de la esencia de su libertad.
El clientelismo es cuestionado desde un bando con finos argumentos liberales que aseguran que es un condicionante inaceptable para los ciudadanos que deben ser teóricamente “libres” para llevar adelante su decisión.
De la otra parte, el clientelismo es respaldado como un "derecho" que solo pueden cuestionar los infames elitistas que se consideran superiores. De esta manera, los buenos y comprensivos “populistas” conceden con desinteresada generosidad el derecho de los pobres a no morirse de hambre.
Unos hacen una defensa paternalista y perversa de un método que utiliza la situación de pobreza generada por sus propios gobiernos, para sus fines políticos; y otros responden con un cuestionamiento moral o ético vacío.
Sin embargo, en algo confluyen los habitantes de los dos lados de la “grieta” que con distintas versiones cruzó toda la historia nacional: ambos naturalizan la existencia de la pobreza y se postulan como los mejores tutores de la “vida de los otros”.
Parecen parafrasear el viejo axioma evitista que afirma que "donde hay una necesidad, hay un derecho", y actualizarlo a los tiempos que corren: "donde hay una necesidad, hay una interpretación".
La “lucha de clases medias” en medio de la disputa electoral. La “batalla cultural”, traducida al críptico lenguaje de la justicia.
Esto pone de manifiesto que en la crisis tucumana se juega mucho más que la democracia formal, aunque efectivamente están avasallados derechos democráticos elementales, como el que expresa la distorsión bochornosa de los acoples.
Pero la crisis política abierta deja al desnudo los problemas profundos de una estructura social y económica que es garantía de la desigualdad de clases, la explotación y la pobreza en la que se apoya la “democracia” tucumana.
Esta realidad es una ley suprema y natural para ambas fracciones que disputan el poder. Y tienen un profundo consenso común: dentro de esa ley todo, fuera de esa ley, nada.
Fernando Rosso
La Izquierda Diario
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