Supuesto atentado en la central de policía: el Partido Obrero reclama investigar a fondo la maniobra de la cual fue víctima

Apelamos el rechazo del juez Ramos a nuestra presentación como querellantes.

El Partido Obrero, a través de sus abogados, apeló la insólita resolución del juez de primera instancia Sebastián Ramos, quien rechazó nuestra presentación como querellantes en la causa que investiga el hallazgo de un explosivo frente a la central de policía el pasado 5 de enero. Junto al artefacto fue hallado el mensaje apócrifo “Liberen a los argentinos presos en Congreso o seguirán los atentados. Partido Obrero”, tallado en una chapa metálica.
Para el juez a cargo de la instrucción, sin embargo, el Partido Obrero no se encontraría afectado por los hechos investigados, a pesar de la clara pretensión de los autores de involucrar a nuestra organización. Esta maniobra se produce, además, en el marco de una creciente persecución política, especialmente dirigida contra la izquierda, luego de las grandes movilizaciones y la represión del 14 y 18 de diciembre. Al momento del frustrado atentado, nuestro compañero César Arakaki ya se encontraba preso en el penal de Marcos Paz y la detención de Dimas Ponce era inminente. Vale recordar que, en ese contexto, Patricia Bullrich lo tipificó como un acto de “violencia política”, antes de que se estableciera fehacientemente la identidad de los autores. La pretensión de la ministra, sin matices, fue la de emparentar el hallazgo del explosivo con los “incidentes” que tuvieron lugar frente al Congreso dos semanas antes, prosiguiendo la línea de criminalización de las movilizaciones contra el robo a los jubilados, impulsadas a través de los jueces Torres y Bonadio.
En estos momentos, se encuentra procesada con prisión preventiva una persona, Claudio Martín Kusy, de 39 años, un ex adicto que vive en situación de calle. El juez lo acusa nada menos que por el delito de “intimidación pública”. Sin embargo, la familia de Kusy asegura que se trata de una causa armada y que Kusy ni siquiera estuvo en la zona de los hechos. Según Perfil (20/1), el taxista que declaró haber trasladado al responsable de la colocación del artefacto negó que Kusy fuera su pasajero ese viernes 5 de enero. Por su parte, según declaraciones del jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia, hubo “artefactos similares colocados en otros lados” (Infobae, 5/1).
Lo cierto, hasta ahora, es que en las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad –al menos en las que fueron difundidas por los medios de comunicación– se aprecia que son dos las personas que transportaron e instalaron el artefacto, pero sus rostros no son visibles. Hubo otros dos detenidos pero fueron liberados por falta de mérito, según dictamen del juez Ramos. Por otra parte, el hallazgo mismo del artefacto, en uno de los puntos más custodiados de la Ciudad, encierra varias incógnitas. Según la versión oficial, un bombero de civil que transitaba frente al Departamento Central de Policía sintió olor a pólvora.
Para el Partido Obrero es de crucial importancia esclarecer la autoría de esta provocación política contra nuestra organización, ya que el interrogante planteado es si se trata realmente de un delito de “intimidación pública”, donde el Estado es el agredido –fue un atentado “contra las instituciones”, según Bullrich–, o si, por el contrario, es éste el que utiliza métodos ilegales para criminalizar a organizaciones y partidos políticos opositores. El hecho de que el mensaje apócrifo fuera escrito en una chapa de metal revela la intención del autor de garantizar que éste trascendiera a la explosión. Su objetivo evidente era dañar la imagen pública del Partido Obrero. Por este motivo, la decisión del juez Ramos de rechazar nuestra presentación para impulsar la investigación es absolutamente arbitraria y la Cámara de Apelaciones debe ordenar hacernos lugar en la causa.

Jacyn