La habilitación del debate parlamentario sobre aborto, anunciado por el gobierno, abre un terreno de agitación política al respecto de un reclamo histórico del movimiento de mujeres.
Antes de introducirnos en las oportunidades que se presentan para avanzar en la conquista de un derecho largamente reclamado por el movimiento de mujeres, tenemos que caracterizar las razones que llevan al macrismo a dar este paso, para así poder explotar con la mejor precisión esta iniciativa, cuyo impulso no está movido por el interés en mejorar la vida de las mujeres que mueren, quedan mutiladas, van a la cárcel o son perseguidas, ni basados en el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Esta afirmación tiene su sustento en el contexto de ajuste, despidos, precarización y pérdida de poder adquisitivo que viven los trabajadores en general y las mujeres en particular.
El tema viene gravitando en la estrategia política macrista desde hace tiempo, como fruto de las tensiones con la Iglesia y como consecuencia del creciente movimiento de mujeres en las calles. La decisión de lanzarlo luego del #21F está directamente ligado al intento de extorsionar al clero que se colocó en el terreno de Moyano, los movimientos sociales y el sector del PJ que participó de la convocatoria del camionero.
A principios del mes de febrero, la senadora de la provincia de Buenos Aires, Daniela Reich, había ya hablado en nombre de Maria Eugenia Vidal, posicionándose contra el aborto legal y a favor de la apertura del debate. La vocera gubernamental de la actual iniciativa, Carmen Polledo, presenta el tema de idéntica manera. Paralelamente salió de gira mediática el médico y diputado UCR-Cambiemos de Río Negro, Sergio Wisky, quién está a favor del aborto legal. No obstante la apertura del debate de parte del gobierno tiene mayoritariamente un contenido reaccionario. Toda la plana mayor de Cambiemos está en contra de la legalización y los responsables parlamentarios de ambas cámaras aportaron su punto de vista para evitar la inquietud del clero y otros aliados enemigos del aborto legal.
El tratamiento prometido no se reducirá al proyecto de aborto legal, sino que será complementado con proyectos relativos a acelerar trámites de adopción, de generar subsidios para mujeres gestantes o incluso a uno resistido también por el clero, el de rehabilitar tratamiento al vientre subrogado o alquiler de vientres. La ONG “ProVida” y otros clericales desfilan por los medios elogiando la política de Cristina Kirchner, quien en 2011 presentó el subsidio para las embarazadas en consonancia, justamente, con su oposición al aborto legal y como una política positiva para evitar la práctica en los casos en los que lo que mueve a la mujer es la indigencia o la pobreza en la que está sumergida. Un subsidio de $1.000 para una persona sin trabajo y pobre no constituye ninguna modificación de las condiciones materiales y, presentado así, constituyen una estafa y una maniobra.
Cuando Cristina Fernández de Kirchner elevó al Congreso el proyecto de Código Civil, los juristas que intervinieron en su formulación tuvieron que ver cómo, sin previo aviso, CFK cerraba su formulación final con la Iglesia Católica, modificando el artículo 19, relativo al origen de la vida humana, y retirando el artículo que habilitaba la subrogación de vientres. Este articulo fortaleció la posición jurídica concreta de los militantes antiderechos que hoy no dejan de citarlos para bloquear el avance del aborto legal.
Con esta estrategia parlamentaria, el macrismo pretende anotarse un punto como demócrata por la apertura del debate, sin que necesariamente eso signifique un avance en la legalización.
Crisis
Por otra parte, el gobierno se encuentra en una fuerte encrucijada. Dispuesto a seguir ajustando y despidiendo, sin poder frenar la disparada inflacionaria y la fuga de capitales, desde hace meses que no para de caer en la consideración popular como fruto de los golpes que le está asestando a sus propios votantes. La movilización popular de diciembre contra la reforma previsional modificó fuertemente la intervención de las masas frente a estos ataques, al punto de obligar al gobierno a postergar el tratamiento de la reforma laboral. En medio de esta realidad, el oficialismo pretende cerrar paritarias al menos 10 puntos a la baja y aplicar tarifazos de más del 40% en el gas y del 65% en el transporte, entre otros ataques. Pocos temas pueden producir un efecto más distraccionista de la realidad económica y social que el del aborto, en esa capacidad también reside su potencia como reclamo arraigado en el movimiento de mujeres y más allá. Asimismo su naturaleza también puede colocar en el centro de la escena la realidad económica y social que se pretende ocultar a través de la fuerte cuestión de clase que subyace a la problemática del aborto y esa condición, sin lugar a dudas, también lo vuelve peligroso para la estrategia gubernamental, porque puede convertirse en un gran agitador social y causa de un crecimiento en la organización de las mujeres. Quienes buscan asestar un golpe histórico a la clase obrera recurren a actos de fuerte impacto e incluso peligrosos para sí mismos para poder alcanzar sus objetivos.
Vanina Biasi
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