Se consumó el robo a los jubilados

La mínima será de $ 7.660,42

Se concreta el robo a los jubilados. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó que la jubilación mínima se incrementará $ 413,78 en marzo (5,71%), al pasar de $ 7.246,64 actuales a $ 7.660,42. Esto significa un ingreso por debajo del 50 % de la canasta de jubilados estimada por la Defensoría de la Tercera edad.
De esta manera debutará el primer aumento con la movilidad previsional votada en diciembre último gracias al aval de los gobernadores. La ley consensuada por Cambiemos con el peronismo "dialoguista" que lidera el senador Miguel Ángel Pichetto establece que desde marzo las jubilaciones, pensiones y AUH se actualizarán en forma trimestral en base a un sistema combinado entre la variación de la inflación (en un 70%) y del aumento salarial promedio (un 30%). Sectores de la oposición denunciaron que, con la anterior fórmula, el aumento de marzo rondaría el 14,5 %. En tanto, el importe de la Prestación Básica Universal (PBU) -uno de los componentes del haber jubilatorio- y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) aplicable a partir de marzo será de $3.619,07 y $6.128,34, respectivamente.
Por otro lado, también se incrementan las asignaciones familiares para los trabajadores formales y aquéllos que perciben la AUH. En ese caso, el complemento pasa de $ 1.412 a $ 1.493. La Asignación por Hijo con Discapacidad se elevará de $4.606 a $4.869.
Por su parte, la resolución 32/2018 fijó la suma de $ 1.740 para la asignación por nacimiento; $ 10.427 por adopción y $ 2.607 por matrimonio.
En el caso de la asignación prenatal y por hijo, se fijaron valores de entre $ 1.493 y $ 3.223, según ubicación geográfica; para los ingresos de grupo familiar (IGF) hasta $ 23.173; entre $ 1.005 y $ 2.651 para ingresos hasta $ 33.988; entre $ 605 y $2.395 para ingresos hasta $ 39.240; y entre $ 310 y $ 1.216 para ingresos hasta $ 94.786.
Para hijos con discapacidad se fijaron valores entre $ 4.869 y $ 9.731 para IGF hasta $ 23.173; entre $ 3.442 y $ 9.385 hasta $ 33.988; y entre $ 2.171 y $ 9.038 para el resto de los ingresos.
La ayuda escolar anual se estableció en valores entre $ 1.250 y $ 2.496, de acuerdo con la ubicación geográfica.
En el caso de los jubilados y veteranos de Malvinas, se determinó una asignación por cónyuge de $ 359, y de $ 716 para los residentes en la Patagonia.

Los jubilados siguen perdiendo poder adquisitivo

En un informe especial del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el Centro de Estudios Políticos Para Personas Mayores (CEPPEMA) y la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria (ALGEC), se realiza un análisis comparado de las jubilaciones mínimas en Argentina para el período 2015-2017 y se concluye, entre otros aspectos, que, considerando el IPC ‐ CABA, el haber mínimo perdió 6,8% de poder adquisitivo en ese lapso.
También se analizan, entre otros aspectos, el impacto de la reforma previsional, el poder de compra de los haberes y la relación entre poder adquisitivo y medicamentos.
En el período 2003-2015, podemos destacar una política de expansión previsional que ubicó a la Argentina entre los mejores posicionados en este rubro. El aumento de la tasa de cobertura fue casi 30 puntos porcentuales hasta llegar a un 97% y la institucionalización de la movilidad como reajuste semestral de los haberes previsionales le dieron dinamismo y previsión al sistema.
A contramano de esto, el actual gobierno implementó la ley de “Reparación Histórica” y la Ley 27.426 denominada “Reforma Previsional”.
En dicha reforma, se desglosa en lo conceptual las implicancias negativas que representa: la modificación de la fórmula de reajuste, que al cambiar la ponderación de las variables que toma, perjudica directamente el bolsillo de nuestros jubilados y pensionados.
Asimismo, el sistema se aleja de los criterios de igualdad y equidad, como consecuencia de la discriminación planteada entre los jubilados “con 30 años de servicios” y los jubilados “por moratoria”, en detrimento de estos últimos que quedan afuera de la garantía del 82% del salario mínimo vital y móvil. Esta diferenciación también fue aplicada por el PEN a la hora de fijar por Decreto un bono extraordinario pagadero en marzo por única vez que para los jubilados por moratoria ascenderá a $ 375 y para los jubilados con 30 años de aportes será del doble, es decir, de $ 750.
En este informe se analiza la pérdida de dinero que el actual sistema produce respecto al anterior, destacando que la pérdida de poder adquisitivo es aún mayor en este contexto inflacionario que incluso perjudica más a la canasta de bienes y servicios de nuestros adultos mayores. A modo de ejemplo, si tomamos la jubilación mínima en ambos casos y a jubilados que hayan realizado aportes, la pérdida acumulada en el 2018 con la nueva ley asciende a $ 4.138, mientras que aquéllos que se hayan jubilado por moratoria, perderán a diciembre de este año un importe de $ 4.588.
Ampliando el análisis de la pérdida del poder de compra de los jubilados a diciembre de 2018, se ratifica su tendencia decreciente conforme los relevamientos de productos realizados. Mientras que el haber aumentó un 69% desde noviembre de 2015 hasta la actualidad, algunos precios de productos de consumo masivo sufrieron incrementos muy por encima: llegando a haber aumentos como en el caso del aceite que subió 211,40%.
Esta disminución del poder de compra se manifiesta también en los medicamentos, rubro que representa especial importancia para los jubilados con incrementos entre 75% al 173% desde noviembre de 2015 hasta la actualidad.
Recordemos que con la nueva fórmula esta brecha entre haberes y canasta de bienes y servicios se seguirá aumentando y tornando cada vez más inalcanzable.

Las mujeres son las más perjudicadas por la reforma previsional

La reforma previsional impulsada por el oficialismo significa un retroceso para las amas de casa y trabajadoras domésticas informales que pudieron acceder a la jubilación en la última moratoria sin tener los aportes suficientes.
La falta de aportes de las mujeres se debe, en la mayoría de los casos, a las tareas domésticas no remuneradas -como ser ama de casa y criar a los hijos- y a las actividades informales, donde los empleadores no pagan las cargas sociales. Según el Ministerio de Trabajo, la principal actividad económica de las mujeres es el empleo doméstico, el de mayor nivel de informalidad y precariedad.
“Desde el 2004 hasta el 2016 la moratoria funcionó en los hechos como una jubilación para las amas de casa, algo para lo que no hay ley. El 86 % de quienes se jubilaron por la moratoria fueron mujeres: amas de casa full time o part time , que dejan de trabajar por algunos años mientras los hijos son chicos y después vuelven o madres que trabajan pocas horas para combinarlo con la crianza”, explicó Mercedes D’Alessandro, de Economía Feminista.
¿Qué va pasar con estas mujeres? Descartada la moratoria, desde Cambiemos lanzaron la Pensión Universal para el Adulto Mayor que equivale al 80 % de una jubilación mínima, unos 5.700 pesos al día de hoy, y eleva a 65 años la edad para jubilarse. “Como la nueva ley deja afuera a todas las trabajadoras domésticas y amas de casa sólo van a poder recurrir a la pensión para la vejez que lanzó Cambiemos, lo que es un pasaporte directo a la pobreza. Están fabricando nuevos pobres”, sostuvo la economista y remarcó la importancia de incluir la perspectiva de género en el tratamiento de estas leyes también.
Las primeras en advertir que las mujeres eran las más perjudicadas con la reforma previsional fueron las propias mujeres y desde el movimiento Ni Una Menos convocaron a movilizarse, como lo hicieron miles de personas, a la puertas del Congreso. “Con recortes a jubiladxs, AUH y pensiones no contributivas no hay Ni Una Menos”, dijeron. “El 62 % del total de jubilados son mujeres. Las mujeres cobran 24,5 % menos de jubilación por ser mujeres. El 86 % de quienes ingresaron a la moratoria son mujeres. El 99 % de quienes administran la AUH son mujeres. ¿A quién perjudica más la reforma previsional?”, tuitió la periodista de Página 12 e integrante del movimiento, Luciana Peker.
La socióloga Alejandra Beccaria, investigadora del Equipo de Seguridad Social, del Instituto del Conurbano, de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) advierte: “La discriminación entre quienes accedieron al beneficio previsional por el cumplimiento de los años de servicios y quienes lo hicieron a través de las moratorias tiene efecto inmediato en la implementación del bono compensador y tiene efecto aún más grave en adelante porque da a quienes accedieron sólo por el cumplimiento de los requisitos de aportes la garantía del 82% del salario mínimo vital y móvil, mientras que a quienes accedieron por moratoria no les establece esa garantía”.
Los varones que accedieron a la jubilación por moratoria son uno de cada diez. En cambio las mujeres que aseguraron su ingreso por esa vía son casi la mitad de las que se encuentran jubiladas. Por eso, Claudia Danani, especialista en política social, también del equipo de Seguridad Social de la UNGS, remarca el machismo de las políticas públicas actuales contra las mayoría de las mujeres mayores: “Es posible suponer que si la distancia entre uno y otro grupo creciera al grupo de “jubiladas/os por moratoria” se les establecería el mismo piso de la Pensión Universal para Adultos Mayores: 80 % del haber previsional mínimo. Esa política de diferenciación, que en la Ley se justifica con la expresión “proporcionalidad que premia el esfuerzo de cotización”, castiga (otra vez) a las mujeres que trabajaron en condiciones de mayor irregularidad, desprotección y precariedad. Contra la idea de que la moratoria fue aprovechada por “señoras bien que usan el dinero para salir con sus amigas” (escandalosa imagen sexista que transmite lo superficial y ocioso de la vida de las mujeres), los datos indican que sólo un 25 % de las mujeres que accedieron a la jubilación con la moratoria nunca aportaron ni trabajaron y que, en cambio, en la otra punta, el 31 % de ellas lo hizo durante más de 25 años. Un país más justo debe compensar por esa desigualdad, no consagrarla”.
En ese sentido, la Doctora en Economía Mercedes D’Alessandro, integrante de Economía Feminista, critica: “El gobierno de Cambiemos con esta reforma previsional está fabricando nuevos pobres: las amas de casa, las y los trabajadores precarizados, aquéllos que no han podido completar los treinta años de aportes que demanda la ley solo podrán acceder a una pensión universal que hoy apenas llega a los 5.700 pesos”.
Se suma el recorte de la Asignación Universal por Hijo, que en el 99 % de los casos lo reciben las madres.
La Asignación Universal por Hijo y la prestación por embarazo, actualmente, representan 1.412 pesos mensuales. La AUH debería subir en marzo, si no se hubiera aprobado la reforma previsional, a 1.616 pesos, según la estimación del periodista y economista Alejandro Bercovich, con un aumento que tendría que haber sido del 14,5 %. Sin embargo, se va a quedar en 1.492,49 pesos (más un bono por única vez) con una actualización desinflada del 5,7 %. La quita por cada hijo/a de la Ley aprobada representa 124 pesos por mes por cada chico y chica y una pérdida neta por hijo de 470 pesos (contando el bonus track sacado de la galera por el gobierno nacional después de las protestas). Por lo tanto, con un precio de mercado de 20 pesos por litro de leche (Sancor) la baja en la AUH implica 6,2 sachets de leche menos para cada piba o pibe, por mes, como efecto de la Ley aprobada entre protestas y cacerolas.

Ex combatientes de Malvinas perderán en marzo 2.000 pesos

Poco antes de Navidad, ex soldados conscriptos de Malvinas presentaron un recurso de amparo ante la Justicia federal contra la reforma previsional. El argumento del colectivo integrado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) y el Centro El Veterano Ex-Combatiente Islas Malvinas (CEVECIM) radica en la inconstitucionalidad de la Ley, que viola también tratados internacionales firmados por la Argentina.
La reforma los perjudica directamente. “ Con este nuevo régimen que se quiere aplicar, nosotros en marzo estamos perdiendo un promedio de $ 2.000 por cada uno de los ex combatientes y de los familiares de los caídos en Malvinas”, explica Mario Volpe, titular del CECIM La Plata.
Las pensiones que hoy cobran alrededor de 17.000 personas equivalen a tres jubilaciones mínimas, por lo que una modificación como la aprobada en la fórmula de la movilidad jubilatoria les significa un triple descuento.

La represión como un mal recuerdo

Para los soldados de Malvinas, víctimas del terrorismo de Estado, la batalla que se desplegó el lunes 18 de diciembre en las inmediaciones del Congreso nacional revivió épocas fatales. “Históricamente, nos recordaba la marcha del 30 de marzo de 1982 por ‘Paz, pan y trabajo’, pero nunca vimos la violencia que está en este momento, a pesar de ser aquélla la dictadura cívico militar más sangrienta de la historia”, sostiene Volpe.
Y resalta: “Los medios de comunicación masivos y hegemónicos muestran a estas marchas como una violencia de dos partes, y nosotros lo que dejamos en claro es que hay una sola violencia: la que ejerce el Estado. La violencia básica se genera cuando alguien poderoso como el Gobierno o las instituciones del Estado se imponen por la fuerza contra alguien que no se puede defender y en todo caso las reacciones son de defensa”.

Mario Hernandez