El 28 de febrero de 1974, el jefe de policía de la provincia de Córdoba, Antonio Navarro, depuso al gobernador Obregón Cano y a su vice Atilio López (1), imponiendo de hecho un estado de sitio garantizado por la policía con el auxilio de grupos armados civiles, comandados por la Juventud Sindical Peronista.
Este golpe se justificó bajo la llamada “depuración ideológica” del peronismo. El apellido de su autor le dio trascendencia y entró en la historia nacional como Navarrazo.
Perón en el poder
Con la vuelta de Perón al país se inicia una ofensiva abierta de la derecha peronista contra los sectores ligados a la Tendencia Revolucionaria. En particular se desatarán una serie de acciones y movimientos de presión destinados a desalojar del poder político a aquellos gobernadores que estaban ligados o simpatizaban con ese sector.
En el marco de esa campaña, el 1º de febrero del ’74 la CGT de Santa Cruz denunciaba “infiltraciones marxistas en el gobierno provincial”. Pocos días después las 62 Organizaciones en Salta resolvían “declarar personas no gratas al gobernador de la provincia (…) por ‘ser cabezas visibles del aparato mentado por el marxismo’” (2). Esta ofensiva se repetiría en San Luis y Mendoza.
En Córdoba, los diarios hablarán constantemente de la posibilidad de una intervención federal. “Córdoba es un foco de infección” había dicho Perón pocas semanas antes del golpe.
A fines del ‘73 los trabajadores del transporte obligan al gobierno a otorgar un aumento salarial. Al mismo tiempo los empleados públicos imponen a la Legislatura la aprobación del Estatuto del empleado público. El gobierno nacional acusa entonces a Córdoba de “romper el Pacto Social” y señala que éste “no puede tener eslabones débiles” (3).
Como se recordará el Pacto Social congelaba los aumentos salariales en pos de intentar poner un freno a la escalada inflacionaria. El mismo acuerdo también ponía límites a los aumentos de precios pero el empresariado transgredía de manera constante ese impedimento.
Ya en febrero de 1974 se desarrollarán una serie de maniobras tendientes de imponer el golpe policial. Así, la provocación patronal correrá a cargo de la FETAP (empresarios del transporte) que, negándose a aceptar el aumento salarial acordado, a partir del 19 de febrero inicia un lock-out patronal abierto. “De los aproximadamente 900 ómnibus que cubren sus recorridos habitualmente unos 350 habían cesado de andar”, informaba el diario La Voz del Interior el 20 de febrero.
En un clima completamente enrarecido el jefe de policía Navarro es acusado públicamente de mantener “reuniones clandestinas para conspirar contra la continuidad institucional de la provincia”. En estas reuniones con la derecha peronista y las 62 organizaciones se preparaba el golpe del día 28.
El levantamiento
El día 27 de febrero el Gobierno comunica a Navarro su separación de la conducción de la Policía. Pocas horas después las fuerzas policiales se amotinan en el Cabildo. Ese día, en La Voz se podía leer que “la gente no podía pasar hacia la Plaza San Martín. Todas las vías estaban cortadas. Policías con ropa de fajina y cascos de acero, lucían armas largas impidiendo la circulación de peatones”.
Por la noche se toma la Casa de Gobierno, deteniendo a Obregón Cano, López y varios funcionarios más. Esa madrugada se llevarán a cabo ataques con bombas contra La Voz del Interior, la casa del gobernador y su ministro de gobierno, entre otros. Grupos parapoliciales coparán las principales radios de la ciudad para transmitir en apoyo a Navarro. En los dos días siguientes serán detenidos más de 80 personas y se producirán decenas de allanamientos ilegales. El rol golpista de la FETAP será evidente: los colectivos, ausentes durante días en las calles, serán parte de las barricadas montadas por los grupos parapoliciales.
Se combinarán tres elementos para consolidar el golpe: en primer lugar, el accionar de las bandas paramilitares y la Policía. Las mismas actuarán sin encontrar resistencia de parte de las organizaciones combativas de la clase trabajadora o de sectores de masas.
En segundo lugar, la actuación del gobierno nacional, impulsando abiertamente un proyecto de intervención de la provincia en los días posteriores a la asonada. De esta forma Perón legalizaba el golpe de Navarro. A esta decisión del viejo líder se someterán tanto Obregón Cano como Atilio López. Esto volverá a evidenciar la impotencia política de la izquierda peronista.
Finalmente los empresarios y la burocracia de las 62 organizaciones actuarán en común para impedir una respuesta del movimiento obrero. El lock-out patronal se generalizará y las 62 organizaciones convocan a un paro por tiempo indeterminado en “adhesión a la valiente y patriótica actitud tomada por el peronismo de Córdoba en apoyo a su Policía”.
De esta forma, hasta el 5 de marzo, la ciudad se halló virtualmente paralizada. Esto debilitó fuertemente a la clase obrera, al impedirle concentrarse en sus lugares de trabajo para dar una respuesta contundente al levantamiento policial.
Algunas conclusiones y un debate
El golpe fue abiertamente impulsado por Perón y el gobierno nacional. Tal es así que el mismo día se realizaba en Alta Gracia el Congreso “Normalizador” de la CGT, con la presencia de Ricardo Otero, ministro de Trabajo de la Nación. La ciudad se halla ubicada a 35 km de la capital cordobesa.
¿Qué se proponía este golpe? En primer lugar, establecer un mayor control sobre el conjunto del movimiento obrero y en particular derrotar a sus sectores de vanguardia. El movimiento obrero se hallaba escindido en Córdoba entre ortodoxos, legalistas, independientes y clasistas. Los últimos sectores, opositores al Pacto Social, controlaban gremios de peso estratégico: la UTA, Luz y Fuerza y SMATA, entre otros. En el resto del país los gremios más poderosos se hallaban en manos de la rama ortodoxa.
En segundo lugar, se trataba de apropiarse del aparato del Estado para utilizarlo abiertamente contra la clase obrera y los sectores populares que enfrentaban crecientemente el Pacto Social y el conjunto de la política del gobierno de Perón. No era sólo una disputa de poder en el seno del peronismo, como lo presentó en ese momento la UCR o como lo señalan hoy algunos intelectuales (4), sino que se buscaba controlar el Estado para desatar una persecución abierta contra la clase obrera. Esto se continuaría y acentuaría luego bajo las intervenciones federales, en particular la de Raúl Lacabanne.
En tercer lugar, Córdoba tenía un enorme peso dentro de la política nacional, no sólo por su tradición de lucha reciente, sino por albergar a algunos de los dirigentes más importantes del movimiento obrero, como Tosco o Salamanca. La búsqueda de “imponer orden” en la provincia mediterránea tenía entonces una enorme repercusión nacional (5).
Ante esta ofensiva, la respuesta del movimiento obrero combativo aparece completamente impotente. En una entrevista realizada a Tosco pocos días después del golpe, la misma queda de manifiesto.
“Pregunta: ¿Y cómo es que no se ha producido ninguna reacción de tipo masivo?
Tosco: Se están haciendo actos relámpagos, algunas asambleas de fábrica, etc. (…), pero hay una relación de fuerzas básica que está dada por el teniente coronel Navarro y su policía con las armas en la mano. Centenares de fascistas armados y entrenados bajo la conducción de organismos policiales y parapoliciales” (6).
¿Cómo podía ocurrir esto en la ciudad del Cordobazo y el Viborazo, donde la clase obrera junto al movimiento estudiantil y el pueblo había logrado derrotar a las fuerzas policiales en las calles?
La falta de una respuesta masiva no puede explicarse por fuera de dos factores sociales de peso. Por un lado, la relativa confianza que todavía suscitaba Perón en las grandes masas. Fue por ello que los golpistas enarbolaron la bandera del “auténtico peronismo”. Esto les garantizaba, sino el apoyo, por lo menos la pasividad de sectores amplios del movimiento obrero frente al golpe.
Por el otro, por las enormes limitaciones de la izquierda peronista para lidiar con este proceso. La experiencia de sectores más amplios de las masas con el peronismo en el poder era frenada a cada paso por Montoneros y la JTP. Estas corrientes se negaban a enfrentar y denunciar el Pacto Social como una política anti-obrera. Al mismo tiempo, en su discurso político buscaban preservar al mismo Perón de toda crítica, centrando sus dardos en el "entorno de derecha". Esto era funcional a una política de presión sobre el viejo caudillo que, como ha demostrado la historia, se evidenció impotente.
A esta política terminarían cediendo los dirigentes del sector combativo del movimiento obrero. Pocas semanas antes del golpe, el Movimiento Sindical Combativo -integrado centralmente por Luz y Fuerza y SMATA- difundía un comunicado donde criticaba las modificaciones de la Ley de Asociaciones Profesionales y la reforma al Código Penal. Pero “no se colocaba en una línea de oposición total al presidente Perón, sino a sus sectores burocráticos y de derecha”.
Esta política no podía más que enlentecer cualquier experiencia de sectores de masas con la figura de Perón. Esto, como es evidente, debilitó a la vanguardia obrera y popular, que fue impotente para operar una respuesta al golpe. Las organizaciones obreras se limitaron a declaraciones de repudio y a un paro de 24 horas que no tuvo ninguna incidencia en la situación, al mismo tiempo que se preparaba “un paro provincial con fecha a determinar” que nunca se realizó. Además, ninguna de estas organizaciones llamó al conjunto de la vanguardia nacional a movilizarse para enfrentar este golpe.
Para quienes hoy quieren eximir de culpa a Perón por los asesinatos de la Triple A, las enseñanzas del Navarrazo muestran qué rol cumplió cuando se trató de liquidar a la vanguardia obrera y popular que se oponía a su política. Para los trabajadores que hoy salen a luchar es necesario conocer y profundizar en el estudio de esos convulsivos años para preparase para los futuros combates de clase.
Eduardo Castilla
@castillaeduardo
Notas:
1 Obregón Cano se hallaba ligado a los sectores de izquierda peronista y López era Secretario General de la UTA. Dentro del peronismo en su conjunto, se referenciaban con los sectores más combativos de ese movimiento.
2 Los gobernadores de Salta, San Luis y Mendoza eran Miguel Ragone, Elías Adre y Martínez Baca. Todos habían sido apoyados por el ala izquierda del peronismo, al igual que Obregón Cano. La Voz del Interior, 05/02/74 y 06/02/74.
3 Comunicado de Prensa. Ministerio del Interior, 12/02/74.
4 Tal es la postura desarrollada por Alicia Servetto en el libro De la Córdoba combativa a la Córdoba militarizada, donde señala que “La crisis provincial de marzo de 1974 debe leerse (…) fundamentalmente como resultado de las contradicciones internas del peronismo (…) predominó la disputa por la ampliación de los espacios de poder entre los distintos sectores y las instituciones del Estado fueron instaladas como arena de la lucha política”. Op. cit., p. 109.
5 Señala el historiador James Brennan “Perón sabía que el éxito de la campaña verticalista dependía de Córdoba. El reestablecimiento de la autoridad de la CGT central era necesario tanto para controlar la expansión de la militancia obrera a todo el país como para asegurar el éxito del Pacto Social (…) sólo Córdoba era capaz de aprovechar la oposición de la clase obrera al programa y darle la forma de un movimiento de importancia nacional”. El Cordobazo. Las guerras obreras en Córdoba 1955-1976, Ed. Sudamericana, p. 319.
6 La Voz, 13/03/74.
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