Las autoridades del INTI, violando un acuerdo que habían firmado con los trabajadores, impidieron con agentes policiales de civil el ingreso de despedidos a los sectores de Finanzas y Dirección de Obra, el pasado jueves 22. Los trabajadores denuncian que se trata de un intento por evitar la aparición de nuevas denuncias contra la gestión de Javier Ibañez, luego de que se conocieran documentos que prueban sus manejos espurios y planes privatistas.
A su turno, luego de que los estatales advirtieran esta semana que existían amenazas de “hacer entrar al jardín de infantes del Inti a una empresa tercerizada de limpieza, por la fuerza, con la policía, para romper la huelga”, el viernes 23 se hicieron presentes uniformados en la entrada del mismo.
En este marco, una semana atrás, la delegada Giselle Santana denunció un robo en su domicilio que asoció a un nuevo intento de amedrentamiento: ocurrió mientras dormía, y el intruso se llevó su notebook y su teléfono celular, dejando de lado cualquiwer otro objeto de valor.
Los intentos de intimidación contra los trabajadores, en lucha contra 258 despidos, se han reiterado desde que irrumpió el conflicto. El 26 de enero, cuando comenzó la permanencia en el predio del instituto, se llevó adelante un fuerte operativo represivo de Infantería contra la tentativa de establecer un piquete en la General Paz, con carros hidrantes y policías motorizados apuntando a la cabeza de los estatales. Durante los días sucesivos, siguieron otros despliegues de este tipo.
Los profesionales y técnicos denuncian que se ha ido incrementando la presencia de policías de civil en el predio del Parque Tecnológico Miguelete. A esto se suma que las autoridades del INTI han amenazado con realizar descuentos salariales a quienes hagan paro, y han solicitado listas de los activistas a los directivos de los centros –lo que estos rechazaron por escrito.
Los achaques represivos son el complemento de la campaña de difamación del gobierno, que pretende presentar a los despedidos como “ñoquis”. La respuesta contundente de los trabajadores –todos ellos, profesionales y técnicos con probada capacidad y desempeño– puso blanco sobre negro que los despidos apuntan a desarticular la organización gremial interna del instituto. Han penetrado incluso en los medios oficialistas con sus denuncias contra Javier Ibañez, el presidente designado por el macrismo, quien ha usado la caja del organismo para contratar más de 90 amistades y familiares con altos sueldos, y encabeza un proceso de desguace y privatización.
La gestión macrista del instituto está desesperada frente a esta lucha que se mantiene firme.
Tomás Eps (@tomaseps)
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