"El gatillo fácil como política de Estado del macrismo"

Entrevista a María del Carmen Verdú de la Correpi

M.H.: Han pasado a ser una referencia, por lo menos para la ministra de Seguridad de la Nación.
M.C.V.: Así es. Nos sentimos bastante reconocidos, ni más ni menos que por el Ministerio de Seguridad. Cuando el periodista Ernesto Tenembaum le mencionó nuestro archivo de casos a Patricia Bullrich, no hizo falta que le explicara lo que era Correpi, inmediatamente se puso verde y empezó a decir una sarta de barbaridades.
Naturalmente lo primero que salimos a responder fue que con todo gusto discutimos los datos, si quiere decirnos que alguno de los muertos de nuestro archivo en realidad está vivo y viviendo en Suecia como decían de los desaparecidos durante la dictadura, la estamos esperando.
M.H.: Tuvieron también en estos días una pintada intimidatoria en el local de Correpi.
M.C.V.: Sí. Eso ocurrió la noche del viernes 2 al sábado 3. Cuando llegaron los compañeros y compañeras que tenían una reunión a la mañana temprano se encontraron con la persiana del frente del local, que está en Humberto Primo entre Virrey Ceballos y Solís, que si no sabés que es el local de Correpi cuando está la persiana baja podrías pensar que es una frutería porque no tiene ningún tipo de cartelería externa porque nunca nos dio el cuero para ponerle una marquesina; recién al levantar la persiana se ven los ploteos en el vidrio.
Sin embargo, de las ciento de miles de persianas que hay en la Ciudad de Buenos Aires, alguien eligió esa para estampar un claro y manifiesto “Aguante Chocobar” que claramente no es un aguante a la barrita esa de arroz de 99 calorías, sino al policía que asesinó por la espalda a Juan Pablo Kukoc en aquél episodio del 8 de diciembre que tomó mucha repercusión pública a partir de la visita que ese mismo día viernes 2 de febrero había hecho Chocobar a la Casa de Gobierno, donde fue recibido con honores y tildado de héroe por el propio Presidente de la Nación.
M.H.: ¿Este es un gobierno del gatillo fácil?
M.C.V.: Este es el gobierno del gatillo fácil. Hace casi treinta años que venimos diciendo que el gatillo fácil no es el resultado o la consecuencia de un loquito suelto o de un psicópata reclutado por error, es una política de Estado que aplican las fuerzas de seguridad que son dirigidas por el gobierno de turno. Lo que nunca imaginamos es que íbamos a llegar a esta situación donde desde la primera línea del gobierno nacional, Presidente, Vicepresidente, Jefe de gabinete, Ministra de seguridad, Ministro de Justicia, salen no solo a reconocerlo sino a ampliarlo y a instalarlo como política pública de manera expresa y explícita.
Todo lo que venimos denunciando en los últimos meses en cuanto a la existencia de un verdadero Estado de excepción no declarado formalmente, donde a partir de la desaparición de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel han habido una serie de declaraciones de parte de estos funcionarios del gobierno nacional del estilo de aquello de la presunción de verdad de los dichos policiales, la inversión de la carga de la prueba y demás; se confirma ahora por las declaraciones de Patricia Bullrich con esta noticia que nos parece que es lo más grave que ha pasado en estas tres décadas en materia de libertades democráticas de nuestro país, que es una verdadera orden de tirar a matar para el personal de las fuerzas de seguridad, con la tranquilidad de que van a tener un gobierno atrás que no solamente los respalde por debajo de la mesa, sino que públicamente los salga a defender tanto técnica como políticamente.
M.H.: Te menciono un par de causas, 14 de diciembre y 1º de septiembre.
M.C.V.: Y deberíamos agregar la del 18 de diciembre. Son tres expedientes en la Justicia federal. Ya el dato de que se estén tramitando en la Justicia federal nos dice algo, hacía muchísimo tiempo que las causas por detenciones en movilizaciones o manifestaciones no eran derivadas automáticamente a los jueces federales con imputaciones como intimidación pública, sedición, coacción, etc. Típicamente las figuras empleadas para la represión de la protesta social y en las que justamente están los elementos básicos de lo que denominamos estado de excepción.
En los tres casos, tres jueces distintos de perfiles muy diferentes en lo personal y en lo técnico como Marcelo Martínez de Georgi, Claudio Bonadío y Sergio Torres, aplican al pie de la letra, en algunos casos sin preocuparse por disimularlo, casi con palabras textuales, la línea que viene dictando el gobierno nacional y en particular Macri, Bullrich y todos los que mencionábamos recién.
En la causa del 1º de septiembre, cuando se produjo la represión a la movilización al primer mes de la desaparición de Santiago Maldonado, donde fueron detenidas 30 personas de las cuales Martínez de Georgi procesó a 22 y decretó falta de mérito en los 8 restantes, en esa causa habíamos logrado en Cámara revocar esos procesamientos y una cosa absolutamente excepcional que fue que la propia Cámara dictara el sobreseimiento de cuatro de los imputados, justamente porque eran trabajadores de prensa, 3 varones y una mujer que pudimos demostrar, incluso con el propio material que estaban transmitiendo en streaming durante la movilización y en el momento de detención, que simplemente estaban cumpliendo su trabajo y si algún hecho reprochable habían cometido era el preguntarle a un oficial por qué estaban deteniendo a otra persona que también estaba simplemente sacando fotos o parada al costado de la calle.
Este hecho fue seguido por un recurso de casación del fiscal Moldes, uno de los candidatos a Procurador general, hombre que ha encabezado la línea más dura de la Justicia federal desde hace muchos años, donde lisa y llanamente le plantea al Poder legislativo que hay que reformar el Código Penal para que las personas detenidas en manifestaciones no sean puestas en libertad durante el proceso. O sea, pide que cualquier manifestante detenido quede preso y califica a los trabajadores de prensa, que además son reconocidos como tales por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), que se ha presentado en la causa a avalar esa condición de los cuatro, que se los procese de nuevo y que vayan presos.
Paralelamente, el 14 de diciembre, donde interviene Bonadío, tenemos 5 compañeros que permanecen presos desde ese día, que están con prisión preventiva también por los delitos de intimidación pública y atentado de resistencia a la autoridad, entre ellos dos trabajadores precarizados en situación de calle que simplemente esperaban en Congreso que se reanudara el tránsito sobre el final de la movilización para poder ganarse alguna moneda limpiando el vidrio de algún coche que pasara. Y otras 30 personas también procesadas por otros delitos, afortunadamente en libertad.
Finalmente, la causa del 18 de diciembre donde en este momento por suerte no tenemos ya detenidos porque fueron puestos en libertad, excarcelados después de dictarse su procesamiento, los compañeros del Partido Obrero, César Arakaki y Dimas Ponce. Pero de vuelta el fiscal, esta vez Rímolo, también apela ese procesamiento planteando que se debe agregar el delito de sedición a la intimidación pública y que deben ser nuevamente detenidos.
En los tres casos nos encontramos con expresiones al estilo de, por ejemplo, Bonadío en la del 14, diciendo que no tiene ninguna imagen ni ningún elemento de prueba para demostrar que esta gente hizo lo que está diciendo que hizo, pero tiene las actas policiales que dicen que hicieron tal cosa, entonces le da plena versión de verdad a esos dichos policiales. Imaginate que ningún policía ni ningún gendarme que levante preso al voleo en una movilización, como todos sabemos que sucede, lo va a poner en el acta de detención, va a poner que había un grupo de individuos haciendo un montón de barbaridades y que uno de ellos que resultó detenido es fulanito de tal.
M.H.: Me gustaría que compartieras el sitio de Correpi donde consignan los casos de gatillo fácil.
M.C.V.: La página es nueva, la estrenamos este año correpi.org ahí está toda la información desde el momento de apertura de la página hace muy poquitos meses y la información. A partir de las declaraciones del ex coronel Berni nos pidieron información sobre años anteriores, esa data de 2006 a 2016 está en la página vieja; en la página nueva hay un link que es “archivo histórico” para poder acceder.

Mario Hernandez