La estafa a los jubilados a la luz del día

El nuevo índice reduce los aumentos en los haberes

La expropiación a los jubilados que el gobierno ha puesto en marcha con el cambio del índice utilizado para establecer el aumento que se aplica a los haberes previsionales, ha tardado muy poco en dar la primera muestra. En la sumatoria de los incrementos del mes de marzo y junio de este año, los jubilados van a recibir un poco más de un 11% dividido en dos cuotas (marzo y junio) cuando, con el cálculo que se aplicaba hasta la aprobación de la nueva ley, hubiera correspondido más del 14% directo desde el mes de marzo.
Es decir que no solo supone un porcentaje menor sino que una parte del mismo (la mitad), los jubilados comenzarán a cobrarlo tres meses después que con la anterior forma de actualización.
Pero, además, el porcentaje de aumento es menor a la inflación del período trimestral que se toma como referencia para el cálculo (5,66% contra 6,1%). Esto porque una parte del índice de aumento de las jubilaciones surge del incremento que tuvieron en ese período los salarios –un 4,63%-, lo que también muestra el retraso que sufrieron los ingresos de los trabajadores en el trimestre respecto del alza de los precios.
Esta exacción a los haberes previsionales, que el gobierno mismo estimó en unos $100.000 millones sólo en el 2018, afecta no sólo a los 7 millones de jubilados y pensionados, sino también al 1,5 millón de receptores de Pensiones No Contributivas y de Pensiones Universales para el Adulto Mayor), 4 millones de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las más de 5 millones de asignaciones familiares, de acuerdo con estadísticas oficiales, es decir a más de 17 millones de personas, ubicadas en los segmentos más desprotegidos de la población.
Para lograr el apoyo de los opositores a este desfalco, el gobierno incluyó un pago por única vez de $ 375 o $ 750, según los casos y de $ 400 los que perciben la AUH, que serán abonados con los haberes de marzo y que alcanza solo a los que cobran los haberes más bajos.
Esta nueva pérdida en los haberes previsionales se suma a los diez puntos de atraso que tuvieron las jubilaciones en el año 2016 respecto del alza de los precios y a la pérdida del 2017 que no serán compensadas.
La contracara de este saqueo es la reducción establecida para los aportes patronales, lo que agravará todavía más el vaciamiento de la Anses y, además, la nueva ley previsional admite el aumento “voluntario” de la edad jubilatoria a 70 años, para hombres y mujeres, con la presión objetiva que supone la miseria del haber previsional respecto del salario en actividad.
Esta nueva ley fue avalada por prácticamente todo el arco opositor: los gobernadores y diputados del PJ a Alicia Kirchner, pasando por el “socialista” Miguel Lifschitz, que firmaron el acuerdo fiscal que se financia con la plata de los jubilados.
Sigue planteada la pelea por la derogación de la nueva ley y por el 82% móvil del salario del trabajador en actividad, a partir de reponer los aportes patronales y terminar con el trabajo en negro.

Nelson Marinelli