Anibal Ibarra será el nuevo abogado defensor de Cristina Fernández de Kirchner, imputada por la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman. La senadora elige para su defensa al máximo responsable político de la tragedia de Cromañón.
El ex jefe de Gobierno porteño, destituido por la tragedia de Cromañón, Anibal Ibarra, será el nuevo abogado de Cristina Fernández de Kirchner en la causa por supuesto encubrimiento en el caso AMIA.
Junto a Ibarra actuará en la defensa de la ex presidenta Roberto Boico, ex integrante de la Cámara de Casación. Ambos letrados reemplazarán la defensa que venían llevando a cabo Alejandro Rúa y Graciana Peñafort.
El nombramiento de Ibarra por CFK es interpretado como un intento de darle un tono político a la defensa de la exmandataria por la causa del Memorándum con Irán, en el momento en el que la misma se encamina a juicio oral y público. El ex alcalde porteño venía actuando en la defensa de Oscar Parrilli y habría sido por consejo de este ultimo que la senadora de Unidad Ciudadana lo eligió como defensor.
Aníbal Ibarra, que supo ser fiscal en el juicio a las Juntas que se llevó adelante en el Gobierno de Raúl Alfonsín, delineó que iban a encarar "una defensa seria, jurídica, aunque esta es una causa política y un ejemplo de persecución de un Gobierno a través del Poder Judicial".
Según el abogado defensor de la ex presidenta no se respetan las garantías individuales de los acusados y denunció que "no vivimos en un régimen cubano o venezolano, sino en uno regido por un derecho liberal, donde hay un juicio previo y garantías". Señaló que se pedirá la presencia de un observador de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el objetivo de que internacionalmente "se conozca la farsa de este juicio".
Anibal Ibarra supo ser militante de la Federación Juvenil Comunista, cuando el PC apoyaba a la dictadura genocida; luego fue fiscal en el juicio a las Juntas militares junto a Julio Cesar Strassera, en lo que significó un operativo de salvataje de las FF AA, condenando solo a los altos mandos por los crímenes del genocidio. En el año 2000, Ibarra fue electo jefe de Gobierno porteño en las listas de la Alianza.
Mientras su entonces jefe político, Carlos Chacho Alvarez renunciaba a la vicepresidencia en rechazo a la ley Banelco, Ibarra decidió mantenerse en el edificio de la calle Bolívar y Avenida de Mayo disciplinado al Gobierno de Fernando De la Rúa que aplicaba un ajuste a rajatabla de la mano de Domingo Cavallo.
Durante la rebelión popular de diciembre del 2001, Ibarra huyó de la jefatura de Gobierno escondido en una ambulancia para evitar la ira popular contra los representantes de un Gobierno hambreador y entregado al imperialismo.
El ahora abogado penalista logró mantenerse en el cargo y ser reelegido durante el año 2003 con el apoyo de Néstor y Cristina Kirchner. El 30 de diciembre del 2004 sucedió la tragedia del local República de Cromañón durante un recital de la banda Callejeros donde murieron 194 personas.
A medida que se iban conociendo los hechos se hizo publico que el local había sido habilitado por un entramado de corrupción con el Gobierno de la Ciudad. Las movilizaciones de familiares y victimas señalaron desde el primer momento la complicidad del Gobierno de Ibarra y el empresario Omar Chabán.
Esas mismas movilizaciones lograron que Ibarra sea sometido a juicio político y destituido de su cargo en el año 2006, aunque logró salir impune de los cargos judiciales en su contra. Desde entonces su carrera política se limitó a acompañar al kirchnerismo en la Ciudad de Buenos Aires, siendo electo legislador entre el 2007 y 2015.
La elección de Anibal Ibarra como defensor coloca en el centro de la escena a un símbolo asociado a los crímenes sociales producto de la corrupción estatal y empresarial. El kirchnerismo está en estos momentos en el banquillo de los acusados por la tragedias de las minas de Río Turbio y de Once. Para practicar una defensa política, CFK está eligiendo cargar una mochila con una carga pesada que la va a asociar inevitablemente con los representantes de la impunidad por corrupción estatal.
Facundo Aguirre
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