“Cuotas un poquito más altas en un plazo más largo”.
La fuerte devaluación que ha tenido lugar desde mediados de diciembre golpeó fuertemente sobre quienes se endeudaron en créditos hipotecarios indexados por inflación (UVA). Frente a esto, el gobierno ha reforzado los aspectos confiscatorios de este sistema de créditos.
Quienes obtuvieron la pre-aprobación crediticia para una vivienda y se hallaban en trámites para adquirir el préstamo, se encontraron con que el monto acordado en pesos resulta ahora un 12% inferior al precio, en dólares, de la vivienda. La “solución” propuesta por el gobierno para estos casos, como ya ocurriera con el salto devaluacionario de agosto, es un mayor endeudamiento de los pagadores: ampliación del plazo total del crédito (de 30 a 40 años), de los montos totales y de la relación máxima entre la cuota y el ingreso (pasando de 20-25% a 30%). “Cuotas un poquito más altas en un plazo más largo”, según Javier González Fraga, titular del Banco Nación (Radio Mitre, 2/2).
Por otra parte, quienes ya concretaron la compra de la vivienda ven crecer su deuda, ya que los créditos UVA se indexan por una inflación superior al crecimiento de los salarios. A modo de referencia, en noviembre de 2017, quien había tomado un crédito en marzo de 2016 (cuando los créditos UVA salieron al mercado) debía un 40% más en pesos, luego de haber pagado 19 cuotas (Tiempo Argentino, 7/11/17). La actual devaluación acicatea la inflación, agravando este cuadro.
Pero esto no es todo. En su reciente ´megadecretazo´, Macri declaró embargables las cuentas sueldo. Su argumento es que, de este modo, "se aumenta la calidad crediticia de alrededor de nueve millones de titulares de cuentas sueldo y, por lo tanto, se mejoran sus condiciones de acceso al crédito" (El Cronista, 12/1). Lo cierto es que el macrismo blinda a los banqueros, curados en espanto tras la debacle de las hipotecas estadounidenses en 2008, cuando el quebranto generalizado de los deudores condujo a un derrumbe del mercado inmobiliario y los bancos se encontraron que no podrían recuperar el valor de los créditos, generándoles pérdidas inconfesables. De este modo, en cambio, el trabajador no podrá desprenderse de la deuda con la pérdida de su vivienda. No es casual que sobre esta expansión de los créditos UVA se haya montado otro negocio explosivo, que es el armado de “paquetes” para luego venderlos al mercado. El Banco Hipotecario abrió la cancha a fines de enero con el anuncio de una emisión de bonos por hasta 20 millones de UVAs –a hoy, $430 millones (El Cronista, 26/1). Es el mecanismo que reventó en la crisis de las ‘subprime’ en Estados Unidos en 2008, cuando la insolvencia de los compradores de casas desató el estallido de la burbuja inmobiliaria.
Para el conjunto de la población trabajadora, el impulso de los créditos trajo por consecuencia el encarecimiento de la vivienda, en un mercado que se hallaba deprimido por el cepo del último tramo del gobierno K y por la falta de crédito. “A partir del impulso en la demanda de propiedades vía créditos (…) los departamentos de 2 y 3 ambientes sufrieron un incremento interanual promedio en dólares del 12% en la Ciudad de Buenos Aires (…) el aumento acumulado del metro cuadrado se elevó al 33% interanual en moneda local” (iProfesional, ídem).
A la denuncia de la confiscación económica se debe sumar la de una estafa política: el gobierno utilizó la expansión del crédito para captar a una base social, para luego darle una estocada de endeudamiento, promoviendo una devaluación exigida por la burguesía industrial y los exportadores agrarios. En este punto, vale señalar que el PJ y compañía negocian con el gobierno la disección del ´megadecreto´ y su aprobación vía leyes sin cuestionar un ápice su carácter social de fondo.
Planteamos préstamos a tasa cero para las familias trabajadoras, con cuotas que no superen el 20% del salario; y la creación de una banca única estatal para la vivienda, financiada con impuestos a la renta de las grandes fortunas y gestionada por los trabajadores y los tomadores de créditos, que ponga en pie un inmediato plan de viviendas populares.
A la especulación fomentada por el gobierno y su oposición cómplice, oponemos el derecho a la vivienda de quienes viven de su trabajo.
Tomás Eps (@tomaseps)
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