Clínicas de la muerte

Entrevista a Ángel Barraco, miembro del Consejo Consultivo Honorario de la Ley de Salud Mental

M.H.: Quisiera que hablemos del tema denunciado por la Comisión Nacional por la Memoria que tiene que ver con la internación de los adolescentes por consumo de drogas en determinadas clínicas privadas donde se encuentran con situaciones de maltrato y hasta con la muerte. ¿Qué nos podés comentar al respecto?
A.B.: Esto es parte de una misma esencia sistémica represiva que obviamente tiene sus formas y síntomas de expresión, pero hablar de salud mental, de lo que está pasando con los chicos y los adultos respecto de la atención en salud mental es parte de esa misma matriz.
M.H.: En el caso de los jóvenes me recuerda al Dr. Rascovsky, quien escribió El filicidio a comienzos de los ´70.
A.B.: Es la línea de Enrique Pichon Rivière y Franco Basaglia, quienes coincidieron en esa frase muy contundente cuando hablaban de las personas internadas en los neuropsiquiátricos, que estaban internados más por pobres que por locos y que hacer diagnósticos en condiciones de pobreza brutal no tiene sentido y no debería ocurrir.
Esto que mencionás tiene que ver con que hay una direccionalidad contra la juventud porque es el segmento donde está la posibilidad de reacción y confrontación a un sistema que va creando subjetividades amoldadas a sus necesidades.
El capitalismo ha entrado en una fase muy singular respecto a la perspectiva del mercado y del consumo, y ha logrado anestesiar subjetividades que obviamente están muy lejos de lo que ha sido nuestra historia, de cómo enfrentar sometimientos, cómo enfrentar políticas ideológicas autoritarias, racistas, todo lo que vemos cotidianamente. Anoche al salir de casa me encontré con dos mujeres con un carrito con termos y frazadas asistiendo al universo de personas abandonadas a su suerte en la calle. Sobre la Av. Belgrano. Verdaderamente me conmovió, pero al mismo tiempo justo había salido la información reconocida por el propio gobierno de que había crecido en un 23% el número de personas en situación de calle. Obviamente el porcentaje es mayor.
Y esto tiene que ver con lo que estamos hablando, esta es la violencia, muchas de esas personas son jóvenes, inclusive matrimonios jóvenes con chicos están durmiendo en las calles. Quiere decir que hay una política que apuntala y busca silenciar y aniquilar toda esa energía que está dada en una franja etaria que es la de la juventud, la que viene con todo el brío y la esperanza de un mundo mejor.
Me parece que tenemos que empezar a hacer análisis que rompan con la naturalización de esta condición de pobreza, con esta condición de agobio humano, porque vamos a ver que hay una matriz que atraviesa las problemáticas de los jóvenes.
M.H.: Me gustaría que nos refiriéramos más específicamente a esta clínica San Camilo. ¿Qué motivó la intervención de la Comisión Nacional de la Memoria?
A.B.: Tiene que ver con una investigación que llevó adelante el periodista Pablo Galfre.
M.H.: Sacó un libro sobre esto ¿no?
A.B.: Sí. Justamente cuando estaba elaborando el libro me pidió una entrevista y me llamó la atención el grado de profundidad siendo un periodista que no tenía contacto con lo que es el tema de adicciones y, sin embargo, entró hasta lo más profundo.
M.H.: ¿Cómo se llama el libro?
A.B.: La comunidad. Y ahí denuncia la falsedad ideológica y científica de las comunidades terapéuticas o granjas de rehabilitación. Esto de las comunidades terapéuticas lo venimos denunciando hace años, porque el concepto de “comunidad terapéutica” en realidad nació en Inglaterra y se desarrollo en función de un abordaje psicoterapéutico amplio, muy interesante. Una de las condiciones más reconocibles e innovadoras era el funcionamiento en asamblea, o sea, en la comunidad terapéutica, tanto los pacientes como los trabajadores y profesionales, en determinado momento de la semana hacen una reunión llamada asamblea donde todos tienen voz y voto.
Este tipo de dispositivo fue totalmente subsumido y transformado para atender exclusivamente el tema de las adicciones y se transformó en pequeños manicomios y pequeñas cárceles con alambrados electrificados, con grupos de choque para ir a buscar a los chicos a las casas donde eran inmanejables para las familias; ofrecían este servicio, el de someterlos vía represión física y química y después con condicionantes totalmente inhumanos donde el mecanismo represivo llevaba a que estén encerrados sin tener contacto con los familiares, todo bajo una moral represiva respecto de no acceder a cuestiones elementales.
Lamentablemente, este modelo se fue propagando, sin ningún control de parte del Estado, así que estas llamadas “comunidades terapéuticas” o “granjas de rehabilitación” que también son muy notorias porque algunas dependen del credo católico, otras del evangelista, también generaron una complejidad respecto de cómo debe ser un abordaje que respete los derechos humanos de las personas.
M.H.: ¿Puede ser que en San Camilo se produjeron desapariciones?
A.B.: Totalmente, la investigación de Pablo está en la justicia, hay cuatro imputados, el director médico, un psicólogo y los dueños de la fundación. Otro suceso que pasó inadvertido que sucedió en otra clínica que también tiene nombre de santo, San Gabriel, fue en Chaco, donde murieron cuatro mujeres.
Me llamó la atención porque solo salió en el Diario Popular cuando es un hecho gravísimo. Pablo Galfer en el libro también denuncia a otra institución que se llama San Antonio donde también murió una persona. Recolectando testimonios de familiares y de los propios muchachos y chicas internados y de hablar con profesionales llega a la conclusión de que esto de las comunidades terapéuticas tiene que ver más con un negocio millonario, con lo que el llama estafa, porque lo que está en juego es sacar una renta a instancias del sufrimiento humano porque están vinculadas con las obras sociales, las prepagas y con la connivencia de sectores profesionales y del poder judicial. Una internación en esas comunidades ya sea para la familia como para el Estado no baja de los 20 o 30.000 pesos mensuales.
M.H.: Volvamos sobre el caso del Chaco.
A.B.: Lo que pasó en el Chaco fue que el 2 de junio a la madrugada se incendió la clínica San Gabriel con 4 muertos y 5 heridos. Las que fallecieron son mujeres, una de 54 años, dos gemelas de 17 años y otra mujer de 40 años. Lo significativo es que se prendió fuego aparentemente por un caloventor pero esto pone en evidencia, y lo que sospecha el fiscal, que las víctimas estaban atadas al momento de iniciarse el fuego.
La otra cuestión grave es que en el marco de una presunta falla eléctrica, que puede ocurrir, ante elementos inflamables como una cama de madera y un colchón de poliuretano, cuando las condiciones para estos establecimientos es que cuenten con material ignífugo.
En 1985 se dio el incendio de otra clínica llamada Saint Emilien, otro santo, donde murieron más de ochenta personas en el barrio de Saavedra. Esto pone en evidencia cómo hay una falta de control del Estado, cómo se incumplen los lineamientos de la Ley de salud mental y yo creo que hay una responsabilidad y lo voy a plantear como responsabilidad del actual Director de salud mental y las autoridades nacionales de salud en cuanto y en tanto el año pasado dieron de baja la resolución que se había generado para todos los lineamientos y los estándares de habilitación de las instituciones de salud mental, llámense hospitales, clínicas, centros de salud, consultorios, etc. Dieron de baja lo hecho en el 2015 porque ponía en condiciones de exigencia a todo este tipo de instituciones que pertenecen en su mayoría a una liga mafiosa. Es decir, que al modificar el régimen de cómo tenían que ser las instalaciones, entramos en un estado primitivo porque las personas atadas a la cama muestran la transgresión a todo derecho.

Mario Hernandez