"Contra-cumbre" en rechazo al Salón Inmobiliario Tigre 2016

Un fallo judicial de la Cámara Federal de San Martín beneficia a los emprendimientos inmobiliarios de barrios privados que habían sido clausurados en julio por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. Entre otros aspectos, la resolución de la Cámara Federal declara la incompetencia de la Justicia Federal para seguir entendiendo en esta causa.
"Esto es un gesto simple y exclusivamente de poder: sacarlos de un lugar incómodo y traerlos a un espacio de confort, como podría llegar a ser ahora la Fiscalía y los fiscales de la zona norte, que sabemos que están trabajando en forma directa en función de los intereses del Frente Renovador liderado por Sergio Massa", evaluó Ricardo Barbieri, quien es responsable del blog El Tigre Verde y además integra el Consejo Ambiental de Tigre, un espacio donde coordinan organizaciones del distrito.
Barbieri también anunció una "contra-cumbre" que realizarán numerosas organizaciones y sectores sociales el lunes 26 de septiembre, que tendrá lugar en la puerta del Museo de Arte Tigre (MAT), en rechazo al "Salón Inmobiliario Tigre 2016", un mega evento impulsado por el Municipio junto a las grandes empresas del sector privado. "Vamos a explicar nuestra propia visión de lo que es el desarrollo urbano", relató.
Al respecto, con la presencia de diversos sectores ambientales, sociales, políticos, vecinos autoconvocados y multisectoriales, se realizó el martes 20 de setiembre en el Concejo Deliberante de Tigre una conferencia de prensa por el "Real Estado de Tigre".
Los espacios convocantes hicieron público un documento en el que ponen en discusión la visión de crecimiento de Tigre. "Mientras el Municipio promueve el crecimiento de barrios cerrados, torres y demás negocios inmobiliarios, nosotros planteamos que no puede haber crecimiento si no crecemos todos los tigrenses", plantearon los organizadores de la conferencia.
Los sectores que se dieron cita manifestaron su repudio al evento "Salón Inmobiliario Tigre Real Estate", a realizarse el próximo 26 de septiembre en el Museo de Arte de Tigre, Av. Victorica 972, en donde habrá paneles sobre el aprovechamiento de la Ley de blanqueo para realizar inversiones inmobiliarias y el "modelo Miami" para Tigre.
Asimismo, convocaron a participar a la comunidad para expresar cuál es el estado real de Tigre ese mismo día desde las 15:30 en la puerta del Museo de Arte donde estarán presentes el actual intendente de Tigre, Julio Zamora, el Presidente del Banco Nación, Julio Carlos Melconián, y el Presidente de Nordelta, Eduardo Constantini.

Nuevo atentado a la espiritualidad originaria en Punta Querandí

Desde el Movimiento en Defensa de la Pacha, responsabilizan al presidente de EIDICO, Jorge O’Reilly, por la destrucción y desaparición de un “Opy” (Casa de Oración) que iba a ser presentado en el marco de la ceremonia del nuevo ciclo guaraní el próximo domingo 25 de septiembre. También se robaron carteles que señalizan el territorio.
“El Opy es donde nosotros nos encontramos con todas las palabras de nuestros seres superiores. Y lamentablemente esta gente con mucha maldad nos destruyeron todo, ya estaba hecho”, señaló Reinaldo Roa, integrante del pueblo guaraní y vecino del barrio La Paloma de Tigre. “Estoy muy apenado, me siento muy mal, nos siguen invadiendo y destruyendo nuestra cultura, nuestra espiritualidad”, agregó. “Se metieron con un lugar máximo de lo sagrado, esto toca no solamente a los guaraníes sino a todos los hermanos de este continente y del mundo”.
Punta Querandí es un espacio arqueológico, sagrado y educativo que es reivindicado y protegido por familias de distintos pueblos originarios que allí desarrollan su espiritualidad y realizan talleres de enseñanza abiertos a toda la sociedad. Está localizado en el Paraje Punta Canal, entre Maschwitz (Escobar) y Dique Luján (Tigre), rodeado de barrios privados del Complejo Villa Nueva de la empresa EIDICO, cuyo presidente Jorge O’Reilly fue asesor de Sergio Massa. El intendente de Tigre, Julio Zamora, vive en este complejo.
Valentín Palma Callamullo, integrante del pueblo quechua y vecino del paraje Punta Canal, opina que: “No está en los planes de Jorge O’Reilly y de toda la mafia inmobiliaria que quede un bache dentro del ‘Complejo Villa Nueva’, no toleran a los negros, a los indios, a pescadores, a la gente común. Por eso no quieren ceder ni Punta Querandí ni la calle de acceso y van a tratar de evitarlo por todos los medios como ya dijo O’Reilly. El problema con la hectárea de Punta Querandí es que es un palo en la rueda en su masterplan económico y territorial que es unir a los countries de Tigre y los de Escobar”.
“Es preocupante que a esta altura de la lucha, los funcionarios se hagan los desatendidos. Hay funcionarios con intereses en todos los niveles y siguen liberando la zona para que un seudo empresario avance, destruya los humedales, nos inunde y desaparezca a los ancestros de este territorio, al mismo tiempo que amenaza a la gente que defiende estos espacios, sean movimientos indígenas o ambientalistas”. En el marco de la campaña “Más humedales, menos inundados”, un grupo de vecinos realizaron una volanteada en la entrada de la empresa EIDICO cuando sus directivos estaban reunidos con inversores del proyecto Santa Ana, del complejo de countries náuticos “Villa Nueva”.
“Estamos seguros que la suspensión es provisoria, antes de fin de año se destraba”, decían confiados desde la firma y razón no les faltaba. Para explicar el porqué de las clausuras, culpan a “estos Indios Querandí” y “a las organizaciones ambientalistas, fanáticos que no quieren hablar”. También se quejan de que “ningún funcionario quiere firmar la aprobación de impacto ambiental”.
Esta actividad, realizada el miércoles 24 de agosto, se efectuó durante una reunión de la empresa con quienes financian mes a mes uno de sus emprendimientos, pequeños inversores muy preocupados por el freno judicial de las obras.
Santiago Chara, referente de la comunidad qom del barrio Arroyo El Claro y del Movimiento en Defensa de la Pacha de Punta Querandí, expresó: “Fuimos para informar a los compradores por una posible estafa, están engañando a la gente, vendiéndole algo que no deberían, lo hacen de manera ilegal”.
Además, relató que “es la primera vez que un grupo se interna adentro de EIDICO a explicarle a la gente que va a comprar, todos le tienen miedo a esta empresa mafiosa, que avanza sobre cualquier cosa, pero parece que esta vez ellos tuvieron un poco de miedo, por la actitud que tuvieron”.
Además, las autoridades de los barrios privados San Marco, San Benito y Santa Catalina (EIDICO) pretenden adueñarse de una parte del Canal Villanueva a la altura de Punta Querandí. La embarcación para hacer este trabajo ya se encuentra en el lugar. Una de las excusas es evitar el ingreso de residuos flotantes, que de esta manera quedarían acumulados en la orilla del sitio sagrado y educativo.

Incendian cooperativa de junqueros que resiste al avance inmobiliario en el Delta

Las familias de junqueros que conforman la cooperativa Isla Esperanza y forman parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), que funciona desde 2010 en la primera sección del Delta, volvieron a sufrir un incendio con tintes de atentado. Sus viviendas, donde muchos vivían desde hacía 40 años, también fueron quemadas y tiradas abajo hace unos años, cuando el mega emprendimiento inmobiliario Colony Park amenazaba con terminar con sus tierras y con su vida isleña, y aunque muchos no pudieron volver a levantar sus casas, formaron la cooperativa y desde entonces resisten y se mantienen en lucha por sus tierras.
“Nos quemaron todo: la máquina para hacer cortinas de juncos, unos 100 mazos de juncos que había adentro y que cuesta unos 5.000 pesos, las bobinas de hilos, de tanzas, los cajones de las abejas, unos 300 libros de la cooperativa”, relata Héctor Orlando Arroyo, de 68 años, que vivió durante 40 años trabajando con los juncos en el Delta, hasta que su casa fue tirada abajo en 2008.
El incendio ocurrió el domingo 18 de agosto alrededor de las 19:00, en el galpón ubicado en el arroyo Anguila y Paloma, cuando ya estaba anocheciendo. Un vecino vio salir una lancha a toda velocidad, con tres personas dentro. Por detrás, las llamas de unos 7 metros, según relata Héctor Maestre, otro integrante de la cooperativa. En medio de la oscuridad y la rapidez de lo acontecido, el testigo sólo alcanzó a distinguir que se trataba de una lancha blanca y azul, con tres personas a bordo.
“Fuimos a hacer la denuncia a Prefectura, que está ahí cerca y que fue puesta por la jueza Arroyo Salgado precisamente para preservar la zona de conflicto, y resulta que dicen que no vieron ni escucharon nada”, denuncia Maestre, de 31 años y miembro de la cooperativa desde 2009. Y explica que ya en 2008, cuando las casas de los isleños que vivían en el lugar fueron quemadas y tiradas abajo, la Prefectura tampoco actuó.
Desde su lugar de trabajo y organización, en el que también realizan apicultura y cultivan frutales, luchan contra el avance de mega emprendimientos en la zona, y en defensa de los humedales. Hace poco, parte de esa movilización de la que participan ambientalistas y organizaciones sociales y políticas, lograron también que la jueza Arroyo Salgado detuviera la construcción de otro mega emprendimiento inmobiliario en Tigre: el famoso Remeros Beach, que pretende construirse en Rincón de Milberg.
Desde el MNCI, en tanto, repudiaron el accionar de Prefectura, a la que califican como “fuerza de choque” de Colony Park, al tiempo que atribuyen el atentado a la “creciente especulación inmobiliaria” en la zona. “La comunidad ha recibido todo tipo de amenazas y ataques, con el desenlace temerario del reciente incendio. Pero este ataque se encuadra en una serie de hechos violentos que se han ido sucediendo. La empresa que tiene público interés en apropiarse del territorio para la construcción de countries es Colony Park S.A, empresa vinculada a funcionarios del actual gobierno y que ha llevado a cabo una infinidad de acciones para imposibilitar la permanencia en el territorio de las 10 familias nucleadas en la organización”, señaló en un comunicado.

Continúa la campaña “Más humedales, menos inundados”

El pasado 30 de julio en Tigre, la Asamblea en Defensa del Humedal de Escobar junto a un gran arco de organizaciones sociales, políticas y culturales de toda la cuenca del Río Luján, Delta del Paraná y Río de la Plata, lanzaron la Campaña “+ Humedales – Inundados”. Este reclamo conjunto exige a las autoridades la detención urgente de los emprendimientos inmobiliarios e industriales privados sobre humedales, planicies de inundación y costas en la cuenca del Río Luján y Delta del Paraná.
Con motivo de seguir difundiendo la campaña, diversas organizaciones ambientalistas, sociales y culturales de la zona llevaron adelante el sábado 3 de setiembre una jornada de concientización en la Plaza de las Banderas de Belén de Escobar.
Durante la actividad, similar a la que habían realizado en la estación de Tigre, los integrantes de la denominada Asamblea en Defensa del Humedal compartieron con la comunidad sus principales reclamos a través de una radio abierta, entregando volantes a la gente que pasaba por el lugar y sumando firmas en adhesión a un Proyecto de ordenanza que prohíba la radicación de desarrollos inmobiliarios en zonas de humedales.
“Hay una situación de ilegalidad de base por el lugar en el cual se construyen. Están sobre bienes del dominio público, es decir que pertenecen al conjunto de todos los argentinos, en cuya superficie se encuentran las napas de agua de las que todos nos abastecemos, donde se recargan y purifican su calidad, y por donde debe correr el agua en las crecientes para, entre otras cosas, evitar inundaciones”, explicó la presidenta de la Asociación Ambientalista del Partido de Escobar (AAPE), Viviana Rebasa, al tiempo que culpabilizó a los distintos gobiernos provinciales por los asentamientos sobre bañados.
Rebasa también cuestionó al intendente Sujarchuk por su relación con el Desarrollador de Puertos, un mega emprendimiento que ocupará 1.400 hectáreas, en su mayoría de humedales: “Ahora, él trata de imponer a Eduardo Constantini como un nuevo actor social de Escobar porque dice que va a hacer obras. Pero las obras hidráulicas tienen que ser sometidas a proyectos de impacto ambiental y, además, la comunidad científica se pronuncia en ese sentido por la relocalización y la recomposición ambiental. Está haciendo un doble discurso, es un engaño”, aseveró.
Las responsabilidades sobre el desarrollo urbanístico en humedales y costas exceden a los gobiernos municipales, sin embargo, no es excusa para que éstos no tengan una política de protección, como es el caso de Campana que aprobó una ordenanza el año pasado, con la cual se protegen ciertas zonas de humedales de su territorio para que no se avance sobre ellas.

Mario Hernandez