Los hechos de Zárate se suman a la trama de violencia urbana que las empresas periodísticas y el Gobierno toman como excusa para aumentar el control social y la criminalización de la pobreza.
“Justicia” por mano propia; indefensión ciudadana; linchamientos; falta de “justicia”; “chorros que entran por una puerta y salen por la otra”; hartazgo. En las últimas semanas la “inseguridad” y todos sus clichés volvieron a instalarse en la primera plana de los medios masivos de comunicación.
Campaña viralizada
El video que muestra a una persona en el piso, aplastada entre un poste y el paragolpe de un auto mientras otras personas a su alrededor la insultan y patean, ayer se viralizó.
Al comienzo de la tarde la crónica “policial” (término nada inocente con que se llama a la sección de los medios que trata estos hechos) hablaba de un ladrón vengado por su víctima, un carnicero de Zárate que, al intentar recuperar lo que le robaron, terminó atropellando a los “motochorros” y matando a uno de ellos con su auto. El hecho ocurrió el martes y el carnicero Daniel Oyarzún se encuentra aún detenido.
Sobre el final de la tarde de ayer la situación se había complicado. Unas cien personas irrumpieron en el edificio municipal de Zárate con carteles que decían “Libertad a Billy” (apodo del carnicero). Allí el intendente Osvaldo Cáffaro estaba reunido con concejales y funcionarios. Al grito de “¡Justicia!” y “¡Que lo suelten!” el grupo de manifestantes obligó a cortar la reunión y a que el jefe comunal se reúna con familiares de Oyarzún.
Todo fue transmitido en vivo y en directo por los móviles de los canales de noticias más importantes. Cáffaro, preocupado por mostrarse del lado de “la gente”, habló en conferencia de prensa después de reunirse con el hermano del carnicero.
“El delito se disparó esta semana terriblemente”, dijo el intendente. Y como causa central de semejante constatación acusó al Estado nacional de dejar al municipio sin gendarmes y prefectos. “De 340 efectivos que había, se retiraron 150 de un día para el otro, esto descompensa cualquier planificación de seguridad urbana”, dijo al tiempo que sentenció: “La seguridad se construye entre todos, tenemos que trabajar en forma conjunta”.
Campaña mediatizada
Hace un par de semanas la escena la ocupó un médico de Loma Hermosa (norte del Gran Buenos Aires) que asesinó a un ladrón tras un intento de robo. Hace un par de días fue el linchamiento (casi asesinato) de un supuesto ladrón en el centro de Rosario. Y día a día hay un nuevo caso en el que la “justicia por mano propia” aparece como un capítulo casi necesario del relato general de la “inseguridad” en la que está “sumergida” la sociedad. Entraderas, salideras, robos y tiroteos a plena luz del día, terror. Y la cantinela casi naturalizada de un “Estado ausente”.
Anoche, cerca de las 21:30, el canal TN titulaba “La ausencia del Estado y la reacción de la gente”. Un par de números más abajo en la grilla de canales, C5N ponía en su zócalo “Indefensos: ¿Dónde está el Estado?”. Ambos, obviamente, hablaban de los hechos de Zárate.
Semejante coherencia discursiva entre dos medios que suelen tirarse munición gruesa en el debate político, uno defendiendo al macrismo y otro al kirchnerismo, denota una clara coincidencia indisimulable. Es que ambas empresas periodísticas tienen, a nivel de línea editorial, una misma identificación de clase. Son medios burgueses. Para ellos (tanto como para Crónica TV, Canal 26 o América 24) “la gente” está siendo cada día más atacada (obviamente por “no gente”). Y el Estado “no hace nada”.
Sin embargo, ni los medios ni los gobernantes pueden basar sus sentencias en datos reales. Y no porque no haya estadísticas.
Según lo publicado a fines de abril por el propio Ministerio de Seguridad de la Nación, conducido por la nada progresista Patricia Bullrich, entre los años 2003 y 2015 la tasa de homicidios dolosos disminuyó un 12 %, pasando de 7,5 víctimas por cada 100 mil habitantes a 6,6. Y en el mismo período los delitos contra la propiedad disminuyeron un 15%. Esos dos datos muestran por sí solos la tendenciosa orientación de la campaña (mediática y gubernamental) para insuflar miedo social, tomando robos y asesinatos reales como estandarte agitador.
Campaña camuflada
Pero esos datos no pueden leerse por separado de otros que evidencian una verdadera “presencia” del Estado en materia de “seguridad”. Un terreno en el que, justamente, también hacen causa común todos los gobiernos, desde el nacional hasta las intendencias, sin importar el color político.
Nunca en la historia argentina las fuerzas de seguridad federales y provinciales contaron con tanta cantidad de efectivos como en la actualidad. Nunca hubo como hoy tantos patrulleros, tantas pistolas 9 milímetros, tantas cámaras de video en calles y edificios, tanta tecnología de punta para control urbano ni tanta estructura de comunicaciones dedicados a “combatir el delito”.
Y como consecuencia de eso la inversión estatal, tanto a nivel nacional como provincial y municipal, bate récords año tras año con presupuestos que superan en proporción a lo destinado a educación pública, salud, vivienda e infraestructura.
La Gendarmería Nacional, que tenía menos de 20 mil efectivos en 2003 hoy cuenta con casi 32 mil. Por decisión del gobierno de Cristina Fernández, entre 2010 y 2015 esa fuerza trasladó miles de gendarmes desde las fronteras a las grandes urbes (Capital, Gran Buenos Aires y varias capitales de provincia). Otro tanto sucedió con la Prefectura Naval.
Por su parte la Policía Bonaerense pasó de tener 48 mil agentes en 2005 (gestión Solá) a 82 mil en 2014 (gestión Scioli) y más de 90 mil en la actualidad. Se duplicó la fuerza en una década. Y nada parece indicar, precisamente, que María Eugenia Vidal pretenda frustrar el sueño del exministro de Seguridad kirchnerista Alejandro Granados de alcanzar los 100 mil agentes para la “maldita” fuerza represiva, con sus engendros bautizados “policías locales”.
Datos similares de crecimiento exponencial de las policías se registran en todas las provincias del país. Es más, el ingreso a la policía se transformó prácticamente en la única “salida laboral” para amplias franjas de jóvenes pobres, víctimas de la campaña de reclutamiento estatal.
Y por si fuera poco, a lo anterior hay que agregar que en 2010 entró en actividad la Policía Metropolitana, pasando de unos pocos miles a más de 20 mil actualmente, tras la fusión con parte de la Policía Federal que, de todos modos, conserva varias decenas de miles de efectivos distribuidos en todo el país.
Campaña sucia
Delito sostenido y crecimiento exponencial del aparato represivo del Estado. Una ecuación que no debería dejar lugar a dudas. Ese enorme aparato estatal de “seguridad” no es tal sino que es parte integrante, participante y hasta regente del entramado delictivo.
Mientras los funcionarios declaran la “guerra contra el delito”, con actos cotidianos de entrega de equipamiento y armas para la policía, no hay cifras oficiales, por ejemplo, sobre los ya naturalizados casos de gatillo fácil, torturas y apremios ilegales perpetrados por personal uniformado. Por el contrario, la compilación de esas estadísticas desde hace décadas corre por cuenta de organismos de derechos humanos independientes.
Mientras en las altas esferas debaten sobre la conveniencia o no de profundizar penas y reformar códigos, las cárceles crecen en población. Una población mayoritariamente joven, pobre y sobre la que se ejercen una y mil vejaciones.
Ayer se escribió en este diario que en el Gran Rosario existe una profunda “crisis social que ubica” a esa región “en el podio del ranking nacional de desempleo con casi 12 %”. Y a reglón seguido se recuerda que “están siendo procesados todos los policías de la Comisaría 19 de Rosario”, que “el exjefe máximo de la Policía de Santa Fe, Hugo Tognoli, acaba de ser trasladado a Ezeiza pero no a dirigir una Comisaría sino a habitar una celda” y que “la descomposición de la Policía llega a niveles novelescos”.
Más gendarmes pide el intendente de Zárate Osvaldo Cáffaro. Pero vale recordar que con la llegada de gendarmes durante 2014 y 2015 a Rosario el delito no bajó sino que se desplazó a la periferia.
Está demostrado que más policía en las calles y un aparato represivo más fuerte no es sinónimo de mayor tranquilidad en los barrios y las ciudades. Mientras el narcotráfico, la trata de personas, el juego clandestino y otras expresiones del crimen organizado continúan su desarrollo a velocidad crucero, de lo que no caben dudas es de que un aparato represivo cada vez más poderoso significa una profundización de las inseguridades del pueblo trabajador.
Daniel Satur
@saturnetroc
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