El 23 de septiembre de 1946 fue aprobada la ley 13.010 que establecía la obligatoriedad del voto a las mujeres mayores de 18 años. Un reclamo que las socialistas y feministas llevaron a las calles desde principios del siglo XX.
Un día como hoy, hace 70 años, Juan Domingo Perón firmaba el decreto presidencial N° 29.465 que le daba valor institucional a la ley 13.010, sancionada por la Cámara de Diputados días atrás. Ésta establecía la obligatoriedad del sufragio para todas las mujeres mayores de 18 años y ratificaba su derecho a candidatearse para la función pública. La Confederación General del Trabajo convocaba a una masiva movilización frente a la Casa Rosada y, desde el balcón, Evita brindaba un encendido discurso.
El peronismo anunció esta ley como el fruto exclusivo de su voluntad política. Sin embargo, entre 1919 y 1942 se presentaron más de veinte proyectos sobre el tema; y el diálogo entre socialistas y sufragistas supo delinear la primera oleada del feminismo en el país apenas iniciado el XX.
Los pasos fundacionales
A mediados de 1880’, irrumpía en Argentina una indómita clase obrera, gestora de huelgas y conflictos. Las mujeres fueron protagonistas de estos procesos aun cuando no disponían la potestad legal ni para realizar trámites. En este marco, profesionales e intelectuales confluyeron con trabajadoras y militantes en el reclamo por sus derechos. Entre ellos, el sufragio.
Una portavoz de esta lucha conjunta fue, sin duda, Julieta Lanteri, inmigrante italiana que se convertiría en una de las primeras médicas del país.
En 1907, acompañada por Alicia Moreau, Sara Justo y Elvira Rawson de Dellepiane, inauguró el Comité Por-Sufragio Femenino, alentando la participación de la mujer en la vida política. Y en 1910, junto a sufragistas como María Abella de Ramírez, feministas universitarias y militantes socialistas, participaría del Congreso Femenino Internacional (del cual sería Secretaria General) que se celebró en Buenos Aires con ocasión del Centenario de 1910.
Lejos de bregar únicamente por el derecho al voto, la pelea de Lanteri incluía la denuncia a las condiciones inhumanas de las trabajadoras, la defensa del divorcio y una crítica a la Iglesia Católica. En este camino, logró convertirse en la primera mujer votante en Sudamérica (luego de batallar para que la incorporen al padrón electoral), y se postuló como diputada nacional en 1919 por el Partido Feminista Nacional que ella misma fundó.
Su nombre –así como el de Fenia Cherkoff o Alicia Moreau de Justo- pasó a la historia por haber tomado en sus manos la pelea por el voto, en un contexto de efervescencia social donde las obreras hacían temblar a los patrones, y las militantes anarquistas y socialistas encontraban un terreno fértil para la acción.
Radicales y socialistas: los primeros proyectos
El sufragio femenino tanto como el status jurídico de las mujeres estuvieron en el centro del debate internacional en las postrimerías de la I Guerra Mundial. El mismo había sido aprobado en Estados Unidos e Inglaterra (donde paradójicamente constituyó un elemento que coadyuvó al desarmamiento del movimiento feminista, ya debilitado por las presiones nacionalistas). A su vez, se discutía en España, Italia, Francia, al igual que en México y Uruguay. La élite argentina, imbuida en pretensiones de modernidad, no podía quedar afuera.
En el país, el primer proyecto por el sufragio femenino (para mayores de 22 años) fue introducido en 1919 por el diputado de la Unión Cívica Radical, Roberto Araya, quien alegaba que esto traería “beneficios en los órdenes políticos social y moral”. De hecho, entre 1916 y 1930, los radicales se pronunciaron a favor de este derecho en diversas ocasiones. Pero la ambivalencia y discusiones internas que tenían, mostraban las contradicciones inherentes al partido de Yrigoyen.
Como indica la historiadora Silvina Palermo, Araya así como otros correligionarios entendían que la incorporación política de la mujer podía ejercer “un efecto moderador sobre las divisiones de clase” –que habían estallado en sucesos como la Semana Trágica o las huelgas patagónicas-. Si bien los radicales compartían la idea de que la vía electoral podía servir para canalizar el descontento social, no todos estaban de acuerdo sobre llevar adelante los cambios.
El diputado Leopoldo Bard introdujo en 1926 un proyecto que propulsaba el voto para “las mujeres mayores de veinte años y diplomadas en universidades, liceos, escuelas normales, secundarias y especiales”. Replicando la propuesta que elevó Juan Frugoni, en 1922, cuestionaba el concepto de “universalidad” de la llamada Ley Sáenz Peña –que instituyó el voto masculino-. En 1929, Belisario Albarracín, de la misma fuerza política, presentó otra iniciativa que excluía a las mujeres que no supieran leer ni escribir. Los legisladores radicales establecían así una jerarquía donde el sector más oprimido, las mujeres trabajadoras, quedaban afuera. En esto, no se diferenciaban de las propuestas de los conservadores como José Bustillo.
Distinto fue el tratamiento que le dieron al tema los diputados del Partido Socialista. A diferencia del resto del arco político, que reproducía una serie de prejuicios propios de la época sobre las mujeres –hablando de su “banalidad”, “inmadurez” y “fragilidad física”- los socialistas retomaban la tradición europea y sostenían la igualdad de capacidades intelectuales entre los sexos (aunque no escapaban a los argumentos natalistas y en torno a la familia). Entre sus filas, no sólo actuaban intelectuales y sufragistas a las que hemos hecho alusión sino que militaron combativas dirigentes obreras como Carolina Muzzili.
Los diputados y senadores socialistas llevaron al Congreso el reclamo por el voto en repetidas ocasiones. Alfredo Palacios lo hizo en 1911, aún antes de que se concretara el sufragio secreto y obligatorio para los hombres. En 1929, Mario Bravo volvió a presentar el texto, que llegó al Parlamento junto con 95 mil boletas electorales firmadas mujeres de todo el país.
“Cuando veamos a la mujer parada sobre una mesa o en la murga ruidosa de las manifestaciones, habrá perdido todo su encanto. El día que la señora sea conservadora; la cocinera, socialista, y la mucama, socialista independiente, habremos creado el caos en el hogar”, alarmaba el diputado Uriburu del Partido Conservador. Contra su voluntad, el proyecto de Bravo fue aprobado por la Cámara Baja. Sin embargo, como nunca fue tratado por la de Senadores, caducó en 1935.
1947: el sufragio femenino se convierte en ley
En 1944, las mujeres representaban casi el 30% de la fuerza de trabajo existente constituyendo una base social de importancia. Juan Domingo Perón tomó nota y, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, creó la División de Trabajo y Asistencia de la Mujer. A su vez, se acercó a referentes feministas y sufragistas, creando incluso la Comisión Pro Sufragio Femenino, presidida por la escritora riojana Rosa Bazán de Cámara.
Una vez en la presidencia, Perón levantó la consigna del voto femenino en la inauguración de las sesiones legislativas de 1946 así como en la presentación del Primer Plan Quinquenal. Nuevamente, la situación mundial abonaba. Después de 1945, este derecho se había extendido por muchos países, incluida Hispanoamérica. Para ese entonces, en Argentina, el movimiento sufragista se encontraba en franco retroceso. Los límites del Partido Socialista contribuyeron a ello.
El peronismo se valió de argumentos que diferían de aquéllos expuestos durante la etapa anterior. Invirtiendo lo que afirmaban los conservadores sobre la nocividad de la discusión política en el seno de hogar, se exaltaba el rol de la mujer en la formación del trabajador (y, sobre todo, del trabajador-peronista). Curiosamente, los legisladores justicialistas se apoyaban, para los debates, en el papel de la mujer presente en la doctrina cristiana, resaltando la igualdad espiritual, la centralidad de la familia y la maternidad.
La ley fue aprobada en septiembre de 1947 sin oposición abierta más que por la Alianza Libertadora Nacionalista. Días después, cuando se firmó el Decreto del Poder Ejecutivo que la avalaba, Eva –quien se sumó a la defensa del sufragio femenino recién en 1947- planteaba: “Tenemos para conquistar y merecer lo nuestro tres bases insobornables, inconmovibles: ilimitada confianza en Dios y en su infinita justicia: una patria incomparable a la cual amar con pasión y un Líder al que el destino modeló para enfrentar victoriosamente los problemas de la época: el General Perón”. Afirmaba, además, que las mujeres son “la columna básica del hogar”.
Finalmente el 11 de septiembre de 1951, cuatro años más tarde, las mujeres acudieron a las urnas. Se habían incorporado casi cuatro millones de electoras al padrón, de las cuales votaría más del 90%. El 64% de estas boletas fueron para la fórmula presentada por el oficialismo.
Un derecho conquistado con años de lucha
Todavía en 1947 la mujer casada era considerada legalmente como “incapaz de hecho relativa”, relegándola a un papel completamente subordinado frente al hombre. Así permanecería hasta mediados de los 80’, cuando recién se alcanzaría la igualdad ante la ley de los cónyuges.
El sufragio femenino no partió de la sensibilidad de una fuerza política sino que respondió a la necesidad del gobierno de fortalecer su base social y fue parte de una estrategia pasivización de los trabajadores y trabajadoras a través de concesiones desde el Estado.
“Nadie nos regalará nada”, alertaba Lanteri a comienzos del siglo XX mientras llevaba a las calles este reclamo. Actualmente quedan muchos derechos pendientes. La afirmación permanece incolúme: el camino sigue siendo la lucha.
Jazmín Bazán
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