La diputada nacional, este domingo y ante la mema mirada de Susana Giménez, pidió la domiciliaria para los genocidas que hoy cumplen condena en cárceles comunes.
Si alguna vez pudo llegar a tener un dejo, un tímido matiz de centroizquierda en sus posturas políticas, hoy podemos afirmar que Elisa “Lilita” Carrió ha abandonado definitivamente, no el progresismo, sino el viejo centro del espectro político. En esa amplia avenida del medio que solía transitar, tenía espacio suficiente para desplegar su (ex)carácter volátil: un día podía pedir la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, y otro, mostrarse en contra de la legalización del aborto o abstenerse sobre el matrimonio igualitario. Si bien hace buen tiempo ya pegó el volantazo, aventura cuyo cenit fue armar Cambiemos y llevar a Mauricio Macri al poder, hoy Lilita nos toca bocina, eufórica, desde el embotellado carril de la derecha.
Porque no sólo desde el comedor de Mirtha Legrand salen las declaraciones más reaccionarias de los personajes nacionales. También está –no nos olvidemos- el living de Susana, ese recoveco de falsa y coqueta intimidad donde el sentido común más retrógrado y la estupidez se transmiten a millones. En ese espacio, la diputada nacional, advirtió: “No quiero venganza, quiero justicia”. Y, suelta de cuerpo, exclamó: “Quiero justicia para esos militares que con 80 años se están muriendo en la cárcel”. No hay remate.
De esta no se vuelve. El bocinazo rabioso de Lilita clama por justicia, pero a la calle opuesta nos llega otra palabra: impunidad. Impunidad para quienes cometieron delitos de lesa humanidad, para los genocidas. La diputada Carrió, las organizaciones que defienden a quienes cometieron terrorismo de Estado, el mismo ministro de Justicia, Germán Garavano y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, más cierto sector de la Justicia, todos hacen fuerza para cambiar los aires y traer más impunidad. Macri incluso habló de “guerra sucia” y de “recursos… Derechos Humanos”. Y en pocos meses obtuvieron la domiciliaria una cincuentena de militares y expolicías de más de 70 años.
Sus defensores alegan “razones humanitarias”, pero como señaló Nilda Eloy, integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, víctima de Miguel Etchecolatz y testigo en su contra, “si los genocidas tienen más de 70 años o están enfermos, que el Estado provea cárceles que tengan un sistema hospitalario correcto”. El juez federal de La Plata Carlos Rozanski, se preguntaba hace unos días: “¿Qué otro lugar puede ser justo para alojar a quién ha cometido graves crímenes, que no sea la prisión cuando la pena impuesta es de prisión, en el caso perpetua?”.
Lo justo es que los genocidas estén en la cárcel. Con la atención médica que precisen, claro. Pero en la cárcel. Por eso Lilita, con sus declaraciones, confirma que su derechización es total. Tal vez nunca se había ido de este carril: recordemos que fue empleada de la Justicia chaqueña durante la dictadura cívico-militar. Visto desde el presente, parece que esa experiencia fue su mayor escuela política. Hoy, por los rodeos del inconsciente o, mejor dicho, por una ineludible pertenencia de clase, vuelve a abrazar esos valores, esta vez delante de todos.
No por nada, la Real Academia Española indica que descarriar significa, en su cuarta acepción, “apartarse de lo justo y razonable”.
Julián Khé
@Juliankhep
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