La conferencia de prensa que Alberto Abad, titular de la AFIP, brindó el jueves para anunciar su apoyo las denuncias del destituido titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, es aleccionadora.
Mientras Abad ratificaba la denuncia de Gómez Centurión sobre falsas declaraciones de importación emitidas entre 2012 y 2015, en el mismo acto anunciaba que los defraudadores podrían acogerse a la ley de blanqueo.
La maniobra, en pleno cepo cambiario, consistía en simular importaciones para obtener dólares al tipo de cambio oficial y venderlos en el mercado negro (“dólar blue”). Por la diferencia entre ambas cotizaciones, las ganancias en pesos podían ser de hasta el 50% en un solo día. Hay más de 14 mil millones de dólares bajo la lupa, que involucran a 17.500 personas físicas y empresas. Esto equivale al 8% del total de las operaciones de importación realizadas en los últimos años de kirchnerismo y al 20% de los operadores habilitados en el registro de comercio exterior o casi la mitad de los operadores activos (Clarín, 2/9). Es difícil que, bajo semejante magnitud, la gran burguesía no haya participado de ese fraude, lo que explica que Abad se apresurara a aclarar que esos fondos podrán ingresar al blanqueo de capitales y quedar eximidos de acción penal.
El fraude de las importaciones probablemente haya corrido en paralelo a otra modalidad de fraude aduanero, la subfacturación de exportaciones, con el mismo objetivo de liquidar en el mercado paralelo al menos una parte de los dólares que percibían.
Mientras los trabajadores cargan con el gravamen del IVA sobre los productos que consumen –y que representa casi un tercio del total de la recaudación fiscal–, junto al impuesto al salario y el costo del ajuste, el gran capital se beneficiará con un jubileo por un fraude de cifras astronómicas.
Guerra de espías
El involucramiento de lobbies capitalistas y estatales en este megafraude queda revelado por la otra cuestión que envuelve al caso Gómez Centurión –la intervención de los servicios. Habría certeza de que el espionaje sobre el ex funcionario fue ordenado por la número dos de la AFI (ex Side), Silvia Majdalani, sin mediar orden judicial (ídem). Majdalani llegó a la AFI de la mano de los K y continúa como subsecretaria.
Por su parte, Elisa Carrió –que respaldó a Gómez Centurión apenas Macri lo apartó–, acusa a “Jaime” Stiuso y al macrista Daniel Angelici, entre otros, por las operaciones contra el ex titular de la Aduana.
Al mismo tiempo, la mano derecha de Gómez Centurión es un oscuro empresario, Carlos Barreiro Laborda, denunciado por Patricia Bullrich por pedir a razón de cien mil dólares de coima por contenedor para omitir controles. Y no falta quien apunte al genocida César Milani por los audios filtrados. Milani, enemigo jurado de Stiuso, continúa activo desde las sombras. “La cúpula del Ejército está constituida por ingenieros y oficiales de inteligencia. Supieron formarse con la impronta que impuso el ex teniente general César Milani, cuando manejó la fuerza en tiempos de Cristina. El actual director de Inteligencia, José Eduardo Arce, es un discípulo suyo” (ídem, 28/8). El mismo artículo informa sobre la desaparición de “equipos de intercepción de llamadas –incluso satelitales– que por una cifra millonaria el ex teniente general adquirió en Israel”.
La crisis de la Aduana es parte de una fractura de Estado, relacionada con la impasse económica y politica del régimen.
Jacyn
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