Las empresas distribuidoras y transportistas de gas reclamaron ayer la urgente aplicación del tarifazo de gas y una “compensación” del Estado. Reconocieron el vaciamiento y la falta de inversión.
Los primeros en hablar, de una lista de más de 400 inscriptos, fueron el Gobierno y los empresarios, toda una demostración de principios y de donde estaba orientada la Audiencia. Las asociaciones de consumidores, los trabajadores, los usuarios afectados directamente por el tarifazo en los servicios de gas sólo empezaron a exponer más adelante en la lista.
La audiencia continuará durante días. Pero a pesar de los múltiples testimonios, la misma no será vinculante. En los hechos, Aranguren ya anunció el tarifazo del 203 % y recorte de subsidios.
Un lobby escandaloso de las empresas
Los representantes de las dos transportadoras de gas y las nueve distribuidoras que expusieron ayer por la mañana, apoyaron la política tarifaria que presentó el ministro de Energía Juan José Aranguren. Una verdadera teatralización parece haber sido vivida ayer, en el que el drama fue el personaje elegido por los empresarios del gas, supuestos “perdedores” en el entramado tarifario.
Este escenario fue montado para justificar los aumentos extraordinarios de precios que se preparan hacia los usuarios. Sin embargo, para ello debieron dejar expuesto el vaciamiento que realizaron del sector en los últimos años, la escasa inversión y la casi inexistente extensión de servicios desde 2002, cuando se rompieron los contratos a la salida de la convertibilidad.
El reclamo formó parte de las exposiciones de los representantes de las empresas que expusieron en la Audiencia Pública que analiza la actualización de las tarifas de gas, que se lleva adelante desde ayer por la mañana en La Usina del Arte, de esta ciudad.
Transportadora de Gas del Sur (TGS) y Transportadora de Gas del Norte (TGN) sostuvieron que no recibieron ningún subsidio por parte del Estado y reclamaron una “asistencia” de 600 millones de pesos. Señalaron que el porcentaje del precio de las facturas que perciben está entre el 6 y el 17 por ciento del total.
Rubén de Muría, de Transportadora de Gas del Sur (TGS), señaló que desde 2001 a 2016, mientras las tarifas de su empresa se incrementaron un 73 por ciento, debido a distintos adelantos a cuenta de la revisión tarifaria integral, que no se concretó, “los precios minoristas subieron 2.146 por ciento” y sostuvo que “resulta necesario un incremento del 218 por ciento” en las tarifas.
Guillermo Cánovas, de Transportadora de Gas del Norte (TGN), se escudó en el virtual congelamiento de tarifas de los últimos 15 años por la casi nula realización de obras que garanticen el aumento del transporte de gas y comentó que "entre 1992 y 2001, el aumento del transporte fue del 10 por ciento anual, mientras que desde 2002 a la fecha del 0,8 por ciento".
Fernando Da Monte, de la Asociación de Distribuidores de Gas (ADIGAS) puntualizó que "ya en 1999, las tarifas argentinas eran de las más bajas de mundo" y que en la actualidad "están más de 15 veces atrasadas respecto de países como Colombia o Brasil".
El representante de Metrogas, José Luis Fernández, indicó que “el 78 por ciento de los ingresos (de su empresa) dependen de la tarifa residencial”, en la cual tiene "una participación del 13 por ciento" y que la rentabilidad de su compañía "fue negativa en un promedio del 4,8 por ciento anual entre 2002 y 2015", con un rojo de "1.344 millones de pesos".
Y así siguieron a su turno exponiendo las supuestas penurias capitalistas los distintos representantes de la distribución gasífera. Jorge Niermets de Gas Natural Ban, Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur, Gas del Centro y Gas Cuyana, Litoral Gas, GasNor y GasNea. Interesante demostración de quebrantos, en la que sólo abren sus libros de contabilidad, ya manipulados, para exponer supuestas pérdidas de rentabilidad.
Pero lo que no se pone en evidencia es la necesidad de que las cuentas de los servicios públicos sean públicas y transparentes. Deben darse a conocer las enormes ganancias que acumularon gracias a los subsidios económicos que el Estado sostuvo a costa de la clase trabajadora sin que, como los propios empresarios reconocen, se haya casi invertido un peso. Un verdadero vaciamiento. Precisamente desde el Frente de Izquierda y otras corrientes se viene insistiendo en la exigencia de una Auditoria pública que investigue a fondo el destino de los millonarios subsidios entregados en el ciclo kirchnerista.
Mientras tanto, con el nuevo tarifazo acordado con el gobierno, según los documentos presentados al Enargas, Transportadora de Gas del Norte (TGN) incrementará sus ingresos por la suba en la “tarifa del transporte” desde $ 586 millones a $2.279 millones, un 289 %. Por su parte, Transportadora General del Sur (TGS) pasará de recaudar $ 986 millones con la tarifa anterior a $ 2.958 millones con la nueva, una suba del 200%.
Pero el transporte y la distribución del gas es sólo un aspecto del problema. En las audiencias y el debate, quedan bajo llave los precios de la etapa inicial, los fundamentales: el precio PIST, conocido como precio del gas en boca de pozo. Ni tampoco, como señala Pablo Anino en esta columna, se debate el tema central que es el fracaso del esquema privatizador que condujo a la crisis actual.
Lucía Ruiz
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