El dirigente de trabajadores estatales de Tierra del Fuego, José Gómez, ratificó su denuncia contra Horacio Antonio Cao ante el juzgado federal de Ushuaia.
Cao funge actualmente como Secretario de Recursos Humanos del gobierno provincial de Rosana Bertone, cargo desde el que ha ejercido como "tecnócrata" del ajuste en Tierra del Fuego. Los trabajadores denuncian que fue miembro del Batallón 601 de Inteligencia, el aparato de espionaje del Ejército que operó entre 1970 y 1985 y cumplió un rol central en el esquema represivo de la última dictadura. El Batallón 601 tuvo infiltrados a sueldo en numerosas organizaciones, cuyo listado fue publicado hace algunos años por la revista Veintitrés. Uno de sus más connotados agentes fue Gerardo Martínez, el secretario general de la UOCRA.
La gobernadora Bertone, del Frente para la Victoria, ha sido una fiel ejecutora del ajuste, en completa sintonía con el gobierno macrista. Como para muestra basta un botón (en este caso es literal), el puesto de Cao es financiado directamente por el ministerio nacional de Modernización que conduce Andrés Ibarra.
El denunciante, José Gómez, es secretario general de la Asociación Fueguina de Empleados Públicos (AFEP). Protagonista de la tenaz lucha que libran los trabajadores de la provincia, fue detenido por los grupos especiales de la policía, en mayo pasado, junto a otros dirigentes. La solidaridad obrera, extendida en todo el país, permitió su liberación.
Más que CV, un prontuario
Durante los años de democracia, Cao realizó tareas como ajustador especializado: fue idéologo de la "racionalización del Estado" llevada a cabo por el gobierno sanjuanino de Jorge Escobar (y funcionario del mismo), y participó con fines similares en la intervención nacional de Santiago del Estero, en 2004.
Su pertenencia al Batallón 601 es conocida desde hace 6 años, cuando Veintitrés publicó la lista. En la misma aparecen también varios de sus familiares. La Justicia nunca investigó qué participación tuvieron esas personas en los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el genocidio. La causa que debería investigarlas se encuentra en manos del juez federal Ariel Lijo, que no movió un dedo y sobreseyó al burócrata Martínez. Curiosamente, en un fallo de hace varios años atrás, caracterizó al Batallón 601 como "un engranaje de relevancia para el accionar de la dictadura y la concreción de crímenes de lesa humanidad" (1).
Tras la declaración de Gómez, los jueces fueguinos se declararon incompetentes y anunciaron que remitirían la causa... al juez Lijo.
El abogado de Gómez, el doctor Rodrigo Guidi, denuncia que "las funciones y el rango y tareas asignadas a Horacio Antonio Cao como parte del aparato de inteligencia de la dictadura militar, figuran en los archivos desclasificados" a los que solo se puede acceder "en el marco de una causa penal". Como no hay causa penal porque los denunciantes no pueden acceder a la documentación, así se cierra el círculo de impunidad sobre los buchones.
Una vez más, reclamamos la apertura de todos los archivos de la dictadura y el castigo a los culpables.
Tomas Eps
(1) LARRAQUY, Marcelo, “Gerardo Martínez: El oscuro pasado del jefe de la UOCRA durante la dictadura”, http://www.clarin.com/zona/Gerardo-Martinez-pasado-UOCRA-dictadura_0_640136210.html
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