Avanza la investigación acerca del dinero robado Gabriela Michetti. ¿Qué hay detrás del discurso de “transparencia”?
El juez federal Ariel Lijo ordenó la entrega de datos a Unidad de Información Financiera (UIF) y al Banco Central sobre la Fundación “SUMA para el diseño de políticas públicas con visión estratégica”, presidida por la vicepresidenta Gabriela Michetti, para avanzar en la causa que investiga el robo de dinero de la casa de la funcionaria del PRO, a partir de la denuncia de los diputados del Frente para la Victoria Rodolfo Thailade y Juan Cabandié.
El objetivo es conocer la totalidad de las transferencias recibidas o realizadas, detallando las fechas correspondientes, monto, moneda, información filiatoria del ordenante, datos de la cuenta ordenante y datos de la cuenta del beneficiario. La orden especifica además que “en el supuesto que se registre a personas jurídicas como ordenantes o cotitulares de la cuenta beneficiaria deberá detallar la razón social, número de CUIT, accionistas, directorio, representantes y domicilios”.
Para esto, el miércoles pasado había ordenado a la Fundación entregar la totalidad de los libros diarios, caja de inventario y balance, y libros de actas. El juez quiere saber si se han registrado operaciones sospechosas o lavado de dinero. Sin embargo, durante el procedimiento no encontraron los libros. Aparentemente se hallaban en la residencia de la funcionaria y la organización comunicó que los entregarían “directamente en el juzgado”.
Además, la orden emitida por el magistrado también explicita al Banco Central que se levante el secreto bancario e informe si la Fundación registra cuentas o productos (plazos fijos, cajas de seguridad, etc.), así como también si se ha registrado operaciones y/o transferencias a su nombre o el de cualquier persona física”.
Michetti no la tiene fácil. A principio de mes su abogada defensora, perteneciente al estudio del abogado Alejandro Pérez Chada, el mismo que representa al presidente Macri, renunció a sólo dos días de haber sido nombrada para llevar el caso.
Luego de haber denunciado el robo en noviembre del año pasado, la funcionaria explicó vía Facebook el origen del dinero: “Los 200 mil pesos declarados pertenecían a donaciones que se realizaron a la Fundación SUMA que yo presido. Siete días después tendría lugar la Cena Anual de recaudación de fondos y ese dinero había sido recaudado a tal efecto. Los 45 mil pesos eran el dinero con el que estaba pagando una refacción en mi casa y el resto, el manejo cotidiano de una casa de familia”.
Hay varios puntos que no quedan claros acerca de los fondos de la fundación SUMA. Cada vez más complicada por el avance de la investigación empiezan a aparecer piezas que no encajan en el “discurso de la transparencia” de los funcionarios del PRO.
Por ejemplo, no se han presentado balances en la Inspección General de Justicia y recién fue inscripta como empleadora ante la AFIP con posterioridad a la denuncia promovida. Además, el abogado Martínez Herrero presentó un “informe de transparencia de a fundación que complicó aún más a la funcionaria y denunció que incluso, la fundación pagaba sueldos cuando no tenía trabajadores: “En 2014 se abonaron sueldos por 165 mil pesos pero no tenían ningún empleado registrado conforme surge de la constancia de la AFIP”. Esto se oscurece aún más si tenemos en cuenta que la fundación SUMA recibió $4.100.000 en donaciones aunque sea una organización sin fines de lucro. Según la legislación argentina, las donaciones deben ser bancarizadas.
Según los diputados kirchneristas Cabandié y Thailade en verdad incluso afirman que la investigación podría llegar a dar con los orígenes del financiamiento de la campaña que llevó al PRO a la presidencia. Michetti como una más, aunque con la particularidad de ser la actual vicepresidente, forma parte de un régimen político más que salpicado, embarrado por la corrupción. Panamá Papers y cuentas off shore del presidente Macri y del intendente de Lanús del mismo espacio político, Néstor Grindetti, las acciones en la Shell del ahora ojo- de- la- tormenta Aranguren, la extracción de porcentajes de sueldos por parte de la concejal de Avellaneda –también del PRO- Gladys González, por mencionar algunos.
Pero la corrupción es inherente a los funcionarios públicos ligados a los partidos patronales. No hace falta ahondar mucho en los ya conocidos y mediatizados bolsos de José López, ni en la causa de Hotesur en la que se ve implicada la ex presidente Cristina Fernández, o Ciccone con Amado Boudou. Gobierno u oposición, los representantes de este tipo de partidos que no defienden los intereses del pueblo trabajador intentan por los vericuetos de una justicia que también responde a una clase social, defender un falso discurso de la honestidad, el esfuerzo individual y la transparencia. Parece que “no cambiamos”.
Lina Ávila
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