La Corte se suma a la alianza del tarifazo

El fallo de la Corte Suprema avalando el aumento de la electricidad en la provincia de Buenos Aires consagra un tarifazo de proporciones, que en muchos casos supera el 500%. La Corte alegó que los demandantes no tienen legitimidad para representar a todos los usuarios. Parece un argumento formal, pero no lo es tanto. Bien visto implica un cambio de política, al negarle representación a organismos como la Defensoría del Pueblo. Supone la cancelación de las propias cautelares, un viejo reclamo que alcanza incluso al gobierno anterior.
La Bolsa de Comercio festejó el fallo con una suba generalizada de las acciones de las empresas eléctricas. El negocio para Edesur y Edenor es redondo. Luego de recibir durante una década subsidios millonarios ahora se beneficiarán con un aumento directo de la tarifa. Estas empresas venían chantajeando a los usuarios con cortes de luz, argumentando que si no cobraban mayores tarifas no podrían corría riesgo la prestación del servicio. Sin embargo, mientras amenazaban con el quebranto, el empresario Midlin, controlante de Edenor, se quedó con los activos de Petrobrás en la Argentina por 500 millones de dólares. De este modo se demostró que los subsidios fueron usados no para invertir en la mejora del servicio, sino en la expansión económica de los grupos.
El momento en el que dio a conocer el fallo favorable al tarifazo eléctrico no fue casual. Sucede justo cuando el gobierno está armando un gran frente con los gobernadores del FPV y los bloques parlamentarios de la oposición para viabilizar el tarifazo al gas de cara a la audiencia pública del próximo 16 de septiembre. Aranguren ya dio a conocer un nuevo cuadro tarifario, que tiene como novedad la aplicación de un tarifazo en cuotas, que llevará el precio del gas a boca de pozo en los próximos años a un valor que triplica el internacional. Mientras en EEUU el gas a boca de pozo se paga 2.50 dólares, Aranguren pretende pagar en el mercado interno aproximadamente 7 dólares. Un precio de este tipo equivale a consagrar un régimen de subsidios permanentes de los consumidores a las petroleras.
Advertimos que el fallo ubica a la Corte Suprema dentro de la alianza del tarifazo. Ante esto llamamos a redoblar la movilización de cara a la audiencia pública del 16 de septiembre, a la que el Partido Obrero concurrirá a reclamar la anulación del tarifazo, la apertura de los libros de las empresas, la realización de una auditoría sobre los subsidios recibidos y los costos de extracción, transporte y distribución. En oposición a este saqueo nacional levantamos un programa de nacionalización integral de los recursos hidrocarburíferos, como parte de un plan económico y político a favor de los trabajadores.

Gabriel Solano