La operadora Trenes Argentinos denunciará a la Seccional Oeste y al Pollo Sobrero. El Gobierno nacional impulsa la judicialización que se apoya en el fallo de la Corte Suprema.
El paro de 24 horas realizado por la Seccional Oeste del ferrocarril Sarmiento fue cuestionado por Trenes Argentinos Operaciones, la operadora dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación. La empresa aseguró que recurrirá a la Justicia, avalándose del reaccionario fallo de la Corte Suprema contra el derecho de huelga y de las declaraciones de rechazo al paro expresadas por Sergio Sassia, secretario general de la Unión Ferroviaria.
La medida de protesta que los ferroviarios llevaron adelante este jueves tuvo su origen en las suspensiones que impuso la empresa a 70 trabajadores de limpieza del depósito de Castelar. “El conflicto se generó hace unas semanas, ante la arbitraria acción por parte de la empresa Trenes Argentinos de sancionar a trabajadores por reclamar durante algunas horas, por condiciones de higiene y seguridad, junto a la exigencia de un nuevo protocolo, para evitar nuevas tragedias laborales en las vías” aseguraron los trabajadores en un comunicado de prensa difundido el martes pasado. En el mismo denuncian que apenas unos días atrás “un terrible incidente dejó al borde de la muerte a un trabajador de vías obras, situación que se quiere tapar por parte de la empresa”.
El paro de 24 horas fue atacado por el Gobierno a través del Ministerio de Trabajo y demonizado por los medios de comunicación, intentando enfrentar a usuarios contra trabajadores. Pablo Cunning, vocero de Trenes Argentinos, afirmó que la empresa “estuvo abierta al diálogo” y habló de la “intransigencia” por parte de los trabajadores, responsabilizándolos por la interrupción del servicio. Por su parte el ministro de Trabajo Jorge Triaca reconoció ayer en Radio Mitre que “hay dificultades y tensiones” con los gremios. En la entrevista aseguró que buscan soluciones “a través del diálogo” pero al mismo tiempo pidió por la aplicación del fallo que regimenta el derecho de huelga: “Si hay una representación gremial que no acompaña la voluntad de huelga y una seccional considera que sí lo puede hacer, hay una incongruencia de intereses entre los propios representantes de los trabajadores y el fallo de la Corte lo dejó bastante claro”.
Un ensayo para futuros ataques
La cruzada del Gobierno contra los ferroviarios no es sólo un episodio más de criminalización de la protesta social. La denuncia de la operadora que depende de la cartera de Trabajo pretende sentar un precedente en este tipo de casos, determinando quiénes están habilitados para llevar adelante medidas como una huelga y quiénes no. De prosperar esta avanzada sería el primer caso en el que se utilizaría el nuevo criterio impuesto por los jueces Lorenzetti, Highton de Nolazco y Maqueda, abriendo paso a una nueva jurisprudencia hecha a medida de los empresarios y la burocracia sindical.
La denuncia a los ferroviarios es parte de una estrategia intimidatoria del Gobierno frente a los sectores combativos y antiburocráticos del movimiento obrero, en un mes que comienza movido en el terreno sindical y que promete volver a poner la agenda de los trabajadores en el centro del escenario político. Ante la falta de respuesta por parte de los sindicatos y las centrales obreras, la preocupación del macrismo pasa en este momento por terminar con la “incongruencia de intereses”, al decir del ministro Triaca, entre aquellos que plantean la necesidad de enfrentar el ajuste y los tarifazos con un plan de lucha nacional y quienes optan por mantener la tregua.
El Gobierno se prepara para escenarios donde la conflictividad social pueda ir en aumento y ante eso quiere adelantarse a la jugada. El objetivo es no sólo desalentar los reclamos contra las medidas de ajuste que ya se vienen implementando, sino sentar las bases para una avanzada todavía mayor sobre las condiciones de trabajo y mermar cualquier tipo de resistencia posible, tal como exigen los empresarios. Así lo refleja uno de los últimos editoriales del oficialista diario La Nación, que exige “modificaciones legales y estructurales” en las relaciones laborales: “La forma de incentivar y facilitar la demanda de trabajo es flexibilizar y facilitar la contratación y que a la vez se brinden garantías para que no se produzcan contingencias imprevisibles y desproporcionadas”. Y hasta el propio presidente pidió, en una entrevista concedida a ese medio, que la Justicia sea “más equitativa” con los empresarios ante los conflictos laborales como condición para que lleguen las inversiones prometidas.
La cruzada del Gobierno plantea un desafío para los sectores combativos y antiburocráticos del movimiento obrero y la izquierda que intervienen en los diferentes sindicatos, quienes ratificaron ayer, en una conferencia de prensa realizada en la sede del Sindicato del Neumático, la movilización prevista para el 9 de agosto hacia Plaza de Mayo, donde el reclamo contra la persecución seguramente será una de los demandas centrales y se hará escuchar con fuerza.
Juan Manuel Jardim
@jotaemejotaa
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