domingo, 3 de julio de 2016
La independencia para poner fin a la revolución
La “historia oficial” ha tratado siempre de ocultar las conspiraciones que se desarrollaron paralelamente a la declaración de la Independencia, que incluyeron la amputación del territorio nacional y la entrega de una de sus partes a una potencia extranjera. También los “revisionistas” participan del ocultamiento: con CFK se planteó el intento de una nueva “historia oficial”, que intentó declarar al año 2015 Año del Bicentenario del Congreso de Oriente del Bloque Federal y pretendió presentarlo como “complementario” del de Tucumán. La realidad histórica desmiente ambas “historias oficiales”. No hay tal complementación, desde el momento que el Congreso de Tucumán viabilizó una conspiración para acabar con el federalismo agrarista que se expresó en la coalición reunida en el Congreso de Oriente. El Congreso de Tucumán proclamó la independencia con el propósito de acabar con el ciclo revolucionario, abierto con la resistencia a las invasiones inglesas, y que había vuelto a retomarse en los intensos meses de 1815.
Cuando en marzo de 1816 se reúne el Congreso en Tucumán que va declarar pocos meses después la Independencia, el cuadro de situación era el siguiente: derrotado Napoleón en 1815 y repuesto en el trono Fernando VII, España había procurado recuperar sus colonias americanas. Sólo las Provincias Unidas del Río de la Plata (incluyendo Paraguay) se mantenían en pie. Al oeste, los patriotas chilenos habían sido derrotados. En el norte, los gauchos de Güemes resistían los embates realistas, rivalizando con el Ejército al mando de Rondeau, derrotado en Sipe Sipe. En el este, la corona portuguesa se había instalado en Brasil y mantenía sus antiguas apetencias sobre la Banda Oriental para llegar al Plata. En junio de 1814, Montevideo había caído en manos patriotas, lo que alejó el peligro de la expedición española dirigida por Morillo. El golpe absolutista en España (mayo de 1814) había iniciado una cacería contra los liberales (que se habían ilusionado con un monarca que aceptara la constitución liberal dictada en Cádiz en 1812), y no dejó ningún margen para mantener un gobierno autónomo en América “en nombre de Fernando”.
La cuestión de la independencia quedó colocada entonces objetivamente en la agenda de todas las clases y corrientes políticas. Pero significaba cosas distintas para cada una de ellas. Para la burguesía comercial porteña era el paso necesario para imponer el orden, dar por concluido el ciclo revolucionario, y posicionarse política y jurídicamente ante el mundo (especialmente Inglaterra), para poder negociar en otros términos su vinculación con la economía y el comercio mundiales. En la misma dirección, aunque no fuesen aún la corriente dominante, se orientaban los estancieros bonaerenses.
Tan o más importante que lo anterior, la segunda oleada revolucionaria iniciada en 1811 alcanzó su clímax en 1815, por la derrota de la dictadura que encarnaba Alvear, el alzamiento agrario motorizado por el Reglamento de Tierras y la ocupación de tierras en la Banda Oriental y en zonas de nuestra Mesopotamia.
Un Congreso amañado y de un país partido
El vacío de poder provocado por la caída de Alvear 1 fue llenado por el Cabildo porteño que nombró como nuevo director interino a Alvarez Thomas, de las filas de la Logia. El 17 de mayo de 1815, éste cursó a las provincias la convocatoria al Congreso de Tucumán en función de un complicado sistema electoral: elección indirecta, con censo previo de habitantes habilitados a votar (los que tuvieran propiedad u oficio lucrativo), para elegir un elector por cada 5.000 habitantes. Los electores concurrirían a una asamblea en la que se elegían los diputados al Congreso a razón de uno cada 15.000. Lo notable es que a la par se habilitaba sustituir este método “por el que se crea más oportuno” en caso de “grandes dificultades” 2. Es decir, carta blanca.
El primer problema que debió encarar el nuevo director fue la actitud a tomar ante el fortalecido Bloque Federal o Sistema de los Pueblos Libres, que reunió su propio Congreso -el Congreso de Oriente- en junio de 1815 en Entre Ríos, para debatir su participación en el Congreso de Tucumán. Al mismo concurrieron seis provincias: Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y la Banda Oriental. El Directorio lo desconoció y ofreció a la Banda Oriental su independencia, lo que fue rechazado por Artigas. Así, de entrada, quedaron fuera del Congreso cinco provincias (Córdoba eligió sus representantes y batalló contra la política del Directorio). Lo mismo ocurrió con Paraguay, ni siquiera convocada.
El Directorio planificó cuidadosamente la obtención de una “mayoría automática”. Se aseguró, además de la representación de Buenos Aires, emigrados que actuarían en nombre de las provincias alto peruanas ocupadas por los realistas, afines e incondicionales al Directorio. Dirigentes porteños se hicieron elegir diputados, como Pueyrredón por San Luis. Las únicas delegaciones independientes fueron: por un lado, la de Mendoza y San Juan, orientadas por San Martín, cuyo propósito era presionar por la declaración de la Independencia inmediata para dar cobertura legal y política a la proyectada invasión a Chile con el Ejército de los Andes. Por otro, la de Salta, orientada por Güemes, y la de Córdoba. Más allá de esta composición mayoritariamente trucha, ¿cuál era la calidad política de los congresales? Por el Alto Perú no venía Juana Azurduy ni uno solo de los protagonistas de la guerra de guerrillas, una característica del conjunto. Es nada menos que Bartolomé Mitre el que reconoce este hecho: “con raras excepciones sus nombres eran desconocidos a la Nación, poca o ninguna parte habían tomado en el movimiento general de la revolución” 3 .
Con la mayoría asegurada, el partido del Directorio encaró su desafío más audaz. Pactó con la Corte portuguesa, radicada en Río de Janeiro, la invasión consensuada de la Banda Oriental, para “acabar con el peligro anarquista representado por Artigas”, y lo hizo aprobar en sesiones secretas del Congreso. Este envió instrucciones “reservadas” y “reservadísimas” a los representantes ante la Corte de Río, Manuel García y Herrera, para que negociaran las condiciones de la invasión, incluyendo los previsibles reclamos y quejas que emitiría el gobierno desde Buenos Aires para guardar las apariencias. Los rechazos de las delegaciones de Salta y Córdoba fueron silenciados mediante la norma del “sigilo” que prohibía dar a conocer lo tratado en las sesiones secretas, lo que terminó con la persecución a dichas delegaciones y su abandono del Congreso.
La declaración de la Independencia
Belgrano, junto a Sarratea y Rivadavia, había viajado durante 1815 por Europa buscando el reconocimiento de las potencias europeas. Volvió a fines de 1815 sin haber logrado gran cosa y con la convicción, que transmitió al Directorio y luego al Congreso en sesión secreta el 6 de julio de 1816, que la revolución americana estaba completamente desprestigiada en Europa “por su declinación en el desorden y la anarquía”. Su conclusión era que había que “monarquizarlo todo”. Su propuesta era declarar la independencia y ponerse a tono con el nuevo espíritu europeo nombrando un rey inca enlazado con la corona portuguesa. Para Belgrano el “…rey (portugués) Don Juan era sumamente pacífico y enemigo de conquista…”.
Los crecientes rumores de la conspiración con los portugueses obligaron a acelerar los tiempos. El 9 de julio se declaró solemnemente la Independencia. Pero… lo votado ese día sólo se refería a España, por lo que la agitación política se acentuó ante la fundada presunción de que había un arreglo con los portugueses.
Recién diez días más tarde, en la sesión secreta del ’19, se agregó que la emancipación se declaraba respecto a “toda otra dominación extranjera”. Medrano tuvo que reconocer “que de este modo se sofocaría el rumor esparcido por ciertos hombres malignos, de que el director, Belgrano y algunos individuos del Soberano Congreso, alimentaban ideas de entregar el país a los portugueses”.
Los acuerdos con Río siguieron adelante -el 7 de julio de 1816 las tropas portuguesas habían ingresado al territorio de la Banda Oriental. El 1º de agosto, el Congreso emitió un Manifiesto que define claramente los objetivos del partido directorial: “…el estado revolucionario no puede ser el estado permanente de la sociedad: un estado semejante declinaría luego en división y anarquía, y terminaría en disolución (…) Decreto: fin a la revolución, principio al orden…”.
Balance
El propósito conservador y antinacional del Congreso fue indudable. Este juicio histórico pone en cuestión las verdaderas circunstancias en las que fue gestada esta “nueva y gloriosa nación”.
Christian Rath y Andrés Roldán
1. Ver “Las Provincias Unidas, antes del Congreso”, de los mismos autores, en P.O. N° 1.416.
2. “Convocatoria al Congreso”, artículo XI, Archivo de la Nación.
3. Mitre, Bartolomé: Historia de Belgrano…, vol. VII, Biblioteca del Suboficial, Buenos Aires, 1940.
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