Cresta Roja: primer test para el gobierno y los trabajadores

El 26 de julio titulábamos nuestra columna sindical semanal “Cresta Roja: gran triunfo obrero”.
Y no era para menos. La semana anterior las puertas de Cresta Roja habían amanecido cerradas, impidiendo el ingreso a planta de sus trabajadores.
Los cortes de ruta en el Jagüel, Esteban Echeverría y Ezeiza, no se hicieron esperar.
Casi un año antes, en el mes de septiembre de 2014, la empresa avícola había adoptado igual actitud. En junio, la empresa de los hermanos Rasic (que tenía un total de 3800 empleados), había presentado convocatoria de acreedores. Por ese entonces se denunciaba a sus dueños porque mientras paralizaban su principal frigorífico, mantenían funcionando su segunda planta de Cañuelas y mandaban producción propia a faenar en establecimientos de terceros. Entonces, se pidió la intervención urgente del Ministerio de Trabajo bonaerense quien dictó una conciliación obligatoria.
De ahí en más lo que continúa es casi un año de lock-outs patronales, intentos de despidos (casi 700), persecución a los trabajadores, pagos en cuotas y la puesta en marcha de una intimidación a los trabajadores donde no faltaron escuchas a través de micrófonos y patotas relacionadas directamente con el ex Ministro de Seguridad bonaerense, Alejandro Granados, fuerte personaje político de la zona, quién además militarizó la planta.
La firmeza de los trabajadores le dobló el brazo a una patronal vaciadora e impidió los intentos del gobierno y burócratas sindicales de que acepten ofertas desventajosas
Los piquetes que se sostuvieron con firmeza en julio este año, amenazaron con enturbiar la campaña electoral de Daniel Scioli. Mientras los trabajadores enfrentaban los despidos y el cierre de su fuente de trabajo, el gobernador y candidato presidencial del FpV se paseaba por el país y por Cuba hablando de "la victoria del trabajo y la producción".
El hecho de que esta lucha obrera metiera la cola en la campaña oficialista obligó al gobierno provincial y nacional a responder positivamente a las demandas de los trabajadores. Por la provincia intercedieron desde los ministros de Seguridad, Alejandro Granados, y de Trabajo, Oscar Cuartango, hasta el Jefe de Gabinete, Alberto Pérez, sumado a los intendentes de las localidades donde se ubican las dos plantas de Cresta Roja, Esteban Echeverría y Ezeiza.
El gobierno de Scioli buscó de todas las formas imponer un acuerdo favorable a la patronal de Rasic Hermanos, donde se establecía un recorte en la jornada laboral y en el salario de los trabajadores, lo que en promedio significaba la pérdida de entre 2 y 3 mil pesos por mes. Pero tuvieron que retroceder ante la firmeza de los trabajadores, que denunciaban que mientras tanto se le otorgaba a la empresa un subsidio millonario para garantizarle el alimento de los pollos, tirándole un salvavidas a la patronal con tal de sacar a los trabajadores de las rutas.
Frente a la postura conciliadora y dubitativa de los representantes de la FTIA (Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación), el sindicato mayoritario dentro de la empresa, los trabajadores de las plantas de Monte Grande y Ezeiza los repudiaron y actuaron con independencia y de conjunto, por primera vez, imponiendo el bloqueo de los portones y decidiendo cada paso a seguir en multitudinarias asambleas bajo el viento y el frío de la ruta o en los portones que custodiaban para impedir que ingresara o saliera mercadería.
Así llegó la propuesta de pagar las quincenas adeudadas, todos los trabajadores volvían a sus puestos sin disminución de horas de trabajo y por ende de salarios, y el pago del aguinaldo. Los trabajadores mediante la lucha no sólo lograron esas exigencias, sino que además se reincorporó a tres compañeros que habían sido despedidos con anterioridad. Sumado a esto, el jefe de Recursos Humanos fue desplazado de su cargo.
Pero la experiencia de luchas anteriores, hizo que los trabajadores no confiaran en la palabra de ningún vocero del gobierno ni de la empresa. Por eso definieron mantener el corte de ruta y bloqueo de las puertas de las plantas hasta tanto estuviera firmada el acta donde se certificaba estos acuerdos.

La empresa trabó el acuerdo

Y tenían razón. La patronal trabó el acuerdo, volviendo a la carga con el tema de la jornada laboral. Luego de verse obligada a retroceder con el intento de reducir la jornada a 7 horas y media, reduciendo así los salarios entre 2 y 3 mil pesos por trabajador, buscó quedarse con una porción de los mismos proponiendo que la jornada de 9 horas tenga 7 horas y media pagadas bajo convenio y que la restante hora y media se pague en negro.
Los trabajadores rechazaron esta nueva provocación manteniendo la continuidad de la lucha mediante bloqueos, cortes y nuevas medidas en ambas plantas como concentrarse el viernes 24 de julio sobre la Ruta 205 y Quinta Avenida para marchar desde allí hacia el Municipio de Ezeiza.
Cerca de 500 obreros se movilizaron a la Municipalidad de Ezeiza junto a decenas de organizaciones solidarias exigiendo una reunión urgente con las autoridades. Al principio éstas se negaron y los trabajadores respondieron con el corte de las vías del ferrocarril Roca, forzando finalmente a los funcionarios de la Municipalidad a realizar la reunión y que en la misma participen varias decenas de trabajadores, mostrando una gran disposición para evitar nuevas maniobras por parte del gobierno y la patronal.

“Los traidores no entran nunca más”

A pocos minutos de terminada esa reunión, los trabajadores habían logrado el reconocimiento de todas sus demandas. En medio de la alegría desatada en las puertas de la Municipalidad de Ezeiza los trabajadores volvieron a agradecer a todas las organizaciones y personalidades que los apoyaron, destacando el apoyo brindado por los diputados Myriam Bregman y Nicolás del Caño así como también a las docentes de la Lista Verde y de la 9 de Abril, a la CTA Lomas, a los compañeros de la línea 60, a los aeronáuticos y a los partidos de izquierda como el PTS, CS y PO.
Además, rompieron el acta que los burócratas sindicales habían firmado a sus espaldas el miércoles mientras la multitud cantaba “los traidores no entran nunca más”.
Los trabajadores de Cresta Roja tenían kilos y kilos de verduras y carne para sostener su lucha que decidieron donar al fondo de lucha de los trabajadores de la Línea 60. Una enorme muestra de conciencia y solidaridad de clase.

Un mes después Scioli no quiere líos

Luego de firmarse el 24/07 el acta de resolución del conflicto de Cresta Roja donde el gobierno se comprometió, entre otros puntos, a pagar los aguinaldos adeudados, tras una semana de demora los trabajadores seguían esperando el cobro y evaluaban tomar nuevas medidas de fuerza. Alrededor de 900 trabajadores no habían cobrado el aguinaldo. Unos 200 operarios en negro bloquearon la ruta 205 en el kilómetro 38 a la altura del barrio Unión Ferroviaria, en el partido de Ezeiza. El motivo de la medida de fuerza era el no pago de salarios. La empresa adeudaba una suma cercana a 1.500 pesos por cada trabajador.
La empresa avícola seguía pagando en cuotas el medio aguinaldo adeudado sin cumplir los acuerdos firmados tras el duro conflicto de julio y los trabajadores además estaban preocupados por el pago de la quincena.
Frente a esta situación Daniel Scioli, que buscaba evitar cualquier conflicto que empañara su campaña presidencial, hizo aprobar a la justicia bonaerense la “intervención provincial” de la empresa por 120 días.
Desde marzo, cuando Rasic amenazó cerrar, Scioli impuso una intervención de facto, encarnada por su Secretario de Seguridad y hombre fuerte de Ezeiza, Alejandro Granados y le había otorgado un subsidio de $ 500 millones para alimento balanceado y 6 millones por mes en subsidios salariales que a ese momento sumaban 36 millones más otros 24 millones para el pago del último aguinaldo.
Designó a Daniel Gurzi, ex funcionario provincial hasta 2012 y actualmente vinculado a Aníbal Fernández, como flamante interventor de la empresa concursada que debería unos 1.200 millones de pesos con “las más amplias facultades para tomar en forma unilateral las medidas” para mantener a flote la firma.

En octubre se reabre el conflicto

A fines de octubre los trabajadores volvieron a movilizarse a Plaza de Mayo en reclamo de haberes adeudados, suspensiones reiteradas y sorpresivas, y por la permanente incertidumbre sobre la continuidad laboral.
Si bien el Gobierno de la provincia de Buenos Aires se había comprometido a hacerse cargo del dinero adeudado e insumos para el desarrollo de la empresa, no cumplieron y la patronal tampoco daba respuesta a la situación.
Por otro lado, el sindicato de la alimentación, STIAPBA, seguía dando la espalda a los trabajadores y no se hacía presente en el conflicto.
Los delegados piden audiencia a la flamante gobernadora María Eugenia Vidal
Fue en noviembre, ya que la intervención cesaba el próximo 10 de enero y la situación seguía siendo crítica.
Prueba de ello, Rasic ofreció a sus trabajadores pagarles parte del salario con cajones de pollo a un precio especial de $ 160. En internet esa misma caja de 13 pollos se ofrecía a $ 320. Mientras tanto, la intervención lograba recursos por $ 40/50 millones y el gobierno giró $ 160 millones para pagar el alimento de los pollos. También ingresaron 50 camiones de maíz a las granjas y volvieron a la faena, sin embargo, empleados que acordaron el retiro voluntario no pudieron cobrarlo porque los cheques rebotaron.

Los obreros de Cresta Roja también intervinieron en #ArgentinaDebate

Mientras Scioli y Macri debatían para la televisión, un centenar de trabajadores de Cresta Roja reclamaron por sus puestos de trabajo. Portaban banderas que decían "No al cierre" y "Basta Rasic, gobierno o quien vaya a gobernar".
La semana anterior se movilizaron al centro porteño, denunciando el fracaso del "salvataje" del gobierno nacional y provincial, y de la intervención. Casi todas las quincenas se pagaron con atrasos, la cadena productiva se deterioraba y los pollos en las granjas morían de a millones por falta de alimento.
Pero no fueron atendidos ni en la Casa de Gobierno, ni por los Ministerios de Economía ni Trabajo. El lunes 16 de noviembre realizaron nuevas acciones, en Ezeiza y Esteban Echeverría, para pedir la intervención de los intendentes donde están alojadas las dos plantas de Cresta Roja. El objetivo: que la planta sea reactivada sin que haya pérdida de puestos de trabajo ni reducción salarial y en rechazo de la “oferta” que la patronal hizo llegar a través del Ministro Granados, que proponía reducción salarial del 30% y reducción del personal de otro 30%.
Además, denunciaron que la intervención no había permitido mejorar las condiciones para empezar a producir. Por el contrario, sirvió para blanquear las enormes sumas que la provincia le regaló a la patronal ante la imposibilidad de la misma de avanzar en el plan de despidos y rebaja salarial que quiso imponer en julio pasado, y que fue frenado por los trabajadores con su lucha.
La firma habría sacrificado unos 9 millones de pollos al no poder alimentarlos, la plantas 1 y 2 estaban paradas desde hacía 20 días y los trabajadores pedían volver a la producción. "La situación nuestra es crítica, hace 20 días que no estamos faenando, hay pollos que se mueren de hambre, queremos volver a trabajar, que se reactive. El gobierno se ha comprometido con 200 millones de pesos pero no ha cumplido con la totalidad del envío, por esta falta, se mueren los pollos", explicaba Julio Gramajo de la Comisión Interna.
Era evidente que el único objetivo de la intervención provincial era ganar tiempo para luego de las elecciones aplicar el plan de ajuste que Rasic no pudo imponer en julio pasado. La designación de Gurzi al frente de la intervención ponía en evidencia que la política era pasarle el “fierro caliente” a un futuro gobierno de Aníbal Fernández para que fuera el que aplique el plan de ajuste, pero su derrota electoral hizo naufragar el plan.
Gurzi, desapareció de la empresa como por arte de magia, mostrando que el único objetivo de la intervención era contener la situación hasta que pasen las elecciones. Ahora sería el gobierno de María Eugenia Vidal el que seguramente trataría de volver a la carga contra los trabajadores, mientras la patronal seguía impunemente con su plan de vaciamiento.
Milenko Rasic (dueño de la empresa) reapareció, después de haberse "guardado" desde la intervención del Estado, y en reuniones con trabajadores de ambas plantas de faena dejó en claro que sus planes de ajuste seguían en pie: "necesitamos despedir al 30 % del personal y rebajar los salarios un 30 % como condición para que la empresa sea rentable”, argumentó.
Por otro lado, reconoció que las intenciones de la empresa eran vender su planta 2 ubicada en Esteban Echeverría para lo cual ya estaría sondeando interesados, pero para concretarla debía aplicar previamente el ajuste sobre el personal.
Sin embargo, la apertura de los libros contables de los últimos años demostraría de manera clara los millones de dólares en ganancias que amasó la familia Rasic gracias al gobierno kirchnerista, que deberían solventar la crisis que ellos mismos generaron.
A los trabajadores solo les quedaba confiar en sus propias fuerzas, y en la de las organizaciones que los vienen apoyando.

El kirchnerismo le suelta la mano a la patronal

“La Presidente a veinte días de terminar su mandato, se dio cuenta que los subsidios no sirven, que solo benefician a los empresarios y por ello dio la orden a su Ministro de Economía, Axel Kicillof, de suspender todo subsidio a la empresa”, señalaban desde el Sindicato de la industria de la Carne y sus derivados.
“Ante esta grave situación solicitamos la intervención inmediata de la gobernadora entrante, María Eugenia Vidal, articulando con el gobierno saliente, con el objetivo de evitar la pérdida de 5.000 puestos de trabajo y la pérdida de los planteles actuales de la avícola y su genética”, indicaron.
Mientras tanto, al llegar de Colombia, jugadores de la Selección Nacional de fútbol se solidarizaron con los obreros de Cresta Roja. Ezequiel “Pocho” Lavezzi, Lucas Biglia, Sergio Romero y Martín Demichelis, se acercaron a los obreros para hablar y dejarles prendas que usaron en el importante triunfo conseguido en las Eliminatorias.
La situación era de una parálisis en la producción, la empresa continuaba sin faenar y había llegado a sacrificar pollos por falta de alimento. El dueño fue sorprendido en un piquete de protesta y al ser cuestionado por los operarios respondió que el Estado no estaba respondiendo a los compromisos de ayuda.
Mientras para Clarín el tema se reducía a un problema que afectaba al tránsito por los reiterados cortes, piquetes y movilizaciones de los trabajadores, trascendió que la negociación habría quedado a cargo de Federico Salvai, futuro Ministro de Gobierno de Vidal.

Vidal dio un ultimátum a los dueños de Cresta Roja y criticó a sus trabajadores

“Paguen la deuda o vendan la empresa”, dijo la gobernadora en una conferencia en la que se refirió a uno de los conflictos laborales más fuertes de los últimos meses.
Tras reunirse con el presidente Mauricio Macri, la gobernadora brindó una conferencia de prensa junto al Jefe de Gabinete, Marcos Peña, en la que aseguró que la Nación y la Provincia trabajarán “en el cuidado de los puestos” de los operarios de Rasic Hermanos, pero criticó el corte que los trabajadores realizaban en la autopista Riccheri, en al acceso al aeropuerto internacional de Ezeiza.
“El conflicto, para nosotros, no debe ser expresado cortando el acceso a Ezeiza. Hay un marco de diálogo con los representantes gremiales y no es necesario sostener este corte”, puntualizó.
El viernes 11 de diciembre, el “flamante” ministro de Trabajo, Jorge Triaca, recibió a los delegados de Cresta Roja y a representantes del Sindicato de la Alimentación de zona sur como primer medida al frente del Ministerio.
El ministro confirmó a los delegados presentes que el gobierno no pensaba destinar un peso para cubrir los salarios adeudados de los trabajadores y que sólo otorgarían las REPRO que ya habían sido designadas por el gobierno de CFK. A la par de que Macri le acababa de otorgar millones a los sojeros, a los trabajadores de Cresta Roja los quería arreglar con 4 mil pesos para vivir todo el mes de diciembre, con fiestas de fin de año incluidas, y sin ninguna perspectiva para los meses venideros.

Y como si esto fuera poco

En lo que fue la primer gran represión del nuevo gobierno de Cambiemos y tras montar un imponente operativo el pasado lunes por la noche, la Gendarmería desalojó violentamente el corte que los trabajadores estaban realizando sobre la autopista Ricchieri -a la altura de la entrada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza- en defensa de sus 5.000 puestos de trabajo. Los gendarmes avanzaron sobre los manifestantes a los golpes con el apoyo de camiones hidrantes.
Luego de una reunión de Gabinete, la vicepresidenta Gabriela Michetti y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, justificaron el desalojo en una conferencia de prensa en Casa Rosada. "La Gendarmería cumplió con el mandato del juez" de liberar la autopista Ricchieri, expresó Triaca.
Por su parte, Michetti remarcó que con este tipo de medidas "el Estado recupera su función de regular entre dos derechos (circular libremente y manifestarse). Lo de hoy va a ser un protocolo para que todo el mundo vea. Queremos dar previsibilidad, para que todo el mundo sepa de antemano lo que puede pasar".
El martes una delegación participó de la movilización a Plaza de Mayo que realizaron distintos gremios y organizaciones sociales y políticas en rechazo a las medidas de ajuste y para reclamar un bono de fin de año que compense los aumentos de precios registrados en los últimos meses.
A las 19:00 los representantes gremiales de Cresta Roja tenían una nueva reunión con el Ministro de Trabajo. Poco antes de las 21:00, Triaca sintetizó la nueva propuesta hecha a Cristian Villalba, representante de los trabajadores. Se comprometieron a darles 6.000 pesos por trabajador a partir de enero y para que “pasen unas fiestas de la mejor manera posible entendiendo las dificultades del caso”, dijo que el Ministerio de Desarrollo Social y la provincia les van a entregar bolsones navideños.
Luego que el gobierno cumpliera con la liberación de los detenidos, los manifestantes levantaron la protesta en la Riccheri y también se retiraron loa efectivos de Gendarmería.

Mario Hernandez