Los miembros del Grupo Cirigliano, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi fueron hallados culpables de la muerte de 51 personas. Las penas fueron menores a lo pedido por las querellas, incluso algunos fueron absueltos. Por el momento, los condenados siguen libres.
Ayer, desde el mediodía, los tribunales de Retiro se llenaron de carteles. Todas las fotos de hombres y mujeres, levantadas por padres, madres, hermanos y amigos, estaban enmarcadas por una sola consigna: Justicia.
Poco después, pasadas las 16, el grueso de los familiares de las víctimas de la Masacre de Once miraba atento una pantalla gigante apostada en la puerta de Comodoro Py, mientras un grupo reducido se acomodaba en la sala de audiencias para presenciar la lectura de la sentencia.
Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de la Capital Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Tassara y Jorge Gorini, dictaron un fallo unánime. La mayoría de los acusados, 28 en total, fueron condenados por “administración fraudulenta de la administración pública” y “estrago culposo agravado por haber causado la muerte de 51 personas, más una por nacer, y lesiones en 789 personas”.
Los condenados
La pena más alta, de 9 años de prisión, fue para Sergio Cirigliano, uno de los dueños de TBA, la concesionaria que manejó durante años la Línea Sarmiento. Roque Cirigliano, otro miembro de la familia empresaria, recibió 5 años de condena.
También se condenó a otros directivos de TBA. Marcelo Calderón y Jorge Álvarez recibieron 8 años; Sergio Tempone 7; Carlo Ferrari, Jorge De los Reyes y Carlos Pont Vergés 6; Víctor Astrella, Laura Ballestero, Guillermo D’Abegnino, Francisco Pafumi y Antonio Suárez 5 años; Pedro Rainieri, Oscar Gariboglio, José Portas y Alejandro Lopardo 4; y Daniel Lodola 3 años.
Del lado de los funcionarios, los dos exsecretarios de Transporte del gobierno de Cristina Fernández, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, también fueron condenados por administración fraudulenta y estrago culposo. Jaime recibió 6 años y una inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Schiavi (quien ocupaba el cargo al momento de la masacre) recibió una pena de 8 años y también inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
Un dato relevante es que todos los condenados seguirán libres. “Hasta que no quede firme la sentencia no va a quedar nadie detenido”, explicó el fiscal del juicio Fernando Arrigo. Sin embargo el mismo fiscal anunció que hoy pedirá la detención inmediata de Jaime, ya que considera que podría fugarse por su “poderío económico y contactos en el exterior”. A su vez, y por la misma razón, pedirá la detención de Claudio Cirigliano y Francisco Pafumi.
El tribunal también condenó a Marcos Córdoba, el maquinista que conducía aquella mañana el tren chapa 16. La pena fue de 3 años y 6 meses y una inhabilitación por 7 años para conducir transporte público. Se lo condenó por “estrago culposo”.
Los absueltos
Para los jueces algunos miembros del Grupo Cirigliano y algunos exfuncionarios no fueron culpables.
Los directivos de TBA Mario Cirigliano, Carlos Lluch, Daniel Rubio, Luis Alberto Ninoná y Miguel Werba fueron absueltos, como si no formaran parte del mismo entramado que sus socios.
Los dos extitulares de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Pedro Ochoa Romero y Antonio Sícaro también quedaron libres de culpa y cargo. Es decir que se exculpó nada menos que a los funcionarios que tenían la responsabilidad de controlar los manejos que los empresarios hacían del servicio público ferroviario.
Y uno de los culpables que ni siquiera se sentó en el banquillo de los acusados fue Julio De Vido, el exministro de Planificación Federal que estaba por encima de Jaime y Schiavi. Él decidía, en definitiva, los montos y las formas de los negociados que el Estado realizaba con el Grupo Cirigliano. Eso quedó demostrado en el juicio y de hecho en la sentencia de ayer los jueces pidieron que se investigue si tuvo responsabilidad en el accidente.
Mezcla se bronca y satisfacción
Apenas conocido el fallo, los familiares de las víctimas y varios sobrevivientes manifestaron sus sensaciones.
“No estoy conforme, es una vergüenza. ¿Siete años de cárcel es lo que sale destruir tantas familias? (…) Una persona que afana y es ministro tendría que estar preso de por vida por asesinar 51 personas y un bebé. Desde Cristina para abajo son todos responsables”, dijo ante las cámaras desde la puerta de los tribunales una sobreviviente que esa mañana viajaba en el tercer vagón del tren. No fue la única en manifestar idignación y un sabor amargo.
La bronca por penas que no conforman, y por absoluciones que no se comprenden, se mezclaba con la satisfacción de haber luchado hasta lo último para lograr, primero, que se sienten en banquillo empresarios y funcionarios y, después, para que se logre condenarlos.
“La lucha todavía no terminó. Lo hará el día en que los condenados queden tras las rejas”, repitieron durante toda la tarde Paolo Menghini y María Luján Rey, los padres de Lucas, el joven muerto en el tren que fue hallado tres días después del accidente. Ellos fueron de los más activos denunciantes desde el primer día y quienes encabezaron una de las querellas.
María Luján Rey agregó que, personalmente, cree que “se hizo justicia. Escuchamos un fallo condenatorio e histórico como lo esperábamos. Los familiares estamos orgullosos del camino que recorrimos hasta acá. Entendemos que eso nos permitió decir que hoy se hizo justicia”.
Vale recordar que la querella del grupo de familiares encabezados por Luján Rey y Menghini habían solicitado penas muy superiores a las finalmente conseguidas. Por caso, para Jaime y Schiavi el pedido fue de 15 años de prisión, para Sergio Cirigliano de 18 años y para el resto, incluyendo a quienes fueron absueltos, solicitaron penas de entre 10 y 16 años.
“Se llegó hasta acá por la lucha persistente”
Como lo hicieron en estos casi cuatro años de lucha, muchas personas se acercaron a Comodoro Py a acompañar a sobrevivientes y familiares y presenciar la sentencia. Desde trabajadores ferroviarios hasta referentes de la lucha por los derechos humanos y dirigentes políticos.
La diputada nacional del PTS y el Frente de Izquierda, Myriam Bregman, manifestó que “sin dudas la sentencia es histórica, sobre todo porque se logró llevar a juicio y condenar a los empresarios y parte de los funcionarios como responsables de una masacre social, cosa que aunque todos sepamos que lo son el Código Penal no está hecho para ellos. Por eso se llegó a penas de 6 u 8 años para quienes con su acción consciente llevaron a la muerte a más de 50 personas y provocaron heridas terribles a casi 800 más”.
Bregman, abogada de larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos, recordó que “la querella de la familia Menghini Rey pidió penas más altas que las que finalmente se aplicaron, así como no acusaron al maquinista. En ese punto queda en evidencia el carácter de clase de este poder judicial, es un aspecto reaccionario de esta sentencia. Responsables son los empresarios y funcionarios, ellos provocaron la masacre, quienes se llenaron los bolsillos durante años imponiendo a Córdoba y al resto de los ferroviarios condiciones de trabajo y de servicio que se transformaron en un peligro permanente, que llevó a esta masacre”.
Por su parte, el legislador porteño Patricio del Corro dijo que “como lo hicimos en todos estos años, desde el PTS y el Frente de Izquierda no podíamos estar ausentes en esta jornada, acompañanando a tantas trabajadoras y trabajadores que sufrieron en carne propia las consecuencias de esta masacre o que directamente perdieron a sus seres queridos”.
Sobre la sentencia, Del Corro agregó que “como dice Myriam, este fallo es histórico, pero sobre todo porque es el producto de la lucha tenaz y persistente de tantos familiares y sobrevivientes, que sobreponiéndose a todos los métodos utilizados por los empresarios y por el propio Estado para acallarlos, lograron que el juicio se mantuviera y se llegara hasta acá”.
Impunidad estructural
La sentencia de ayer dejó en evidencia los niveles de corrupción y desidia estatal-empresaria que, recurrentemente, llevan a la muerte a franjas numerosas del pueblo trabajador. Sólo a modo de ejemplo, vale recordar que hoy, mientras se cumple un nuevo aniversario de Cromañón, asistimos al drama de las inundaciones en el Litoral donde murieron dos personas y siguen impunes las decenas de muertes de las inundaciones de La Plata de 2013.
Ayer el Poder Judicial condenó a exfuncionarios de un gobierno que ya no está y a empresarios decadentes acostumbrados a vaciar y matar sin empacho. Pero demasiado lejos se está de haber dado vuelta la página de la impunidad ante los reiterados crímenes sociales cometidos en las últimas décadas.
Si en el juicio por la Masacre de Once las condenas a empresarios y funcionarios se consiguieron con la lucha, entonces habrá que redoblar la lucha, independiente, para arrancarle al poder empresario y estatal las muchas condenas que faltan.
Daniel Satur
@saturnetroc
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