La campaña electoral, la designación del gabinete de ministros, especialmente en el área económica, y unas primeras declaraciones del Presidente electo nos otorgan algunas pistas sobre la orientación general de la política económica de la próxima gestión de gobierno a partir del 10 de diciembre.
El privilegio es la inserción internacional ratificando y ampliando las relaciones con China y fortaleciendo los vínculos con EEUU. Es un movimiento que piensa hacerse efectivo desde las relaciones en la región, es decir, intervenir en modificar explícitamente el núcleo de definiciones sugeridas por la integración regional. Ese es el marco para la denuncia sobre Venezuela en el Mercosur y la orientación para acercar a la región a la Alianza del Pacífico y su proyecto liberalizador.
Se trata de retomar la agenda por el libre comercio y hacerlo no solo desde la Argentina, sino promoviendo un cambio discursivo en la institucionalidad de la integración regional, en el Mercosur, la Unasur y la CELAC. Aun cuando no tenga éxito el gobierno Macri en sus propósitos con los países vecinos y socios de la integración, lo que importa es buscar la difusión de un discurso pro mercado y liberalización contrarrestando la lógica discursiva, aun con pocos éxitos de la integración alternativa.
La reciente realización de un Encuentro Hemisférico de lucha contra el libre comercio en La Habana, Cuba, a 10 años del No al ALCA adquiere relevancia para el movimiento popular de la Argentina, ya que la lógica que intentará el gobierno Macri para colocar al país en posición más amigable con la política exterior liberalizador de EEUU exige ser confrontado desde nuestro territorio.
Mirando hacia el interior, el marco de alianzas que define el gabinete asocia al gobierno con ejecutivos de grandes empresas extranjeras y profesionales fuertemente vinculados a la lógica discursiva del poder económico. Incluso la sorpresa de la continuidad del ministro de Ciencia y Tecnología debe encontrarse en los oportunos elogios del titular de Monsanto hacia la Argentina por su orientación en los desarrollos científicos relativos a los transgénicos y químicos (glifosato), un tema central en la estrategia de las transnacionales de la alimentación y la biotecnología. Los desarrollos en el área son políticas de Estado, explicó Cristina Fernández para avalar la continuidad de su ministro del área en el gobierno Macri.
Dólar, retenciones y tarifas
La unificación y corrección del tipo de cambio aparece como la primera medida de interés mediático, asociada a alguna rebaja progresiva en las retenciones, aún transitoria, especialmente en materia de soja, acompañado de la posible eliminación de otras retenciones a las exportaciones, caso del trigo, el maíz y otros cultivos, como también de la carne.
El objetivo apunta a una cotización de dólar que se ubique por encima del oficial y más cercano al ilegal o blue, en el supuesto que los precios de la economía ya están fijados en esa magnitud.
Vale mencionar que nadie puede asegurar que eso sea así, y sin perjuicio que muchos precios se están ajustando bajo esa premisa, la enunciación de la medida luego de la asunción presidencial puede impactar en subas de muchos precios, y consolidar una agresión expresa a la capacidad de compra de la población que vive de ingresos fijos y bajos.
La suba de los precios anticipando la devaluación define las condiciones de arranque de la nueva etapa, con sus consiguientes beneficiarios y perjudicados.
En simultáneo a las correcciones del tipo de cambio, las elevadas tasas de interés buscarán estimular las colocaciones en pesos en el sistema financiero. Se continúa así con la pretensión gubernamental para atraer los dólares atesorados.
De ese modo, entre liquidaciones de la soja en silos, estimada en 4.500 millones de dólares, sea por reducción parcial de las retenciones y el corrimiento del precio de la divisa vía devaluación, se espera recomponer reservas internacionales disminuidas.
Claro que la expectativa estará en la búsqueda de fondos del exterior, consolidando el carácter de inversor y prestamista de China y normalizando la situación con EEUU y el sistema financiero mundial, lo que impone negociaciones concretas con los acreedores de la sentencia Griesa: los fondos buitres. En ese sendero está el camino de la normalización de las relaciones con el FMI, incluida la posibilidad del financiamiento.
El ajuste de las tarifas eléctricas mostrará el camino de la adecuación de las tarifas de servicios públicos, con el doble objetivo de reducir el déficit fiscal vía eliminación o reducción de subsidios y conceder a la demanda de las empresas para transformar subsidios en precios a facturar a los usuarios. El solo anticipo de la propuesta viene impactando en la valorización bursátil de las empresas energéticas, ya que descuentan el retorno a la senda de la rentabilidad. El impacto es aumento de los precios que incide en el costo de la cotidianeidad de los usuarios, con impacto diferenciado según el nivel de ingresos en las familias.
La adecuación del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias que se comenta tiende a buscar consenso en buena parte del millón de trabajadores que hoy es sujeto de esa contribución tributaria. Al mismo tiempo se supone un incremento del gasto personal por ese mayor ingreso y que pueda incidir en la recaudación tributaria.
Rumbo estructural y respuesta social
Desde el Ministerio de Trabajo se intentará avanzar en una especie de pacto social entre patronales y sindicatos para morigerar la demanda de actualización salarial. La historia de los pactos sociales supone la descarga del costo de la reducción inflacionaria a costa del salario, el precio de la fuerza de trabajo, aun cuando la incidencia de este en el precio final de bienes y servicios no sea determinante.
La política económica del gobierno entrante será enunciada en crítica a la del gobierno saliente, aun cuando expresará continuidades esenciales en la promoción del modelo productivo y de desarrollo. Se explicará hasta el cansancio la crítica por a la herencia recibida para intentar descargar cualquier ajuste sobre las espaldas del gobierno saliente y así descargar el costo del relanzamiento del orden capitalista sobre la mayoría de la población.
No es ninguna novedad la continuidad del rumbo estructural, las que empezaron a definirse en el largo plazo del programa económico de la dictadura (Plan Martínez de Hoz, 1976), afianzado en los noventa del siglo pasado (Menem-Cavallo; De la Rúa-Cavallo) y consolidado por estos años. Conviene acotar la satisfacción del múltiple ex ministro con las orientaciones que se anticipan. Quizá Cavallo está buscando su lugar en la administración Macri, aunque solo sea como aval intelectual.
Con lo estructural remitimos a la expansión de la frontera sojera, a la expansión de la mega-minería, la industrialización (armaduría) dependiente de insumos externos, asociado a una lógica de recurrente endeudamiento público y fuga de capitales. Todo sustentado en el consumo masivo (consumismo) de una producción altamente concentrada y centralizada con fuerte dependencia del capital externo.
El dato relevante de la orientación económica del gobierno Macri apunta a explicitar el programa económico de las clases dominantes. Claro que eso incluye contradicciones entre sectores del poder económico y entre la estos y el equipo en el gobierno. Vale adicionar en la consideración final, que además del poder y la burocracia existe la sociedad en su conjunto, la que recibe los impactos de la política de gobierno.
¿Cuál será la respuesta social a la política oficial está por verse? Quizá, la actitud de los trabajadores del Diario La Nación en réplica a un reaccionario editorial de la empresa mediática emblemática del poder conservador nos anticipe que el ánimo de la población actual está más asociado a las respuestas populares del 2001 que a las de los 90 del siglo pasado.
Puede ser una señal de los tiempos venideros, donde no solo existe iniciativa política del poder, sino reflejos de organización social de la experiencia reciente para pensar en perspectivas de alternativa política.
Julio C. Gambina
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