La gobernadora atraviesa la primera crisis de su gestión. La fuga de los responsables del triple crimen de General Rodríguez pone en escena la descomposición del aparato penitenciario y las fuerzas de seguridad bonaerense.
Los hermanos Lanatta y Víctor Schillaci se fugaron de un penal que, en los papeles, estaba catalogado como de “máxima seguridad”. Las horas siguientes y las cámaras de televisión mostraron que la etiqueta le quedaba grande, o que es igual de “seguro” para todos, aunque algunos sean más iguales que otros.
Pero la “huida” abrió la primera crisis política en el gobierno de María Eugenia Vidal, con repercusiones incluso al interior de la coalición Cambiemos. Solo semanas nos separaran de aquellas fotos donde la mandataria provincial sonreía gustosa. Por estas horas ya nadie sonríe en la administración que tiene su sede en La Plata.
En la conferencia de prensa que brindó este lunes, la misma gobernadora afirmó que la fuga contó, necesariamente, con la complicidad de sectores del Servicio Penitenciario Bonaerense y responsabilizó a las autoridades que vienen de la administración anterior que ella no confirmó, pero tampoco había reemplazado. Una declaración que pinta de cuerpo entero, una temprana crisis de autoridad del Ejecutivo provincial.
Un aparato “descontrolado”
“No va a ser lo único que pasemos” disparó Vidal en la conferencia. Esto es el resultado de decidir “enfrentar la corrupción y el narcotráfico”, afirmó allí mismo.
La corrupción y el narcotráfico fueron los “enemigos” señalados. Pero la crisis está poniendo de manifiesto el relativo nivel de autonomía y descomposición del aparato represivo bonaerense en su conjunto y del SPB en particular. Un aparato que teje todo tipo de vínculos con negociados ilegales como el narcotráfico, los desarmaderos, el robo y las redes de trata, por citar solo algunos ejemplos. Una de las hipótesis, que circula por estas horas, sostiene que el intento de limitar ese “autogobierno” del SPB estaría detrás de este “mensaje”.
Junto a esto, también parece empezar a evidenciarse el problema que tiene el PRO para conformar una administración claramente afín en el enorme ámbito del Estado provincial y las debilidades políticas con las que asumió. De allí que todavía una parte de quienes estuvieron en la gestión Scioli sigan en sus tareas. Ese “continuismo” ya fue señalado por Horacio Verbitsky el pasado domingo, quien afirmaba que “habrá que esperar a marzo para entender si esto sólo refleja la carencia de gente propia para cubrir en forma simultánea tantas posiciones o si sólo aprovecha el conocimiento de los antecesores para hacer pie en terreno desconocido, antes de ocuparlo con propia tropa”.
Dando cuenta de esta situación, el sitio La Política Online consigna que “el escándalo por la fuga (…) dejó al descubierto las dificultades que enfrenta María Eugenia Vidal para ocupar con gente de confianza e idónea los cargos críticos de la provincia de Buenos Aires”.
En el trasfondo de esa crisis, el PRO rechaza otorgarle parte de esos cargos a la UCR, lo que explicaría su silencio -valga la redundancia- “radical”, ante esta crisis.
Los diputados y senadores provinciales del FpV realizaron una conferencia de prensa, en la cual se comprometieron a apoyar la emergencia en el Servicio Penitenciario, pero piden un informe ampliado y exigen que el nuevo ministro de Justicia vaya a rendir cuentas a la Legislatura.
El kirchnerismo de conjunto aprovechó la crisis para pasar factura al PRO y Aníbal Fernández en particular para “vengar” la operación política que se hizo durante la campaña electoral con la denuncia que lo vinculó al nunca esclarecido tráfico de efedrina.
Sobre un hecho gravísimo, la fuga de tres responsables de un asesinato mafioso, vinculados a sectores de las fuerzas de seguridad; se montó una “batalla” de politiquería de los responsables de esta situación.
La designación del nuevo titular del SPB no hace más que confirmar el continuismo. Se trata de Fernando Díaz, quien fuera titular del SPB bajo el gobierno de Felipe Solá y, posteriormente, ocupó el cargo de subjefe del Servicio Penitenciario Federal. En su momento fue cuestionado por las violaciones a los derechos humanos en las cárceles.
¿Cambiemos?
El SPB venía estando en el centro de las críticas por parte de un importante sector del progresismo que acompaño al gobierno kirchnerista. Bajo la órbita del ministerio de Justicia provincial y de Ricardo Casal, era cuestionado por las denuncias de torturas en las cárceles y por las recurrentes muertes ocurridas en las mismas. Su reemplazante en ese Ministerio no tiene nada que envidiarle a su antecesor. Su prontuario indica que los derechos de las personas recluidas no son, precisamente, una prioridad. Carlos Mahíques, como juez, había rechazado en 2006 un hábeas corpus colectivo presentado contra las condiciones inhumanas de detención de los presos provinciales. Esto ocurría mientras la Corte Suprema hacía lugar al mismo.
La “maldita” Policía
La Bonaerense y el SPB son, tal vez, paradigmas de un aparato represivo cuasi “autónomo”.
La Bonaerense, desde el retorno del régimen democrático, ha sido objetivo de sucesivas purgas, que incluyeron a sus cúpulas. Esos cambios se evidenciaron completamente impotentes para proceder a una verdadera “limpieza” de un aparato ligado por mil lazos a los negocios ilegales.
Hasta el día de hoy, en sus filas revisten miles de represores que actuaron durante la última dictadura militar. Su historia reciente muestra el marcado “hábito” del gatillo fácil. Las acusaciones de tortura y muertes en comisarías son una constante. El caso del joven Luciano Arruga, muerto por negarse a robar para la Policía, sirve de ejemplo de esa descomposición. No se trata, agreguemos, de un patrimonio de la “maldita Bonaerense”. Los ejemplos de Santa Fe y Córdoba ilustran también la descomposición completa del aparato represivo.
El Servicio Penitenciario evidencia a cada momento su carácter clasista. Un sistema que llena las cárceles de hijos del pueblo trabajador y los sectores populares, mientras se convierte en una verdadera “puerta giratoria” para empresarios y sectores ligados a los mismos o a la industria del narcotráfico. La fuga de los acusados del triple crimen lo evidencia mejor que nada.
María Eugenia Vidal anunció ayer el reforzamiento de ese aparato, aumentando el número de cárceles y el presupuesto para represión. Habló en su intervención de limitar el hacinamiento. Un toque de “humanitarismo” para justificar convertir la provincia en una sola celda.
Pero el SPB y el conjunto del sistema carcelario no pueden ser reformados, como ya lo evidenciaron las impotentes purgas llevadas a cabo por todos los gobiernos en los últimos 30 años. No puede ser reformado porque se trata de un mecanismo inherente a una sociedad clasista.
La inmundicia que crece en el seno de las fuerzas de seguridad demuestra que son irreformables, son los responsables de la gran industria del delito al que está subordinado el “pequeño delito” al que se persigue a rabiar. El “cualunquismo” que dice que los presos “entran por una puerta y salen por la otra”, demuestra su falsedad o media verdad. Mientras la población carcelaria venida de los sectores populares sufre el hacinamiento, las torturas y la represión; quienes están ligados al poder político y al narcotráfico entran y salen por la misma puerta.
Eduardo Castilla
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